No es el cartel

STE SALAMANCA

El pasado 12 de febrero, con motivo de la inminente campaña de matriculación escolar, las AMPAs de los centros de educación públicos salmantinos, representadas por FEDAMPA, solicitaron permiso a la Dirección Provincial de Educación de Salamanca para instalar estos carteles en el exterior de sus centros, con el consentimiento del propio centro

Pancarta de la polémica

La respuesta llegó pronto vía telefónica el día 15: NO se pueden colocar estos carteles en el exterior de los centros. ¿La razón? Una clarísima normativa, que no debía ser tan clara cuando las autoridades competentes hubieron de elevar la solicitud a los Servicios Jurídicos de la Junta para obtener una respuesta por escrito, con una base jurídica de interpretación dudosa cuando menos, apoyada por tres sentencias del Tribunal Constitucional y otra del Tribunal Supremo, dos de ellas de casos de terrorismo, una de asesinato y una cuarta acerca del “Procés” catalán. Las comparaciones son odiosas, y algunas, incluso, deleznables. 

Hay más en esa respuesta escrita: acusa a las AMPAs de defender intereses “particulares”. Esto nos deja claro -por si todavía alguien tenía alguna duda- que para ellos, la educación pública es un interés “particular”, confundiendo el carácter jurídico de las AMPAs con la finalidad de las mismas. Somos entidades privadas, pero no por gusto, sino porque estamos en un limbo todavía no resuelto, y probablemente ese sea el gran problema que subyace.

Y es que la indignación de las familias no es por un cartel, ni tampoco es específicamente contra la Dirección Provincial de Salamanca ni contra su director provincial, al que consideramos una persona dialogante y trabajadora, que imaginamos tendrá que barajar presiones de arriba y también de abajo.  Pues no: no es porque no dejen a las familias poner un cartel que defiende lo que debieran defender ellos como Administración Pública y sentirse orgullosos. Ni porque les avisáramos en mayo de que en septiembre tendrían que tenerlo todo preparado y no lo tuvieron; ni porque no lo vayan a tener para el septiembre próximo -por si tienen dudas, la Consejería de Educación ya sabe que en septiembre no va a haber COVID, porque piensan iniciar el curso (contrataciones, matrículas) como uno más-; ni porque decidieran unilateralmente adelantar las fechas de matriculación para no aplicar la LOMLOE, perjudicando a los centros públicos; ni porque  este curso hayan adelantado  también las fechas para la elección de directores de centro con el mismo fin. Tampoco porque Castilla y León tenga una de las EBAU más complicadas de todo el territorio nacional, complicando el acceso a la universidad a nuestros hijos; ni porque tengan la intención de sustituir las cocinas in situ por “línea fría”; ni porque, por sistema, tarden diez o quince días en sustituir profesores; ni siquiera porque a los centros concertados les permitan casi todo lo que a la pública le está vetado,  y este es un caso más que evidente, aunque no el único ni el más grave.

Tampoco es porque, cuando llegó la pandemia, saltaran todas las costuras del sistema educativo y se vieran sus muchas deficiencias, desvelando, más claramente que nunca, que los padres y madres son también profesores, cuidadores, monitores de actividades, encargados de comedor, pedagogos terapéuticos, enfermeros y hasta personal de administración y servicios. Y decimos “desvelando”, porque LAS FAMILIAS llevan siendo todo esto y más desde el principio de la edad escolar de nuestros hijos e hijas.            

Por otro lado, si la escuela está derrotando a esta crisis es precisamente porque familias, equipos directivos, profesores, alumnos y personal de la Administración, han demostrado que están unidos más allá de las discrepancias y las dificultades, y desde luego hay que agradecer a todos su cooperación y mucho esfuerzo para que nuestros centros funcionen, y funcionen bien. Porque la escuela pública es patrimonio de todas las personas y familias, absolutamente de todas, incluidas de las que ahora están en la escuela concertada: es un bien común, no un interés privado ni particular, ni siquiera de un colectivo específico.

Las AMPAs no son unas entidades privadas cualesquiera; su existencia está íntima y exclusivamente ligada a los centros educativos a los que pertenecen y es la propia Ley Orgánica de Educación la que las incluye en el órgano superior de gobierno de estos centros, es decir, en el Consejo Escolar. Es más: es esa ley de educación la que insta a las administraciones educativas a fomentar “la participación de alumnado, profesorado, familias y personal de administración y servicios en los centros educativos” y también que “A fin  de  hacer  efectiva  la  corresponsabilidad entre  el profesorado  y  las  familias  en  la  educación  de  sus  hijos,  las Administraciones educativas  adoptarán  medidas  que promuevan e incentiven la colaboración efectiva entre la familia y la escuela” (LOMLOE, art. 18.3 y 4), idea presente tanto en la LOMLOE como en la LOMCE. Hasta en 35 ocasiones aparece la palabra “familia” en la Ley Orgánica Educativa. En el preámbulo de la LOE encontramos frases como esta: “Las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros docentes”; En el artículo 119.4, “Los  padres   y   los   alumnos  y   alumnas   podrán   participar  también   en   el   funcionamiento de los centros a través de sus asociaciones. Las Administraciones educativas favorecerán la información y la formación dirigida a ellos.”; el RD 1533/1986, la ORDEN de 20 de julio de 1995…  Y podríamos seguir hasta el infinito enumerando artículos y normativas completas que así lo señalan.

Entonces… ¿Cuál es el motivo?

El motivo de nuestra indignación es, prioritariamente, el incumplimiento de estas leyes y normas por parte de la administración de la Junta de Castilla y León. Aunque existen unos supuestos foros donde las familias podemos ser oídas, como el Consejo Escolar de Castilla y León, o las diferentes Comisiones provinciales de Escolarización, Transportes o Comedores, la realidad es que son meras formalidades para cubrir el expediente y “lavarse la cara” al respecto, pues las decisiones relevantes -y las no tan relevantes- ya las ha adoptado la Administración sin consultar más que a sí misma. Se trata de impedir a las familias que participen en la elección de los directores de los centros; pintan poco o nada en la elección del sistema pedagógico; no pueden participar ni en la elección del tipo de comedor que atenderá a sus hijos e hijas; no pueden decidir sobre cuáles son las prioridades en materiales, instalaciones o las obras que son más necesarias…  Nos tenemos que conformar con organizar actividades extraescolares o colaborar con los Planes Releo, e incluso ayudar económicamente en la adquisición de materiales o en reparaciones -para eso venimos muy bien- y dar las gracias si resuelven algún problema.

Lo que las familias quieren es que la participación y la corresponsabilidad a la que obliga la legislación educativa se haga realidad y, que no se queden en mera apariencia ¿Y cómo? Instrumentos ya existen, pero ¿cómo afirmar que la administración cumple con su obligación de fomentarlos y ponerlos a funcionar cuando NI SIQUIERA PERMITE A LAS FAMILIAS FORMENTAR LA ESCUELA PÚBLICA?

 Tenemos a nivel provincial, por ejemplo, una Comisión de Participación Educativa que es actualmente una mera formalidad para cubrir un expediente, en la que supuestamente nos encontramos administración, familias, profesorado y alumnos. Es fácil. Dótenla de contenido y pónganla en marcha con intención de sacar algo positivo de ella.

El otro motivo es el apoyo descarado y cada vez menos disimulado de la Administración de la Junta a la educación privada concertada frente a la pública. Y esto lo revelan los datos tanto de número de alumnos como de carácter económico. Cada vez hay más centros públicos vacíos o “centros guetto”, y la concertada cada vez más llena. Si los “gestores” de lo público aplicaran a sí mismos ese raciocinio economicista con el que tanto gustan argumentar, debieran ser despedidos de inmediato por los nefastos resultados de la “empresa” que manejan.

Y nos queda el por qué y es simple: porque no interesa. En vez de fomentar la escuela de cercanía y la inclusión, fomentan la segregación y la competencia, incluso entre los propios centros públicos. Nos venden que esta competencia exacerbada redunda en una mejor calidad, pero no es cierto. La colaboración, el trabajo en equipo, la solidaridad, la creación, en definitiva, de más SOCIEDAD es lo que nos hace mejores personas y más competentes, y no el ser más “competidores”. Pero una sociedad organizada, colaborativa, crítica y formada por ciudadanos conscientes es incómoda para cualquier gobernante mediocre, que confunde autoridad con autoritarismo.En definitiva, para estructurar la participación de las familias en la educación existen las AMPAs, sí, pero hay que otorgarles una consideración diferente, ponerlas en valor y conferirles las atribuciones para las que realmente se crearon, porque las familias forman parte de la Comunidad Educativa, y no por capricho de nadie, sino porque lo dice LA LEY, así que justo es que, como parte de del sistema educativo, participen de él y en él. Pónganse a la labor, señores políticos de la Junta de Castilla y León.

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