STACyL VALLADOLID
Para entender el presente de nuestra Administración autonómica hay que revisitar nuestro pasado más reciente.
Venimos de años de despropósito de De Santiago Juárez al frente de la Consejería de Presidencia y que se saldaron con un buen número de reveses judiciales en forma de sentencias que echaron por tierra las pretensiones de la Junta respecto al Catálogo de Puestos Tipo, RPTs y concurso de traslados del personal funcionario. También de una normativa sobre jubilación parcial francamente regresiva cuyo objetivo es ahorrarse unos euros y que no sirve ni al prejubilado/a ni a los propios centros administrativos y que constituirá una permanente fuente de conflictos.
Con un listón tan bajo todo parecía indicar que por poco bueno que hiciera Ángel Ibáñez, a la sazón sustituto de De Santiago Juárez al frente de la Consejería, lo tendría fácil. La legislatura 2019-2023 empezó con el fiasco de las 35 horas aunque utilizar esa palabra no define correctamente lo que supuso tirar a la papelera un Acuerdo firmado por la propia Junta 3 meses antes. En verdad no era el mejor comienzo pero se apreciaba otro talante en los rectores de Función Pública. Pero claro, a las buenas palabras hay que acompañarlas con hechos y éstos hasta ahora no abundan. Tomemos, por ejemplo, el asunto de la carrera profesional horizontal: tras llegar con retraso a nuestra Administración en 2019 y con un inicio fulgurante (desde su presentación en rueda de prensa del presidenciable Mañueco hasta su publicación en BOCYL transcurrieron apenas 3 meses) después ha estado “durmiendo el sueño de los justos” 2 años hasta que deprisa y corriendo se rescata con agosticidad y se convoca de “hoy para ayer” un proceso extraordinario de acceso a la categoría profesional 1. Dos años en barbecho bien habrían dado para hacer las cosas mejor, como por ejemplo hacer una campaña divulgativa entre las y los empleados públicos de la Administración autonómica que sirviera para explicar de qué va esto de la carrera profesional horizontal. O disponer de un Reglamento que marque los derroteros por dónde discurrirá todo este proceso de convocatorias ordinarias y extraordinarias. Como tampoco hubiera estado de más tender hacia cierta igualdad retributiva entre grupos porque la tabla de remuneraciones publicada es un claro ejemplo de desigualdad y agravios. La disparidad en categoría profesional 1 entre el grupo I y el grupo V causa bochorno. Lo que si vale para el reparto de los fondos adicionales no se aplica en este caso. Mal asunto la doble vara de medir.
Las convocatorias de empleo público son las otras paganas de esta política de “buenas palabras y pocos hechos”. Se han publicado de 2017 para acá ofertas de empleo público que podríamos considerar dignas pero esto de poco sirve si luego no se convocan dichas plazas. Estamos hablando de miles de plazas, ya sean de turno libre o de promoción interna. Vemos como otras administraciones y organismos públicos convocan procesos selectivos, alguno de ellos multitudinario como el de Correos mientras aquí seguimos con la excusa COVID. Y cuando se convoca algo es para mandar a personal interino o temporal en fraude de ley a sus casas (o vulgarmente dicho, al INEM).
Tenemos por delante las renovaciones del Convenio Colectivo del personal laboral o la Ley de Función Pública, entre otras cuestiones de calado. Son buenas piedras de toque para apreciar si todo ese buen talante se traduce en normativas respetuosas con el empleado público de la Junta de Castilla y León o si todo queda en mera charlatanería. (Javier Rodríguez).