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Cuando empezamos la actual campaña de movilizaciones hace dos años, dando continuidad a otras anteriores desde 2016, era difícil imaginar que el 6 de julio pondríamos en jaque al gobierno en la convalidación del “Icetazo” por el Congreso, a duras penas pasó el trámite –por un voto de diferencia y condicionado a la introducción de enmiendas en otoño-.
Los grupos parlamentarios, durante el mes de septiembre y octubre han presentado enmiendas al “Icetazo” tanto a la totalidad como parciales, y se han naturalizado temas tabú anteriormente. Montero, la ministra que sustituyó a Iceta naturalizó asentar en la función pública al personal interino sin necesidad de oposición, pero limitándolo a quienes ocuparan la misma plaza más de 10 años. Con criterio más generoso ya había naturalizado dicha posibilidad Emilia Casas como castigo al abuso en la temporalidad, presidenta emérita del Tribunal Constitucional, o los ex ministros del PSOE Jordi Sevilla y Jerónimo Saavedra, este último además presidió el gobierno de Canarias.
Lo importante, es que en sede parlamentaria el 6 de julio se hizo trizas el mantra repetido una y otra vez por las direcciones de CC.OO., UGT y CSIF para negarse a asentar personas y no plazas: la inseguridad jurídica de tal medida.
En la recta final de negociación del “Icetazo” la convocatoria de una huelga parecía oportuna y así se hizo el 28 de octubre y al igual que la del 18 de junio ha dado fruto: la tramitación del “Icetazo” ha sido aparcada por el Congreso. La excusa, hecha pública el mismo día de la huelga, ha sido la necesidad de dar prioridad a la tramitación de los presupuestos generales del Estado. Decimos la “excusa” porque resulta difícilmente creíble la paralización de la tramitación justo en el último momento.
La huelga fue muy desigualmente seguida por sectores y territorios, pero lo cierto es que en Cataluña fue ampliamente secundada, habiendo importantes movilizaciones también en el País Valenciano, y no podemos olvidar el importante movimiento del personal interino en Canarias mantenido en elevadas tasas de movilización durante mucho tiempo.
Esos tres territorios tienen varios denominadores en común, en primer lugar sus Intesindicales compiten en píe de igualdad o están por encima de CC.OO., UGT y CSIF en el sector público. En segundo lugar, existen fuerzas políticas importantes de base territorial muy pendientes de las movilizaciones que se dan entre su electorado potencial, donde también intentan sacar votos los partidos de ámbito estatal –recordamos las notas discordantes dentro del PSOE que representan Jordi Sevilla y Jerónimo Saavedra-.
Es en ese contexto donde pensamos que se puede entender mejor la paralización de la tramitación parlamentaria del “Icetazo”. ¿Por qué se ha paralizado?, probablemente para ganar tiempo e introducir cambios de última hora en el posicionamiento previsto inicialmente por diferentes formaciones políticas tras evaluar el posible coste lectoral de sus actuaciones.
La movilización da fruto, todavía más si se hace con rasmia y sin reblar.
Estabilidad para el personal temporal en abuso
Los Sindicatos de Clase continuarán con movilizaciones, huelgas y otras acciones reivindicativas en los diferentes territorios hasta conseguir la estabilización real del personal temporal en abuso de las administraciones públicas conforme a la directiva y jurisprudencia europea y piden a los partidos políticos responsabilidad y voluntad para que la nueva ley para la reducción de la temporalidad se adapte a las directrices europeas, evite la inseguridad jurídica y solucione definitivamente el problema Los sindicatos firmantes apostamos por la ESTABILIDAD mediante la consolidación del personal temporal en abuso en sus puestos, sin dejar a nadie atrás, solución legal que ya se ha aplicado en otros momentos y que permite aprovechar la experiencia laboral de las victimas, y no supone coste alguno para nuestras menguadas arcas públicas.
Estas enmiendas, no cumplen en absoluto con los principales objetivos marcados por este colectivo a pesar de que en tanto son aprobadas por la correspondiente Comisión, Senado y Congreso, suponen, eso sí, son un pequeño avance en la dirección emprendida en distintos ámbitos por los colectivos de trabajadores y trabajadoras precarizadas en las Administraciones Públicas desde hace años. Además, como ya decíamos, su anuncio/filtración no deja de suponer una maniobra de división y desmovilización de este colectivo, así como un intento por espoliar las posiciones más reaccionarias hoy representadas por una buena parte de la judicatura, por el sindicalismo institucionalizado y pactista, por formaciones políticas instaladas en el posibilismo y por el propio sistema, interesado en mantener un amplio destacamento de trabajadores y trabajadoras precarias en las Administraciones Públicas listas para engrosar las plantillas de los nuevos nichos de negocio que a cada paso surgen de la incesante privatización de los servicios públicos.
Además pedimos que los procesos selectivos no convocados y los que publicadas sus bases no se hayan iniciado, se deberán adaptar a la nueva legislación.
Reconocer que el concurso de méritos es el sistema legal de provisión de plazas que debe aplicarse para solucionar el fraude en el sector público es un cambio de actitud, insuficiente pero un pequeño paso. Es necesario recordar que este instrumento conto con la firme oposición del sindicalismo amarillo de CCOO, UGT e CSIF que se mantuvieron de espaldas a los intereses del personal temporal durante todos estos años.