ÁREA SOCIOPOLÍTICA
Y llegó el verano 2021 y con ello el ansia del oligopolio eléctrico por recuperar más beneficios. Levantada la barrera del precio máximo por megavatio de 188€ y con el pronunciamiento de la Comisión Europa leal dictado del lobby, desapareció la posible intervención de topes máximos y con ello una escalada de precios para beneficios de los grandes magnates energéticos frente a un país que quería remontar la crisis COVID 19.
¿Pero y en qué estamos hoy en día?. Iberdrola, Endesa Y Naturgy se embolsan al día 2.400 millones de Euros y sus plantillas no son ricas, mientras la variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del 1,8%, de forma que la a inflación acumulada en 2021 es del 5% y subiendo. Por lo que la especulación de beneficios, traslada una serie de consecuencias entre ellas la pérdida de poder adquisitivo, el encarecimiento general y un freno a la salida de la crisis cuando no un agravamiento de la misma. El encarecimiento de la energía de forma fraudulenta mediante la oferta de precios manipulada, se traduce en subidas en el resto, como por ejemplo en los combustibles. Siguen siendo lamentablemente, el motor de funcionamiento de la sociedad industrial y tecnológica. Imaginemos que a cualquier mercado acudimos buscando fruta y verdura y en nuestra cesta de la compra, ponemos cinco artículos, de los cuales el más caro quintuplica el precio al más barato. Al pasar por caja nos obligan a colocar primero los artículos económicos y el último, el más caro será el que fije el precio de todos los demás. Este mecanismo de fraude y estafa, es el que se usa impunemente para fijar los precios de la energía mientras que todos los mecanismos legales, institucionales y europeos se ponen de perfil.
Según la ultima en cuesta del ClS El 69,7% apoya una intervención pública para controlar el precio de la luz. El 83,2% de considera que el actual sistema de fijación del precio de la luz es totalmente o bastante incorrecto y el 97,5% cree que debe ser considerado un bien básico como el agua.
Para evitar los abusos en el sector eléctrico y garantizar la accesibilidad a un suministro básico hay que poner fin a los abusos tarifarios, controlar las ofertas fraudulentas, prohibir los cortes de luz por razones económicas y emprender una auditoría al sistema eléctrico que desemboque en un sector público de la energía. (Luis Miguel Pérez).