Hasta no hace mucho, este humedal y su ecosistema asociado se mantenían en equilibrio con la actividad humana. Rodeado de una agricultura minifundista y adaptada al entorno y un casi inexistente turismo, el Mar y su cuenca reabsorbían sin mayor problema, toda huella de la actividad humana.
Pero, en la década de los 60 del pasado siglo, comenzó la ruptura de este equilibrio con el impulso de una agricultura intensiva gracias a la llegada del agua del Trasvase Tajo-Segura, lo que supuso un aumento exponencial de la producción agrícola, a costa de la sobreexplotación de acuíferos, de recursos naturales del entorno y del vertido descontrolado de residuos.
Este auge coincidió en el tiempo con el despegue de otra industria que, como la agroindustria, aún sigue en un alocado incremento de actividad sin mirar las consecuencias medioambientales: el turismo de masas, el cual trajo consigo una intensa actividad urbanizadora, que vendía el sueño de la posesión de una segunda residencia como acceso a la incipiente clase media. Un sueño que se ha traducido en derroche de recursos y en una ingente producción de basuras y desechos.
Esto es posible porque el modelo socioeconómico vigente ha asentado, muy fuertemente, en el pensamiento social mayoritario que no importan cuantos recursos sean necesarios, ni cómo se consuman, o qué efectos colaterales conlleven mientras de ello se obtengan beneficios económicos, con la falaz máxima capitalista de que así se crea riqueza colectiva.
Así, con esta visión cortoplacista, el ecosistema de la cuenca del Mar Menor ha tenido que soportar, entre otras agresiones, el aumento incontrolado de superficies cultivables por medio de la roturación de vastas extensiones de tierra, con técnicas de nivelación y adecuación de terrenos para que se drene directamente hacia la laguna, a la par que se eliminaban los filtros y barreras presentes en el medio natural que la agricultura tradicional había respetado. La instalación de puertos deportivos sobre el espacio marítimo, construidos bajo la premisa de procurar una mayor rentabilidad turística, y el aumento de la superficie dedicada a paseos marítimos, para los que, si era necesario, se usurpaban terrenos propios de la costa, trajo consigo la consiguiente alteración de los flujos naturales de las corrientes marinas y ciclos biológicos relacionados.
Siguiendo en la filosofía del “negocio igual que siempre” las propuestas de solución se basan en huidas hacia adelante, minusvalorando en un principio el problema o sus orígenes; luego proponiendo irreales y costosas soluciones de ingeniería o trasladando el problema de vertidos a otros entornos naturales.
Esta situación, que venía mostrándose de forma “anecdótica” mediante anómalos colores verdes, producidos por la eutrofización tras los vertidos de nitratos y otros elementos desde la agroindustria, se evidenció trágicamente al producirse la anoxia masiva de miles de peces y otras especies.
En apenas 60 años, hemos llevado a este pequeño mar de ser un paraíso, a estar al borde del colapso.
Solo tras la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular se ha conseguido forzar una ley de protección del Mar Menor, que ha llegado tarde y con muchas deficiencias.
Ante esta continua dejación de los sucesivos gobiernos regionales y locales, y frente a la continua presión de los grupos de poder para evitar poner en marcha medidas de protección que limiten sus beneficios, se constituyó la plataforma ILP Derechos para el Mar Menor,que lanzó la Iniciativa Legislativa Popular para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca. Con el convencimiento de que solo dotando a este pequeño mar de personalidad jurídica propia, se puede obligar a los poderes públicos a su conservación, ya que, de salir adelante, cualquiera puede exigir en nombre de la laguna la defensa de sus derechos.
Como rasgos más destacables de la iniciativa destacamos:
Una gobernanza autónoma de la laguna como ecosistema merecedor de protección en sí mismo, pasando de mero objeto de protección a ser un sujeto inseparablemente biológico, ambiental, cultural y espiritual.
Se reconoce al Mar Menor y su Cuenca los derechos a la protección, conservación, mantenimiento y en su caso restauración a cargo de los gobiernos y los habitantes ribereños.
Se creará una tutoría y representación legal de la laguna que contará con un representante de la Administración Pública y un representante de la ciudadanía de la comunidad ribereña, una Comisión de seguimiento y un Comité Científico asesor.
Cualquier persona física o jurídica está legitimada a la defensa del ecosistema del Mar Menor en los tribunales.
Respondiendo al llamamiento que nos hacían nuestros compañeros/as de Intersindical Región Murciana, uno de los grupos promotores de esta ILP, hemos decidido desde STECYL-i apoyar esta iniciativa y por eso pedimos desde aquí a las y los lectores de este medio sumar su firma. Para ello contáis con pliegos de firmas que podéis encontrar en nuestras sedes. Asimismo os animamos a difundir en vuestros centros de trabajo. La ILP cuenta con una página web: https://www.marmenorpersona.legal/p/informacion-legal.html en la cual podéis encontrar más información detallada sobre los pasos que se están dando para que la iniciativa llegue hasta el Congreso de los Diputados. Contamos de plazo hasta finales de julio. Anímate. (Jose Miguel Riquelme (IRM) Javier Rodriguez (STACYL).
Varios estudios muestran que los trabajadores colaborativos reciben escasa remuneración, al menos en comparación con los ingresos habituales en los países industrializados (Felstiner, 2011; Bergvall-Kåreborn y Howcroft, 2014).
Perspectiva general
Cabe
decir también que el 75 por ciento de los trabajadores colaborativos
de los Estados Unidos gana menos que el salario mínimo federal
por hora. De hecho, el bajo nivel de ingresos puede
atribuirse en parte a la considerable cantidad de tiempo que los
trabajadores dedican a realizar trabajos no remunerados como buscar
encargos, realizar pruebas para obtener certificaciones e investigar
a los clientes para garantizar que pueden confiar en que les pagarán.
En una semana típica, los trabajadores realizaban un promedio de
24,8 horas de trabajo, de las cuales 18,6 horas se dedicaban a
trabajo remunerado y 6,2 horas a trabajo no remunerado. Esto
significa que por cada hora de trabajo remunerado, los trabajadores
dedicaban 20 minutos a trabajo no remunerado.
En
consecuencia, y dado el bajo nivel de remuneración, no resulta
sorprendente que solo una pequeña proporción de los trabajadores
afirme que realiza contribuciones a la seguridad social o a un fondo
de pensiones. De un total de 56 por ciento de los trabajadores que
declara que el trabajo colaborativo es su empleo principal, solo
el 55 por ciento afirma que tiene acceso a cobertura
sanitaria, y solo el 24 por ciento realiza contribuciones a un seguro
de salud.
Las
proporciones son aún más bajas en relación con las pensiones: solo
el 25 por ciento de los trabajadores tiene acceso a un plan de
pensiones, y solo el 15 por ciento hace contribuciones a un fondo de
pensión. Hay variaciones regionales. Los trabajadores de Europa
Occidental, por ejemplo, tienen una mejor cobertura que los de Europa
del Este, Asia, África y América Latina (Rani y Furrer, de próxima
publicación).
Muchos
de los trabajadores de las plataformas no están afiliados a la
seguridad social y no disponen de condiciones sanitarias adecuadas y
de seguridad en el trabajo, a pesar de que estos derechos se
consideran, derechos fundamentales y están consagrados en las
legislaciones nacionales, en los Tratados, en la legislación europea
y en las normas internacionales de la OIT. La crisis pandémica
actual pone de manifiesto la importancia de la seguridad social en
las sociedades democráticas, ya que estos sistemas han soportado las
rentas de una parte importante de la población y, al mismo tiempo,
quienes no están incluidos en dichos sistemas han sufrido un aumento
de su vulnerabilidad social y sanitaria.
La
complejidad de las plataformas, la ausencia de una terminología
normalizada y la falta de información estadística dificultan las
estimaciones sobre sus dimensiones y su crecimiento. La OCDE afirma
que, en todos los estudios, el peso del trabajo en las plataformas
respecto de la mano de obra total se sitúa en un porcentaje que
oscila entre el 0,5 % y el 3 %.
En un conjunto de dieciséis países europeos, apenas el 1,4 % de la
población adulta entre 16 y 74 años tiene como principal actividad
el trabajo en plataformas (varía desde el 0,6 % en Finlandia hasta
el 2,7 % en los Países Bajos).
Aproximadamente un
11 % de la población adulta ya ha prestado algún servicio en
plataformas, lo que da idea del extraordinario nivel de rotación de
personal.
En
el trabajo de las plataformas existe una dimensión de género y una
dimensión de edad. En general, los hombres predominan en los
servicios relacionados con el desarrollo de software y la prestación
de servicios de transporte; las mujeres dominan en las tareas
relacionadas con la traducción y los servicios prestados en el
sitio; los jóvenes están relativamente más sobrerrepresentados en
las plataformas, sobre todo aquellos de los que más del 50 % de sus
ingresos procede de las plataformas o que trabajan en ellas más de
veinte horas por semana.
Un estudio realizado por la EU-OSHA indica que el trabajo en plataformas presenta mayores riesgos tanto desde físicos como sociales, como la inseguridad laboral, la exposición a riesgos diversos (accidentes de tráfico, productos químicos, etc.), riesgos específicos de la actividad en línea («ciberacoso», trastornos posturales, fatiga ocular y estrés derivado de varios factores). En la dimensión «relaciones sociales»: La flexibilidad y la fragmentación hacen que resulte muy difícil identificar, organizar y representar a los trabajadores que trabajan de forma no convencional. A ello se añade que el trabajo en plataformas es, por naturaleza, solitario, geográficamente disperso, con un alto grado de anonimato y un alto nivel de rotación de trabajadores, quienes compiten entre sí y trabajan también en otras plataformas. En general, las plataformas no asumen la función de empleador y no están afiliadas a las asociaciones de empresarios, lo que deja a sus trabajadores, a los sindicatos y a los responsables políticos sin un interlocutor con el que negociar.
El
caso Amazon
No
para de crecer, ni de ampliar los sectores en los que interviene,
desde la producción propia, tanto de productos básicos, como
videojuegos y cine para su plataforma Prime Vídeo, servicios
informáticos en la nube, alimentación,
incluida la fresca, servicios
sanitarios,
etc., llegando hasta tener sus propias plantas de energías
renovables.
Su objetivo es simplemente abarcarlo
todo: una terrorífica distopía.
Se ha convertido así, y de momento, en la
tercera empresa más valiosa del mundo por
capitalización bursátil.
Durante la pandemia, la cifra de ventas de Amazon ha aumentado un 37%, hasta los 386.064 millones de euros. El año anterior a la pandemia, Amazon ganó 13.976 millones de dólares y solo pagó 881, un 6,3% del total. Pese a ser el nuevo líder del comercio online en el Estado español, la cantidad de impuestos que Amazon paga a la Hacienda española es ridícula: Más concretamente: de cada cien euros que Amazon gana en España, paga 0,1 céntimos en impuestos. Para ello usan un sistema de filiales cuyo cliente principal es Amazon. Mediante un sistema de ingeniería fiscal, el total de ventas y los márgenes de beneficios obtenidos por la multinacional en España se desvían completamente a la sede de Luxemburgo, ya que este país ofrece toda una serie de ventajas para las rentas por royalties u otros derechos de marca. Gracias a ello en 2020 solo pagó un 7,08 de sus beneficios mediante impuesto de sociedades.
La
firma suele vigilar con mucha atención las acciones de los
trabajadores que quieren sindicarse. En los últimos meses y con el
agravante de la crisis del coronavirus, la multinacional está
interfiriendo cada vez con mayor intensidad en los movimientos de sus
empleados. El ejemplo más destacado es Estados Unidos. Allí, la
compañía ha conseguido acabar con los principales sindicatos. De
hecho, en marzo y en abril, durante los peores meses de la pandemia,
se convocaron manifestaciones
contra la compañía por
despedir a un gran número de trabajadores que habían denunciado
públicamente las condiciones tanto de seguridad como de salud en las
que se encontraban. Esto llevo a su vicepresidente del Servicio de
Computación en Nube, Tim Bray, a abandonar su cargo, consternado
por el hecho de que Amazon
hubiera despedido a trabajadores que lo único que hacían era
alzar la voz ante
su preocupación por la covid-19.
Aunque
la situación en Europa es algo más favorable, los recelos de la
compañía a que sus asalariados se unan para pedir derechos
laborales siguen estando presentes. Recientementese
han filtrado una serie de informes confidenciales del gigante
tecnológico que revelan
el continuo seguimiento de los movimientos de los
trabajadores destinados
a crear o a unirse a sindicatos. Y no solo a sindicatos, también a
movimientos sociales o medioambientales. Estos documentos fueron
elaborados por expertos de Inteligencia de Amazon que trabajan para
Global Security Operations Center. Estos profesionales se dedican a
monitorizar la actividad sindical y laboral de
los trabajadores de Amazon en toda Europa. Este seguimiento llega al
nivel de recopilar la actividad de losempleados
en redes sociales. Sindicatosde
toda Europa hanemitido
una carta a la Comisión Europea solicitando
una investigación al
gigante tecnológico por estos supuestos casos de vigilancia.
El caso más impactante es el de Reino Unido, donde la empresa directamente amenazó con llevar a los tribunales al sindicato británico GMB por intentar acceder a las instalaciones de Amazon para conseguir afiliados.
En
Polonia, la situación es similar. Allí el sindicato Iniciativa de
Trabajadores denunció que la firma había aplicado medidas
disciplinarias contra sus miembros. Una mujer, por el hecho de
reclutar a sindicalistas en horas de trabajo, fue amonestada. En ese
país también se ha producido una vigilancia «obsesiva»
por parte de la firma. La multinacional contrató
a detectives de la agencia Pinkerton,
cuya empresa matriz es Securitas.
En
Francia, el sindicato Solidaires también denunció las prácticas de
Amazon que vulneraban los derechos de los trabajadores y reducían su
protección frente a la covid-19. Los tribunales franceses obligaron
a la empresa a
aumentar los protocolos de seguridad laboral y sanitaria.
Los
almacenes españoles son objeto de vigilancia, igual que los de
Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Polonia, Austria, la
República Checa y Eslovaquia. Ahora mismo, la empresa tiene abierto
un proceso
de selección para antiguos “líderes militares” españoles,
a los que enseña a convertirse en directores de operaciones.
En
España, los sindicatos del almacén de San Fernando de Henares
(Madrid) llevan años batallando para que no se les imponga el
convenio sectorial, peor que el convenio de empresa que tuvieron
hasta 2018.
La firma comercial decidió introducir varios cambios en las
condiciones laborales de la plantilla y aplicar un convenio
provincial que suponía menos
aumentos salariales, menos coberturas por baja laboral y
discriminación salarial entre
trabajadores. Por ello se convocó una huelga de 48 horas..
Amazon respondió pretendiendo que la policía entrara en el centro
para sabotear la huelga.
En
el aspecto medioambiental la era de las entregas instantáneas es
también la de la huella sobre el futuro del planeta. Una entrega a
la primera tiene un coste aproximado de 277 gramos de CO2
equivalente. Si la entrega es a la tercera, se supera el kilo. Sólo
en una ciudad como Coruña, la empresa realiza 4.000 entregas
diarias. Por último, la economía de escala de la compañía supone
que sea más barato destruir que gestionar devoluciones. El canal
francés canal M6 reveló en una investigación que la multinacional
incinera o arroja a vertederos tres millones de objetos devueltos
cada año.
Por todo esto podemos decir que el comercio
online,
de forma contraria a lo que muchos pueden pensar, contribuye
de forma enorme a la crisis climática.
La enorme huella de carbono que genera Amazon alcanzó en 2018 casi
45 millones de toneladas de dióxido de carbono, similar
a las que emiten países como Suecia, Ecuador o Bulgaria.
Sin
duda Amazon es consciente de que cada vez es objeto de mayores
críticas, sin embargo, sería de ingenuos pensar que esto va a
cambiar su forma de actuar. Asi pues recurre a campañas de
greenwashing, como la puesta en marcha de un sistema de donaciones
contra el cambio climático con lo que se viste de verde y
desculpabiliza a la clientela o campañas de socialwashing,
como la actual campaña de donaciones “Un
clic para el cole”,
con la que la compañía dona parte del beneficio que obtiene de la
venta de libros escolares a centros educativos adscritos, a la vez
que se hace con ese mercado frente a las pequeñas papelerías de
barrio. Así, Amazon aprovecha la falta de financiación de la
educación, entre otras cosas, consecuencia de la baja tributación
de grandes empresas como la compañía de Jeff Bezos.
El
caso Glovo
El
problema con Glovo es el modelo que está tratando de normalizar en
la sociedad y la economía, aunque Glovo no es la única compañía
que está “revolucionando” una industria, son parte de una
tendencia global encabezada por Uber, Airbnb, Amazon Flex, WeWork y
docenas más como ellos. Estas empresas forman parte de una nueva
tendencia, en la que los trabajadores son contratados como autónomos
en lugar de empleados, y son administrados por una aplicación en
lugar de un jefe. Son parte de una nueva evolución del capitalismo
que se ha convertido en la tendencia de negocios de más rápido
crecimiento en Estados Unidos. Allí, este tipo de “plataformas”
funcionan en casi todos los sectores imaginables. Camioneros,
servicios de limpieza, taxi, compras de comestibles y casi cualquier
cosa que pueda imaginar ahora se hace usando estos servicios.
Estas empresas han encontrado un vacío legal que crea una dinámica de poder totalmente unilateral entre ellos y sus trabajadores. En los trabajos tradicionales, la fuerza laboral disfrutaba de una cierta cantidad de poder de negociación, un poder que fluía naturalmente de las cualidades fundamentales de las empresas que generaban su propio valor. Las industrias mejor sindicadas han sido aquellas en las que los empleados se congregaron en lugares específicos, se beneficiaron del recurso legal de las leyes de negociación colectiva y, lo que es más importante, compartieron fuertes lazos sociales fuera del lugar de trabajo que incentivaron el comportamiento cooperativo.
Glovo,y
compañías de este tipo, han creado una situación en la que ninguno
de esos factores existe. Se incentiva a competir unos contra otros a
través de puntuaciones que dictan cuándo se puede trabajar y cuánto
trabajo se tiene durante los turnos. Para empeorar las cosas, no hay
un lugar de reunión central. Los compañeros de trabajo solo se
encuentran en las áreas de espera de los restaurantes que no pueden
hacer una hamburguesa en menos de una hora.
En
Glovo, la mayoría no tienen otro trabajo al que recurrir, y algunos
trabajadores llevaban desempleados años antes de convertirse en
mensajeros. A nivel estatal, uno de cada cinco empleados de la
economía digitalhabía
sufrido un largo período de desempleo.
Para
Glovo y todas las demás empresas basadas en aplicaciones, casi no
hay costes reales. Después de realizar la aplicación, Glovo solo
necesita unas pocas ubicaciones físicas dispersas. Ha externalizado
su fuerza de trabajo para evitar el pago de seguridad social, no
posee motocicletas, bicicletas o automóviles, ni un gran edificio de
oficinas. Glovo, en cierto sentido, no existe en el mundo real. Todos
los gastos que una vez fueron asumidos por una empresa de entrega con
una ubicación física y empleados remunerados, ahora son asumidos
por la fuerza laboral contratada o por la sociedad en su conjunto. Si
la bicicleta se rompe, es el trabajador quien debe pagar por
arreglarla. Si un automóvil atropella a un trabajador, sin un
seguro real, es el sistema sanitario público quien paga su atención.
Si enferma o tiene un hijo, Glovo no tiene la responsabilidad de
conceder un permiso retribuido. Glovo ha externalizado todos los
gastos asociados con el traslado de alimentos de un lugar a otro,
solo paga por su aplicación, sus servidores de datos y los pedidos
completados. Todos los demás gastos se cargan en su fuerza laboral y
en la sociedad. Pero las ganancias son solo para Glovo.
¿Y
ahora,qué?
Se ha anunciado hace escasas fechas por parte del Ministerio de Trabajo, dentro de la conocida como “Ley Rider” que las empresas de plataforma tendrán que hacer pública y dar toda la información necesaria a sus empleados sobre sus algoritmos, de acuerdo a la modificación del artículo 64 del ET: “El comité de empresa tendrá derecho a ser informado y consultado por el empresario sobre aquellas cuestiones que puedan afectar a los trabajadores, así como sobre la situación de la empresa y la evolución del empleo en la misma, en los términos previstos en este artículo”. La “Ley Rider” no regulará las plataformas ,sólo la laboralización de una parte de las trabajadores, mediante fórmulas matemáticas. El alcance de esta norma será para todas las plataformas, que también utilicen algoritmos y otras tecnologías para organizar el trabajo ,más allá de las que se dedican al reparto de comida. Actualmente, son algoritmos los que deciden el reparto de pedidos entre los riders, sus bonificaciones, penalizaciones y otros aspectos fundamentales de su trabajo sin que el empleado tenga conocimiento de cuáles son los motivos o fórmulas para ello. Todo esto llega gracias a quienes se han dejado el pellejo en huelgas, manifestaciones y más de 44 victorias judiciales, como muy bien se indica desde Riders x Derechos.Sin embargo, la norma se queda corta puesto que no ataca frontalmente el fraude de los falsos autónomos, que en España son más de 500.000.Y es que si no le paramos los pies a este modelo los derechos laborales desaparecerán tal como los conocemos: ni salario mínimo, ni vacaciones, jornadas sin máximo de horas como ocurría hace más de un siglo o pensiones de miseria. (Javier Rodríguez).
Fuente:
Comisión Mundial sobre el futuro del Trabajo. OIT.
«Policy responses to new forms of work. International
governance of digital labour platforms» [Medidas
de política para responder a las nuevas formas de trabajo:
gobernanza internacional de las plataformas de trabajo digitales],
abril de 2019.
Fuente:
CESE (Comité Económico y Social Europeo)
Fuente: Publico.es (El lado oscuro de los derechos laborales de Amazon que no se ve en el ‘Black Friday’)
El pasado 12 de febrero, con motivo de la inminente campaña de matriculación escolar, las AMPAs de los centros de educación públicos salmantinos, representadas por FEDAMPA, solicitaron permiso a la Dirección Provincial de Educación de Salamanca para instalar estos carteles en el exterior de sus centros, con el consentimiento del propio centro
Pancarta de la polémica
La respuesta llegó pronto vía telefónica el día 15: NO se pueden colocar estos carteles en el exterior de los centros. ¿La razón? Una clarísima normativa, que no debía ser tan clara cuando las autoridades competentes hubieron de elevar la solicitud a los Servicios Jurídicos de la Junta para obtener una respuesta por escrito, con una base jurídica de interpretación dudosa cuando menos, apoyada por tres sentencias del Tribunal Constitucional y otra del Tribunal Supremo, dos de ellas de casos de terrorismo, una de asesinato y una cuarta acerca del “Procés” catalán. Las comparaciones son odiosas, y algunas, incluso, deleznables.
Hay más en esa respuesta escrita: acusa a las AMPAs de defender intereses “particulares”. Esto nos deja claro -por si todavía alguien tenía alguna duda- que para ellos, la educación pública es un interés “particular”, confundiendo el carácter jurídico de las AMPAs con la finalidad de las mismas. Somos entidades privadas, pero no por gusto, sino porque estamos en un limbo todavía no resuelto, y probablemente ese sea el gran problema que subyace.
Y es que la indignación de las familias no es por un cartel, ni tampoco es específicamente contra la Dirección Provincial de Salamanca ni contra su director provincial, al que consideramos una persona dialogante y trabajadora, que imaginamos tendrá que barajar presiones de arriba y también de abajo. Pues no: no es porque no dejen a las familias poner un cartel que defiende lo que debieran defender ellos como Administración Pública y sentirse orgullosos. Ni porque les avisáramos en mayo de que en septiembre tendrían que tenerlo todo preparado y no lo tuvieron; ni porque no lo vayan a tener para el septiembre próximo -por si tienen dudas, la Consejería de Educación ya sabe que en septiembre no va a haber COVID, porque piensan iniciar el curso (contrataciones, matrículas) como uno más-; ni porque decidieran unilateralmente adelantar las fechas de matriculación para no aplicar la LOMLOE, perjudicando a los centros públicos; ni porque este curso hayan adelantado también las fechas para la elección de directores de centro con el mismo fin. Tampoco porque Castilla y León tenga una de las EBAU más complicadas de todo el territorio nacional, complicando el acceso a la universidad a nuestros hijos; ni porque tengan la intención de sustituir las cocinas in situ por “línea fría”; ni porque, por sistema, tarden diez o quince días en sustituir profesores; ni siquiera porque a los centros concertados les permitan casi todo lo que a la pública le está vetado, y este es un caso más que evidente, aunque no el único ni el más grave.
Tampoco es porque, cuando llegó la pandemia, saltaran todas las costuras del sistema educativo y se vieran sus muchas deficiencias, desvelando, más claramente que nunca, que los padres y madres son también profesores, cuidadores, monitores de actividades, encargados de comedor, pedagogos terapéuticos, enfermeros y hasta personal de administración y servicios. Y decimos “desvelando”, porque LAS FAMILIAS llevan siendo todo esto y más desde el principio de la edad escolar de nuestros hijos e hijas.
Por otro lado, si la escuela está derrotando a esta crisis es precisamente porque familias, equipos directivos, profesores, alumnos y personal de la Administración, han demostrado que están unidos más allá de las discrepancias y las dificultades, y desde luego hay que agradecer a todos su cooperación y mucho esfuerzo para que nuestros centros funcionen, y funcionen bien. Porque la escuela pública es patrimonio de todas las personas y familias, absolutamente de todas, incluidas de las que ahora están en la escuela concertada: es un bien común, no un interés privado ni particular, ni siquiera de un colectivo específico.
Las AMPAs no son unas entidades privadas cualesquiera; su existencia está íntima y exclusivamente ligada a los centros educativos a los que pertenecen y es la propia Ley Orgánica de Educación la que las incluye en el órgano superior de gobierno de estos centros, es decir, en el Consejo Escolar. Es más: es esa ley de educación la que insta a las administraciones educativas a fomentar “la participación de alumnado, profesorado, familias y personal de administración y servicios en los centros educativos” y también que “A fin de hacer efectiva la corresponsabilidad entre el profesorado y las familias en la educación de sus hijos, las Administraciones educativas adoptarán medidas que promuevan e incentiven la colaboración efectiva entre la familia y la escuela” (LOMLOE, art. 18.3 y 4), idea presente tanto en la LOMLOE como en la LOMCE. Hasta en 35 ocasiones aparece la palabra “familia” en la Ley Orgánica Educativa. En el preámbulo de la LOE encontramos frases como esta: “Las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros docentes”; En el artículo 119.4, “Los padres y los alumnos y alumnas podrán participar también en el funcionamiento de los centros a través de sus asociaciones. Las Administraciones educativas favorecerán la información y la formación dirigida a ellos.”; el RD 1533/1986, la ORDEN de 20 de julio de 1995… Y podríamos seguir hasta el infinito enumerando artículos y normativas completas que así lo señalan.
Entonces… ¿Cuál es el motivo?
El motivo de nuestra indignación es, prioritariamente, el incumplimiento de estas leyes y normas por parte de la administración de la Junta de Castilla y León. Aunque existen unos supuestos foros donde las familias podemos ser oídas, como el Consejo Escolar de Castilla y León, o las diferentes Comisiones provinciales de Escolarización, Transportes o Comedores, la realidad es que son meras formalidades para cubrir el expediente y “lavarse la cara” al respecto, pues las decisiones relevantes -y las no tan relevantes- ya las ha adoptado la Administración sin consultar más que a sí misma. Se trata de impedir a las familias que participen en la elección de los directores de los centros; pintan poco o nada en la elección del sistema pedagógico; no pueden participar ni en la elección del tipo de comedor que atenderá a sus hijos e hijas; no pueden decidir sobre cuáles son las prioridades en materiales, instalaciones o las obras que son más necesarias… Nos tenemos que conformar con organizar actividades extraescolares o colaborar con los Planes Releo, e incluso ayudar económicamente en la adquisición de materiales o en reparaciones -para eso venimos muy bien- y dar las gracias si resuelven algún problema.
Lo que las familias quieren es que la participación y la corresponsabilidad a la que obliga la legislación educativa se haga realidad y, que no se queden en mera apariencia ¿Y cómo? Instrumentos ya existen, pero ¿cómo afirmar que la administración cumple con su obligación de fomentarlos y ponerlos a funcionar cuando NI SIQUIERA PERMITE A LAS FAMILIAS FORMENTAR LA ESCUELA PÚBLICA?
Tenemos a nivel provincial, por ejemplo, una Comisión de Participación Educativa que es actualmente una mera formalidad para cubrir un expediente, en la que supuestamente nos encontramos administración, familias, profesorado y alumnos. Es fácil. Dótenla de contenido y pónganla en marcha con intención de sacar algo positivo de ella.
El otro motivo es el apoyo descarado y cada vez menos disimulado de la Administración de la Junta a la educación privada concertada frente a la pública. Y esto lo revelan los datos tanto de número de alumnos como de carácter económico. Cada vez hay más centros públicos vacíos o “centros guetto”, y la concertada cada vez más llena. Si los “gestores” de lo público aplicaran a sí mismos ese raciocinio economicista con el que tanto gustan argumentar, debieran ser despedidos de inmediato por los nefastos resultados de la “empresa” que manejan.
Y nos queda el por qué y es simple: porque no interesa. En vez de fomentar la escuela de cercanía y la inclusión, fomentan la segregación y la competencia, incluso entre los propios centros públicos. Nos venden que esta competencia exacerbada redunda en una mejor calidad, pero no es cierto. La colaboración, el trabajo en equipo, la solidaridad, la creación, en definitiva, de más SOCIEDAD es lo que nos hace mejores personas y más competentes, y no el ser más “competidores”. Pero una sociedad organizada, colaborativa, crítica y formada por ciudadanos conscientes es incómoda para cualquier gobernante mediocre, que confunde autoridad con autoritarismo.En definitiva, para estructurar la participación de las familias en la educación existen las AMPAs, sí, pero hay que otorgarles una consideración diferente, ponerlas en valor y conferirles las atribuciones para las que realmente se crearon, porque las familias forman parte de la Comunidad Educativa, y no por capricho de nadie, sino porque lo dice LA LEY, así que justo es que, como parte de del sistema educativo, participen de él y en él. Pónganse a la labor, señores políticos de la Junta de Castilla y León.
La pandemia de coronavirus que ha asolado todo el planeta ha impactado directamente en el sistema educativo. La información sobre la propagación de la COVID 19 obligó a repensar cómo debían desarrollarse las nuevas clases.
Este curso no ha dado comienzo como otros cursos el 1 de septiembre, empezó cuando el curso 2019/20 daba sus últimos coletazos. Un curso que finalizaba desde las casas y no desde las aulas. Nuestro alumnado no volvió a los centros para acabar sus actividades lectivas, el profesorado volvió únicamente para firmar documentos y, dependiendo de la organización del centro, para algún claustro o reunión presencial que desde STECyL-i denunciamos.
La única novedad que propusieron en el mes de junio las administraciones educativas fue el uso obligatorio de mascarilla en las aulas, siempre que no se pudiese guardar la distancia de seguridad de 1,5 m.
En julio la Consejería planteó mínimas modificaciones en las ratios para no sobrepasar los 25 alumnos o alumnas en las aulas, aun estábamos contando con que el uso obligatorio de mascarillas permitiría tener ratios más numerosas.
Los equipos directivos empezaron el curso 2020/2021 con una total falta de información sobre lo que se nos venía encima. La elaboración de documentos y la organización de los centros se alargó hasta finales del mes de julio y en muchos casos siguió en agosto. Los cambios en la normativa estatal y de nuestra comunidad dieron al traste con muchas de las cuestiones planificadas que hubo que rehacer, volver a calcular distancias y diseñar espacios educativos. Mucho trabajo ya hecho tuvo que rehacerse y modificar documentos y espacios.
Como sabemos tanto el uso de mascarilla en todas las aulas como la distancia de seguridad de 1,5 m se hicieron obligatorias (excepto en los grupos estables de convivencia) lo que implicó, en la primera semana de septiembre, desdoblar más grupos en colegios e institutos y buscar espacios alternativos a los ya previstos. Desaparecen las bibliotecas, aulas de convivencia, aulas de desdoble de idiomas, laboratorios… la COVID 19 modifica todos los espacios.
Nuestra valoración del inicio de curso es que se han ido haciendo las cosas muy tarde. La Consejería de Educación ha ido por detrás de las necesidades de los centros y ha sido gracias al esfuerzo de las y los docentes y los equipos directivos, que han estado trabajando todo el verano, que se ha podido empezar el curso cumpliendo con todas las normas de seguridad.
El estrés acumulado durante el confinamiento y el generado en este inicio de curso a contrarreloj ha supuesto un gran desgaste emocional entre nuestras compañeras y compañeros que desde la administración no han sabido ni querido recompensar. Los riesgos derivados de esta situación deben valorarse para evitar problemas mayores entre las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza, tanto personal docente como no docente.
STECyL-i durante todo el verano ha mantenido reuniones y acciones conjuntas con los sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial de Educación. Entendíamos que ante una situación crítica la unidad sindical era necesaria. Ante la administración hemos hecho planteamientos conjuntos y exigido un compromiso escrito de que se atenderían todas las necesidades de los centros y su profesorado.
Tras nuestra presión se fraguó un documento de bases para un acuerdo con el que entendíamos que la administración se vería obligada a poner los recursos necesarios para que este curso pudiese salir adelante.
El 5 de septiembre después de mucho trabajo de negociación por parte de los cinco sindicatos de Mesa Sectorial se plasmaron por escrito nuestras exigencias. Ha sido complicado firmar este acuerdo, pero queríamos un inicio de curso seguro y nos parecía fundamental poner de nuestra parte, y resolver todas las incidencias para el que el curso dure hasta junio.
La incertidumbre que genera el desarrollo de la pandemia nos hacía temer que el inicio del curso se saldaría con un gran volumen de contagios entre alumnado, profesorado y personal no docente. Gracias al esfuerzo hecho en los centros esto no ha sido así, aunque el seguimiento de los protocolos sea complicado y no homogéneo.
La Consejería de Educación no ha estado a la altura de las expectativas que pusimos ante un nuevo curso complejo y que nunca habíamos vivido.
•Las dificultades en el inicio del curso para la contratación de profesorado, que siguen en algunos casos.
•Las sustituciones que se realizan tarde y que cada vez son más numerosas por las cuarentenas de docentes que tienen que permanecer en sus casas.
• La atención al alumnado que es positivo o “contacto estrecho” que se ausenta de las aulas durante un periodo indeterminado de tiempo y que hay que evitar que se descuelgue. Una atención que no ha llevado aparejada una dedicación específica en el horario lectivo del profesorado.
•La dotación insuficiente de EPIs a todo el profesorado, sobre todo a quienes trabajan con alumnado no obligado a utilizar mascarillas.
•La prevención de los riesgos del profesorado considerado “especialmente sensible” y al que únicamente se le ofrece la alternativa de permanecer en los centros con equipos de protección (mascarilla FFP2 y pantalla facial) o la baja laboral, no existiendo la opción de realizar teletrabajo.
Otra cuestión de especial importancia en la seguridad de las aulas es la ventilación. Evitar que los “aerosoles” que pueden emitir personas contagiadas por COVID 19 permanezcan en las aulas y espacios cerrados de nuestros obliga a una ventilación sistemática. En el mes de septiembre y octubre se ha podido hacer sin mayores inconvenientes por las buenas temperaturas, pero se acerca el invierno y mantener esta rutina implica una bajada de las temperaturas de las aulas. Que las calefacciones de los centros mantengan temperaturas adecuadas implicará un incremento del gasto en este servicio y en las emisiones de CO2 a la atmósfera. Hemos demandado un uso de medidores de CO2 para las aulas que ayudaría a saber cuándo deben ventilarse y de qué manera.
Desde el final del curso pasado hemos mantenido 10 reuniones de Mesa Sectorial (2 y el 5 de junio, 6, 30 y 31 de julio, 28 de agosto, 1 y 11 de septiembre, 28 de octubre y 9 de noviembre). Además, hemos mantenido 5 reuniones de Comisión de seguimiento (7, 22 y 28 de septiembre, el 2 de octubre y el 28 de octubre). En todas ellas hemos exigido mejorar las condiciones de seguridad en los centros educativos, la mejora de las condiciones laborales de todo el profesorado, anticiparse a las dificultades y situaciones que vayan surgiendo. Planteamos nuestra queja ante los llamamientos telefónicos que se han producido y que generan desigualdad de condiciones y perjuicios al profesorado interino que ha tenido que elegir en AISI e incluso en AIVI plazas peores, de menos jornada o más lejos. Se había conseguido dar mayor transparencia al proceso y evitar problemas que sucedían cuando los llamamientos eran únicamente telefónicos. Seguimos pidiendo que se publiquen todas las sustituciones para dar transparencia y que se active la consulta online.
Actualmente desde la Plataforma sindical conjunta hemos propuesto un calendario de negociación que recoge las demandas y reivindicaciones que no se han logrado y además las cuestiones que nos ha traído la pandemia.
Mejora de la financiación educativa
El progreso del sistema educativo requiere una mejora radical de su financiación y el Estado tiene que comprometerse decididamente en ello. El Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 recoge una inversión de 5.697 millones de euros para el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) que incrementan en más de 139% respecto a enero de 2020, lo que supone el mayor incremento de la historia en el presupuesto para educación .
El reparto es el siguiente: 2.407 millones de euros se destinarán a políticas que promuevan la equidad, con un incremento de las becas y ayudas al estudio, la ampliación de la educación de 0 a 3 años y la prevención del abandono escolar temprano. La Formación Profesional contará con una partida de 1.628 millones, destinada a mejorar la calidad de la formación de los jóvenes y los trabajadores y se prevé una inversión de 1.018 millones para acelerar la digitalización del sistema educativo.
Desde STECyL-i hemos planteado a los sindicatos de la Plataforma sindical conjunta la necesidad de conseguir que los grupos políticos de las Cortes de Castilla y León blinden en los presupuestos el porcentaje destinado a Educación.
Por ello desde STECyL-i volveremos a pedir a la Consejera de Educación altura de miras para lograr un acuerdo de cofinanciación con el Ministerio de Educación y FP para revertir los recortes en Educación, volviendo a los horarios y condiciones laborales del profesorado anteriores a 2012 como se hizo con la LOE con los programas de cooperación territorial.
STECyL-i vuelve a reivindicar al gobierno de la Junta de Castilla y León responsabilidad ante el necesario consenso sobre las políticas educativas y la recuperación del presupuesto educativo. Seguiremos trabajando para que la nueva ley de educación incorpore mejoras que hemos reclamado durante estos años para plantear alternativas y construir un modelo educativo comprometido con la escuela pública, desde el máximo consenso social y político desde un modelo inclusivo, buscando la complicidad e ilusión de los profesionales, y contando con los demás sectores de la comunidad educativa.
STECyL-i exige una verdadera apuesta por la transparencia. La opacidad con la que se está actuando con falta información sobre la implantación de las diferentes medidas, sobre la realidad de los contagios en los centros o sobre las sustituciones del profesorado. Sabemos que la situación es excepcional por la pandemia de COVID 19 que está afectando a muchos procesos, pero no por ello dejaremos de exigir a la administración educativa que se hagan las cosas bien. En estos últimos años gracias a la presión sindical se había conseguido dar mayor transparencia a los procesos y no vamos a permitir que con la excusa de la COVID 19 volvamos atrás.
Si uno pasea por la ribera del río Eo desde Ribadeo, por ejemplo desde su playa verde, o desde su puerto deportivo, o desde lo alto del viejo fuerte defensivo (hoy convertido en juguete para turistas) o atravesando el puente-autovía que vuela sobre su desembocadura en el Cantábrico, uniendo Lugo con Asturias, desde cualquiera de esas perspectivas, como digo, uno puede deleitar la vista con la encantadora estampa que ofrece, no muy a lo lejos, un llamativo pueblito de una belleza casi irreal: Castropol.
C
ontemplado desde cierta distancia, Castropol parece erguirse en un montículo sobre una islita asturiana, adelantándose entre las primeras aguas gallegas. Y sobre esa islita, vemos un encantador cuadro medieval presidido en su cima por una imponente torre que parece salida de un viejo relato legendario; más que un conjunto histórico, parecería que estamos ante el marco ideal para un cuento de hadas.
Ahora bien, esta apariencia mágica, este hechizo de historia, se desvanece cuando, al fin, los curiosos ponemos los pies en dicha población. Resulta que Castropol no es un pueblito (tiene más de 3000 habitantes), no está en una Isla, sino en la costa, y sus llamativos edificios no tienen nada de medievales, más bien son una aglomeración de diferentes épocas más recientes. Bonito, sí, mucho, pero nada que ver con la seductora propaganda que nos embriaga cuando lo contemplamos a distancia.
Por otra parte, un paseo por Castropol resulta una experiencia un tanto austera: pocos detalles nos invitan a quedarnos, escasa vida, silencio, grandes paredes en tonos pálidos…, como invitando a la presencia del fantasma de alguien que jamás existió.
Visto así, Castropol es la perfecta metáfora de la España que venden los nuevos salvapatrias de la derecha. Ya saben a quienes me refiero: señoritos con estética de foto de peluquería, dinerito en el banco y microdiscursos sospechosamente parecidos a la verborrea del NSDAP en su fase adolescente, es decir, cuando sus líderes eran casi unos imberbes.
Pues bien, Castropol es además el municipio donde el fanfárrico Ortega-Smith posee, no sin polémica, una propiedad nada desdeñable. No muy lejos del palacio (o palacios, según versiones) adquirido en 2017 por Víctor Madera, un humilde coleccionista aficionado, entre otras veleidades inmobiliarias, a la compra de viejos edificios y fincas con solera histórica y señorial, castillos incluidos, y que (redoble de tambores) resulta ser el “dueño ibérico” de QUIRÓN, la empresa con la que este médico asturiano orquestó y consolidó (imagino que no estaba solo) la privatización de la sanidad en el Madrid de la esperanza y los populares (“esperanza” con mayúscula y sin mayúscula, y lo mismo con “populares”) y, más tarde, en el resto del territorio nacional.
Uno no puede dejar de sospechar que este proceso, en cuya génesis se gestaron no pocos mercadeos entre diferentes empresas del ramo sanitario, por fuerza ha tenido que influir en las sangrantes carencias que hoy en día sufre nuestro sistema sanitario y que, en este año uno de la pandemia, han causado tantas desgracias.
Ahora (para los que lean esto en el futuro hablamos de septiembre y octubre) Quirón ha ofrecido test serológicos a los docentes de Castilla y León y de Madrid (ignoro si de más lugares), con cargo al presupuesto de la administración, es decir al bolsillo de los ciudadanos, o sea, de todos nosotros. En CyL se rumorea que entre Quirón y otra empresa se embolsarán 741OOO euros, sobre arriba sobre abajo.
Más rumores pecuniarios: según Forbes, la fortuna de nuestro protagonista ascendería a 700 millones de euros, 400 de los cuales formarían parte de sus acciones en Fresenius, la empresa alemana a la que acabó vendiendo Quirón hace tres años (2017, repetimos fecha) y que (¡también es casualidad!) ha sido denunciada en varios lugares (EEUU y España entre ellos) por practicar sobornos a empleados públicos. En EEUU parece ser que finalmente ha confesado aceptando pagar una multa de 231,7 millones de dólares a cambio de no ir a juicio en el país de la oportunidades.
En fin, privatización de los bienes comunes, ramalazos clasistas, germanofilia, secretismo y una interesante afición a adquirir palacios y castillos antiguos: no hay duda de que el perfil de este don Víctor serviría de modelo para un arquetípico villano de novela. Una novela que empezaría así: “Aquel día de Reyes de 1936….
El Pasado 5 de Octubre, “celebramos” el día de “la” Docente, siendo más honestas con el artículo, ya que son el 96,7% en educación infantil hasta el 41,3% en las universidades las mujeres que ocupan estos cargos. Y sin embargo, recordamos que la mayoría de cargos de dirección, inspección (…) están ocupados por hombres. ¿Cómo es posible que en un Centro donde la mayoría de trabajadores sean mujeres, estos puestos de responsabilidad y dirección los ocupen hombres? y lo terrible es que no sólo sucede en educación, en otras áreas como la sanitaria, sucede muy parecido, donde un 84,5% son mujeres y los cargos directivos o de mayor responsabilidad siguen recayendo sobre los hombres.
¿Es que las mujeres no estamos capacitadas, no somos racionales, objetivas o carecemos de dotes de mando?
Las políticas sociales y económicas que tenemos, hacen que la mujer considere desempeñar este cargo como un tercer empleo: casa, trabajo y dirección; por lo que normalmente lo desarrollan aquellas que no tienen hijos o éstos son mayores, limitando enormemente sus capacidades de desarrollo profesional.
Y cuando estas mujeres sortean el embrollo para conseguir realizar esta actividad, lo realizan por un corto período de tiempo, (mientras la situación personal se lo permita) en contraposición de los hombres que son los que realizan estas actividades directivas por un más largo período de tiempo.
Si bien el papel de las mujeres es importante, veámoslo a nivel mundial: la reciente pandemia de COVID-19 y el cierre de escuelas resultante afectaron directamente a 1.500 millones de estudiantes de todos los niveles y a 63 millones de docentes de la educación primaria y secundaria.
Y más allá de esta crisis, las docentes y los docentes del mundo han demostrado su liderazgo, fundamental en otras crisis como en los conflictos civiles, migraciones, el cambio climático y otras situaciones de emergencia, donde su práctica diaria, presencia y motivación repercute directamente sobre el alumnado.
La pregunta resulta más que evidente: si nuestra labor está más que justificada y nuestro trabajo está reconocido a nivel mundial por cualquier estado: ¿por qué nuestros derechos se recortan cada vez más, nuestra experiencia se reconoce cada vez menos, nuestra profesión devaluada y la inversión en educación es tan mínima que hace resulte muy complicado llegar a todo nuestro alumnado? La respuesta es el negocio de la enseñanza.
Desde 1985 se viene impulsando a la escuela concertada y adquiere un marco legal, desde entonces, han pasado gobiernos de todos los signos políticos y nadie ha hecho que esto cambie. Los recursos destinados a conciertos han crecido el doble que los destinados a los colegios públicos, la financiación de la educación concertada ha crecido el 24,4% en 10 años mientras que la pública ha aumentado el 2,3%, según datos del Ministerio de Educación.
La igualdad se ha convertido en una necesidad en estos momentos convulsos y las aulas el lugar donde conseguir que esto sea posible; aulas públicas, libres de segregación, interés religioso o motivaciones económicas; es por ello que pedimos un mayor respaldo económico a las autoridades, para evitar este abandono al que parecemos estar inmersas.
El inicio de curso 20-21 ha traído la vuelta a la actividad lectiva presencial, que no a la normalidad, a pesar de haber tenido tiempo durante el verano en el que nuestras autoridades educativas no han previsto una vuelta segura a las aulas.
El comienzo de curso ha sido caótico en general en toda nuestra comunidad, pero nos vamos a centrar en la situación particular que se ha vivido y se está viviendo en Segovia producto de lo cual ha surgido de manera espontánea la unión de la comunidad educativa en una nueva plataforma denominada “Educación pública y segura”.
Esta Plataforma tuvo su origen en un centro de secundaria y FP de Segovia capital, el IES Ezequiel González, que constituidos en asamblea de trabajadoras y trabajadores pensaron en extender sus planteamientos al resto de colectivos y organizaciones preocupados por la Educación Pública y de calidad.
Actualmente la componen centros de Enseñanzas Medias, de Primaria, AMPAS, asociaciones de alumn@s (precursores alumnos “Casa de los Picos”), el Foro Social, el Colectivo Republicano Antonio Machado y sindicatos de educación entre los que se encuentra el STE Segovia, CGT, CCOO y UGT.
Los principios que rigen a esta Plataforma son:
1. Enseñanza presencial con todas las medidas de seguridad, única que puede garantizar el Derecho a la Educación mejorándola y evitando la brecha social y educativa de la enseñanza online.
2. Disminución de las ratios, teniendo en cuenta el tamaño de las aulas de los centros, sobre todo en los Ciclos Formativos.
3. Urgente incremento del necesario número de docentes, personal de limpieza, administración y ordenanzas, y dotación de personal sanitario.
4. Urgente dotación, ampliación o creación de espacios para los centros.
5. Respeto del turno del día en el que se matricularon los alumnos.
6. Plan inmediato de construcción de instalaciones e infraestructuras.
“Si luchamos podemos perder, pero si no luchamos estamos perdidos”.
Nunca las mejoras, los cambios, las conquistas fueron regaladas; siemprevinieron de la mano de la movilización, la presión y la lucha. Por eso sabemos que solo la movilización, organización y unidad del conjunto de la comunidad educativa, con el apoyo de la sociedad, podrá arrancar estas mejoras tan necesarias.
Por ello, en este artículo queremos ser altavoz de estas justas reivindicaciones, y pedimos a todas las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza, estudiantes y familias a que se organicen en sus centros, que se asocien, que se reúnan, debatan, lleven a cabo acciones, y todos unidos den continuidad y eficacia a la lucha que esta Plataforma ha iniciado.
De nuevo, como cada cierto tiempo ocurre, se vuelve necesario defender la filosofía (y en este caso, la ética en particular) como parte esencial del currículo.
Los que nos dedicamos a esto ya estamos un poco cansados del cuestionamiento continuo de un conjunto de materias que parecen estar siempre amenazadas a pesar de que deberían constituir uno de los elementos vertebradores de la educación. Si uno se para a observar, por ejemplo, el currículo del Bachillerato Internacional, se da cuenta de que el cuestionamiento del conocimiento y el pensamiento crítico son el eje fundamental sobre el que se construye el mismo.
Sin embargo, las reformas educativas que se han realizado en los últimos años, que no han sido pocas, han puesto en el punto de mira una materia que según algunos es inútil. A pesar de lo que se pudiera deducir del acuerdo al que se llegó en 2018 por todos los partidos para restituir el estatus previo a la LOMCE a las materias del departamento de filosofía (algo aún insuficiente, pero la mejor situación en la que hemos estado hasta ahora), no parece que las cosas vayan a cambiar demasiado. La Red Española de Filosofía ha emitido un comunicado en el que se advierte y se critica que el PSOE y el PNV han votado en contra de este acuerdo dejando fuera del currículo la materia de ética de 4º de la ESO. ¿Cómo es posible que nos estemos planteando esto? ¿Hemos pensado hacia dónde queremos que vaya la educación? ¿Para qué estamos educando a las generaciones del presente, que serán las que eduquen a las del futuro?
LA URGENCIA DE LA SITUACIÓN
Desde la Ilustración, se descubrió el poder de la educación como mecanismo para la emancipación de los individuos (y como prerrequisito para la emancipación de las sociedades). Una sociedad libre solo es posible si está formada por individuos autónomos, capaces de tomar sus propias decisiones tanto a nivel personal como político-social. Kant hablaba de la minoría de edad (potencialmente permanente, es decir, que habrá siempre individuos que nunca llegarán a salir de ella, porque no es una edad solamente cronológica, sino que sobre todo depende de la voluntad, del Sapere aude, del atreverse a salir de ella) como un estado en el que nos es más cómodo que otros piensen por nosotros, que tomen las decisiones por nosotros.
En un mundo como el que vivimos, en una sociedad de la (des)información hipertecnologizada en la que a través de internet podemos acceder tanto a información privilegiada como a las más descabelladas ocurrencias sin que sea a veces fácil distinguir entre ambas, y en la que las noticias falsas hacen pensar a los gobiernos en crear Ministerios de la Verdad al más puro estilo orwelliano; en un momento de transición cultural, con un escenario político que cada vez prescinde más de la argumentación para centrarse en el ataque, con unos medios de comunicación, siempre fieles a quien los financia, que dan los hechos interpretados y reproducen el ambiente de polarización política a través de tertulianos que intentan derrotar al contrario interrumpiéndole constantemente, no dejándole hablar, utilizando toda la gama posible de falacias que recogen los tratados de lógica, en ocasiones llegando al insulto y a la agresión y, en definitiva, saltándose todas las normas de la cortesía lingüística que hace posible una comunicación productiva y racional; en un mundo como éste, decía, salir de esa minoría de edad se ha vuelto bastante complicado. La sociedad abierta de la que hablaba Popper cada vez tiene más enemigos. Últimamente se habla incluso de que la democracia como sistema político está en peligro, el ideal de la Ilustración de la paz perpetua amenaza con convertirse en una pesadilla de enfrentamiento interminable.
EL LUGAR DE LA FILOSOFÍA EN LA EDUCACIÓN
La educación es el antídoto contra la idiotez y la imbecilidad. La educación, la guía y el apoyo que los profesores damos a nuestros alumnos para que un día sean capaces de caminar solos es el único medio para que las sociedades abiertas sigan existiendo. Sin educación no hay democracia posible. Pero no cualquier educación. Si vamos a la RAE encontramos que, tras acción y efecto de educar, las siguientes acepciones son: crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes, instrucción por medio de la acción docente y, por último, cortesía, urbanidad. No creo que ninguno de estos significados sea en el que estaba pensando Mandela cuando hablaba de ella como el instrumento más poderoso para cambiar el mundo. La educación tiene que tener por objetivo la libertad y la responsabilidad (como primas-hermanas que son), la autonomía que viene tras la salida de la minoría de edad si damos el paso y nos atrevemos a pensar por nosotros mismos y a ser críticos con lo que nos rodea. Y he aquí otro concepto clave: la crítica. Algo que a veces suena a tópico cuando hablamos de filosofía. Pero la crítica está en el origen mismo del pensamiento filosófico y de nuestra civilización. La filosofía surge como un intento de combatir las respuestas dadas, cuyo único argumento es la autoridad, pero también, más tarde, las respuestas sofísticas y los razonamientos falaces. En nuestros días las cosas no han cambiado demasiado en este sentido: los sofismas y las “verdades” impuestas están por todas partes.
Sin embargo, y a pesar de ello, el sistema educativo tiene mucho de instrucción, demasiado. Aun cuando la UNESCO ha elaborado varios documentos resaltando la importancia del cuestionamiento y de la filosofía como medio para encauzarlo racionalmente, los espacios para ejercitar el pensamiento crítico y el aprendizaje de la autonomía dentro de la escuela no son muchos, y sin ellos, la batalla está perdida. No se dedica suficiente tiempo durante el período que dura la educación primaria y secundaria a algo tan importante. Y lo preocupante es que parece que no solo no se hace nada por evitarlo, sino que se intenta reducir esa posibilidad al mínimo. Si no dotamos al alumnado de armas para pensar autónomamente, podremos tener ciudadanos obedientes, pero no ciudadanos libres. La democracia es un sistema político que solo se sostiene si el dêmos está educado, es decir, sabe (realmente) lo que quiere, si piensa libremente y con criterio sobre lo que se le propone, si acepta o rechaza las decisiones políticas en función de sus propias convicciones maduradas y razonadas. Si no, la democracia deja paso a la demagogia, a la manipulación de las masas, a la persuasión más que a la convicción.
En 1999 Edgar Morin elaboró, por encargo de la UNESCO, un informe titulado “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro”, en el que se busca contribuir a la reflexión internacional sobre cómo educar para un futuro sostenible. En este informe, Morin expone los problemas centrales que según su criterio están siendo ignorados por la sociedad pero que son completamente necesarios para enseñar. Morin insiste en la necesidad de trabajar estos siete saberes fundamentales en todos los niveles educativos, en todas las sociedades y en todos los contextos culturales sin excepción, a la vez que se respetan los tiempos y las reglas propias de éstos. Estos siete saberes son:
1. Las cegueras del conocimiento provocadas por el error y la ilusión, es decir, la necesidad de revisar lo que “se cree” conocer, como práctica permanente que oriente nuestra acción, para evitar malentendidos o malas interpretaciones.
2. Los principios de un conocimiento pertinente, capaz de abordar los problemas globales y fundamentales y que, a la vez, dialogue con los asuntos más próximos y locales.
3.La condición humana como objeto esencial de aprendizaje, conjugando unidad y diversidad de lo humano en toda su complejidad.
4.La identidad terrenal como destino planetario del género humano, construyendo una ética de la ciudadanía global, desde una identidad compleja, a la vez local y global.
5.La incertidumbre como factor de nuevas estrategias de desarrollo y construcción de futuro, aprendiendo a “navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza”.
6.La comprensión, como medio y fin de la comunicación humana.
7.La ética del género humano, desde una concepción compleja de la condición humana, construida en la relación “individuo ↔ sociedad ↔ especie”, con sus interdependencias en términos de autonomía individual, participación colectiva y responsabilidad estratégica.
Dentro del currículo de secundaria y bachillerato, las materias del departamento de filosofía son las únicas en las que se abordan estos saberes de una manera directa. Si embargo, el recorrido de estas no es suficiente para hacerlo de una manera adecuada. Lo ideal sería empezar este recorrido desde los primeros cursos de la educación secundaria, o incluso antes (véase la literatura escrita sobre Filosofía para Niños, FpN).
La Convención sobre los Derechos del Niño adoptada en 1989, garantiza, entre otros, el derecho a expresar su opinión libremente (artículo 12), la libertad de expresión (artículo 13) y la libertad de pensamiento (artículo 14). En otro documento de la UNESCO de 2005, titulado Informe del director general relativo a una estrategia intersectorial sobre la filosofía, se dice: “La filosofía se sitúa en la médula misma del saber humano y su ámbito es tan vasto como el de las esferas de competencia de la UNESCO. Las cuestiones más importantes de las que se ocupa la Organización, por ejemplo, la educación para todos, la diversidad cultural, la ética de la ciencia, los derechos humanos, las sociedades del conocimiento, la democracia, el diálogo intercultural y el diálogo entre las civilizaciones, necesitan contar con sólidos cimientos filosóficos y estar dotadas de rigor analítico y conceptual. Es necesario llevar a cabo un análisis crítico de los conceptos, normas y criterios de los grandes programas de la UNESCO para incrementar la eficacia y pertinencia de las actividades”.
LA MATERIA DE ÉTICA
Una de las disciplinas filosóficas más importantes es la Ética. Podemos definirla como la reflexión (siempre racional y crítica, como toda la filosofía) sobre la moral. La moral es la capacidad que todos tenemos para valorar, para sopesar lo conveniente o inconveniente de la acción humana. Por eso se la considera una disciplina práctica, es decir, relativa a la praxis, al hacer. La UNESCO también habla específicamente sobre su importancia. En la Declaración de París en favor de la filosofía se dice que “la educación filosófica, al inducir a la independencia de criterio, la reflexión y la resistencia a las diversas formas de propaganda, prepara a todas las personas a asumir sus responsabilidades ante las grandes cuestiones del mundo contemporáneo, especialmente en el plano ético”, y que “debería ser impartida por profesores cualificados e instruidos específicamente a tal efecto y no estar supeditada a consideración económica, técnica, religiosa, política o ideológica alguna”. Y en el informe titulado La filosofía, una escuela de la libertad se advierte sobre el peligro de confundir la reflexión filosófica con una educación en valores o una educación para la ciudadanía y la tendencia a subordinarla a las mismas, la cual “parece basarse en una ilusión que también existe a nivel universitario y que consiste en creer que se puede asegurar una mejor formación de las conciencias mediante la transmisión de contenidos sustanciales, en lugar de un desarrollo de la mente crítica de los alumnos. Es como si un mecanismo de convicción fundado en la educación de las facultades lógicas del libre juicio y de la mente crítica hubiese sido reemplazado por enseñanzas de orden persuasivo. Estas últimas sirven de vectores de ideas clave que los alumnos deben asimilar sin someterlas necesariamente a la crítica. Ahora bien, la capacidad de criticar todas las ideas, incluso las que se consideran justas o verdaderas –en otros términos, la capacidad de rebelión– es un elemento esencial en la formación intelectual de los jóvenes. Un ciudadano obediente será un buen ciudadano, pero también puede transformarse en un ciudadano manipulable, capaz de adherirse, en un momento dado, a otras ideologías diferentes a las que formaron parte de su educación”.
LA BATALLA ¿PERDIDA?
Sin la materia de ética de 4º de la ESO, los profesores de filosofía nos hemos visto abocados en los últimos años a aceptar que un alumno que no curse el bachillerato habrá pasado por el instituto sin ni siquiera haber tenido la oportunidad de acercarse una disciplina plural, que se atreve a cuestionarlo todo, incluso a sí misma; que es el antídoto contra las cegueras del conocimiento; que es el origen y el camino para identificar el conocimiento pertinente; que reflexiona sobre la condición humana, tratando de abordarla en toda su complejidad; que es la única que se plantea el cada vez más acuciante problema de construir una ética de la ciudadanía global; que nos enseña a “navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza”; que hace una apuesta clara por la comprensión, como medio y fin de la comunicación humana y que además potencia la autonomía individual, la participación colectiva y la responsabilidad estratégica.
Por eso, a pesar de que parece que la batalla está perdida y que está más que comprobado que los políticos no tienen ningún interés en la educación y de que el gran pacto que ellos mismos boicotean parece imposible, no nos podemos rendir sin luchar. Es necesario reivindicar la importancia de ciertas materias que son el eje mismo sobre el que debería construirse el sistema educativo, ya que como decía Antonio Machado a través de Juan de Mairena, “yo os aconsejo — ¡oh dulces amigos! — el pensar alto, o profundo, según se mire. De la claridad no habéis de preocuparos, porque ella se os dará siempre por añadidura. Contra el sabido latín, yo os aconsejo el primum philosophari de toda persona espiritualmente bien nacida. Sólo el pensamiento filosófico tiene alguna nobleza. Porque él se engendra, ya en el diálogo amoroso que supone la dignidad pensante de nuestro prójimo, ya en la pelea del hombre consigo mismo. En este último caso puede parecer agresivo, pero, en verdad, a nadie ofende y a todos ilumina”.
La publicación de este nuevo modelo de listas ha sido una consecuencia directa del aplazamiento las oposiciones en Castilla y León.
La no celebración de las oposiciones secundaria y resto de cuerpos en junio de este año han incrementado más aún las ya altas tasas de interinidad en nuestra comunidad. Una situación que venimos arrastrando estos últimos años en secundaria. El que 1401 docentes que deberían haberse incorporado a nuestros centros como funcionarios y funcionarias en prácticas no lo hayan hecho, sumado a todas las jubilaciones que se han ido produciendo durante el curso 2019/20, los desdobles de grupos hechos en septiembre para poder cumplir con las medidas de seguridad y las bajas de larga duración que se están produciendo este curso por diversos motivos, ha supuesto un incremento de la interinidad hasta cerca de un 37%.
Uno se los efectos de la pandemia que asola nuestro país ha sido la falta de profesorado en las listas de interinidad, que se han quedado vacías en muchas especialidades. La necesidad de contratar docentes en todas las CCAA ha hecho que Castilla y León se haya quedado sin profesorado de especialidades como Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura, Física y Química o Filosofía en las que habitualmente no había problemas.
STECyL-i ya denunció esta situación durante el estado de alarma anterior.
En la reunión de Mesa sectorial del 17 de abril pedimos a la Consejería que convocase con tiempo suficiente listas extraordinarias en las especialidades en las que se preveía que iba a faltar profesorado. No lo hizo y hemos empezado el curso con un amplio déficit de profesorado, con todas las dificultades y perjuicios que esto supone para el alumnado y para los centros que tienen que suplir las carencias que la falta de previsión de la Consejería de Educación ha generado.
Actualmente desde la convocatoria de las listas han solicitado su inclusión más de 12.000 personas. Como las listas son abiertas y permanentes para este curso desconocemos los datos por cuerpos o especialidades.
El Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria plantea que “las medidas adoptadas para un comienzo y desarrollo seguro del curso 2020-2021 obligan al refuerzo de las plantillas docentes, que deberán cubrirse, en muchos casos, de manera urgente con funcionarios interinos. En esta situación, para facilitar la efectiva cobertura de los puestos que sean necesarios, es preciso revisar de manera limitada y temporal, algunos requisitos de titulación para el ejercicio de la docencia, en concreto el máster que acredita la formación pedagógica y didáctica de posgrado”.
Por estos motivos de manera excepcional, se permite que las administraciones educativas puedan nombrar funcionarios interinos para los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional, profesores de música y artes escénicas, profesores de artes plásticas y diseño y profesores de escuelas oficiales de idiomas, que no estén en posesión del máster, o formación equivalente, para plazas adicionales derivadas de las medidas motivadas por la pandemia de la COVID-19, cuando no sea posible nombrar a candidatos que estén en posesión de dicho máster.
LO ESENCIAL
Tramitación electrónica.
Lista dinámica de Profesorado de Secundaria (13 especialidades) y Profesorado Técnico de F.P. (siete especialidades)
El plazo de presentación de solicitudes comenzará a las 8:00 horas del 8 de octubre de 2020, y se mantendrán la lista abierta durante el curso escolar 2020/202.
Se priorizan personas con el master de educación o CAP.
Dentro de cada grupo, los aspirantes se ordenarán de acuerdo a la nota media de su expediente académico
Se valora la experiencia laboral para determinadas especialidades de FP.
Se podrá solicitar varias listas de distintas especialidades presentado una solicitud para cada especialidad.
No podrán presentar solicitud los que estén trabajando como funcionario interino o en estén ya en la lista del mismo cuerpo y especialidad.
Solo se ofertarán sustituciones a los integrantes de las listas dinámicas cuando no exista ningún aspirante en las listas ordinarias y/o extraordinaria.
Se publicará periódicamente la relación actualizada de integrantes de las listas de interinidad, ordenados conforme a los méritos señalados.
La oferta de puestos se realizará. preferentemente mediante llamamiento telefónico.
Cuerpos y Especialidades
0590 – Cuerpo De Profesores De Enseñanza Secundaria
01 Filosofía
003 Latín
004 Lengua Castellana Y Literatura
006 Matemáticas
007 Física Y Química
010 Francés
011 Inglés
019 Tecnología
101 Administración De Empresas
107 Informática
111 Organización Y Procesos De Mantenimiento De Vehículos
118 Procesos Sanitarios
125 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos
008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
009 DIBUJO
016 MÚSICA
103 ASESORIA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL
112 ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA
117 PROCESOS DE DIAGNOSTICO CLINICO Y PRODUCTOS ORTOPROTESICOS
124 SISTEMAS ELECTRONICOS
0591 – Cuerpo De Profesores Técnicos De Formación Profesional
206 Instalaciones Electrotécnicas
209 Mantenimiento De Vehículos
219 Procedimientos De Diagnóstico Clínico Y Ortoprotésico
220 Procedimientos Sanitarios Y Asistenciales
227 Sistemas Y Aplicaciones Informáticas
228 Soldadura
229 Técnicas Y Procedimientos De Imagen y Sonido
202 EQUIPOS ELECTRONICOS
203 ESTETICA
211 MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS
218 PELUQUERIA
0592 –Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
El virus que provoca la Covid 19, irrumpió en nuestras vidas (las occidentales y acomodadas) de forma abrupta, veíamos de lejos cómo afectaba a una parte de China y admirábamos estupefactos medidas que se tomaban, sin ser conscientes (o sí) de lo que llegaría al resto del mundo poco tiempo después.
Las sociedades desarrolladas, nunca antes en la historia reciente, nos habíamos tenido que enfrentar a una situación similar. Donde la enfermedad tocaba de primera mano a todos los países y clases sociales.
Los países y sus respectivos gobiernos, han tenido que tomar medidas drásticas, impopulares, efectivas o no, para toda su población, y destinar presupuestos millonarios para evitar la caída ¿de todos? No, de todos como siempre, no. Sigue habiendo una gran parte de la población mundial que también les ha afectado, y sin duda, vuelven a ser los grandes olvidados.
Covid 19 en los países pobres
Pocos datos se ofrecen de cuál es la situación real en los países tercermundistas, en los que, aunque no se diga, también está llegando la COvid.
Las principales medidas adoptadas en gran parte del mundo son lavado frecuente de manos, distanciamiento social y mascarillas. Las cuales mal pueden ser cumplidas en países en los que en muchas ocasiones el agua corriente, y ya no digamos el jabón, es un bien escaso y de lujo.
Los que dependen de la economía informal necesitan acerarse a otros para conseguir lo necesario para vivir. En estos países se teme más al hambre que al virus.
También es difícil el distanciamiento, cuando en muchos casos, se vive hacinado en viviendas muy precarias con una o dos estancias compartidas por extensos núcleos familiares o en campos de refugiados.
¿Dónde están las ONG´s que se encargaban de prestar ayuda a estos países? En muchos casos se han quedado en sus países de origen, porque también hacía falta…
Afortunadamente no han cesado en su ayuda las ONGs, luchando contra la enfermedad en los propios países e intentando que no olvidemos el calvario por el que están pasando sin apenas recursos.
¿Dónde están y qué cuantía tienen las partidas que destinan los gobiernos para el desarrollo de estos países?
Todo esto o se ha estancado o no hay datos o no los ofrecen, el mundo se ha parado y parece que solo se salvan los de siempre.
Egoístamente, cuando las costas de los países desarrollados vuelvan, o sigan, llenándose de inmigrantes en patera, diremos que aquí no hay trabajo, que no tenemos ni para nosotros, y que dejen de venir todos aquellos que vienen a pedir (a sobrevivir).
Naciones Unidas hizo un llamamiento humanitario global para financiar la lucha contra la COvid en los países más pobres del mundo.
Estos países además de luchar contra la pandemia, tienen que convivir con crisis humanitarias causadas por conflictos, desastres naturales y el cambio climático.
La Covid amenaza a toda la humanidad, y esta tiene que defenderse de forma global, las respuestas individuales de los países serán insuficientes.
Violencia doméstica
La situación está siendo más o menos dura para toda la población, pero ¿quién ha pensado en las víctimas de la violencia doméstica que han quedado atrapadas durante la pandemia?
Durante el confinamiento más duro, estas mujeres y sus hijos/as maltratados pasaron a convivir la mayor parte del día con su verdugo, sin opción a escapar por un rato a lugares más seguros como el trabajo, el colegio, la casa de algún amigo o familiar o incluso la calle. El maltratador tampoco tenía opción a ir a otro sitio a desfogar su ira y la dejaba en casa.
Las situaciones de violencia interpersonal está demostrado que aumentan en tiempos de crisis, pero el insuficiente número de denuncias, dificulta la respuesta y la recopilación de datos.
Las medidas de confinamiento han creado el “cocktel perfecto” de puertas para dentro. Desde la ONU se ha instado a los gobiernos a incluir la prevención y la reparación de los casos de violencia contra las mujeres en sus planes nacionales de respuesta contra el Covid. Más de 140 países han apoyado su llamamiento, pero…
¿Quién durante estos meses se ha preocupado no sólo a través de atención telefónica de atender a estas víctimas?
¿Quién les ha prestado atención de forma presencial?
¿De quién han recibido un apoyo?
¿Qué medidas especiales se han tomado en estos casos de vulnerabilidad?
Según Naciones Unidas, los primeros datos demuestran que los teléfonos de asistencia han registrado un aumento entre el 30 y el 40% en países como Chipre, Francia, Singapur o Nueva Gales del Sur (Australia). En Reino Unido, en las tres primeras semanas del confinamiento, catorce mujeres y dos niños fueron asesinados en el país.
La violencia doméstica ya era una de las violaciones de los derechos humanos más flagrantes, pero con el avance de la pandemia las cifras de los abusos, violaciones y maltratos se han multiplicado, lo que hace retroceder a la sociedad en su capacidad de participación y recuperación a nivel social y económico.
Por tanto, debemos de reflexionar, a quiénes y cómo nos estamos dejando con la Covid.
