Editorial
La pandemia de coronavirus que ha asolado todo el planeta ha impactado directamente en el sistema educativo. La información sobre la propagación de la COVID 19 obligó a repensar cómo debían desarrollarse las nuevas clases.
Este curso no ha dado comienzo como otros cursos el 1 de septiembre, empezó cuando el curso 2019/20 daba sus últimos coletazos. Un curso que finalizaba desde las casas y no desde las aulas. Nuestro alumnado no volvió a los centros para acabar sus actividades lectivas, el profesorado volvió únicamente para firmar documentos y, dependiendo de la organización del centro, para algún claustro o reunión presencial que desde STECyL-i denunciamos.
La única novedad que propusieron en el mes de junio las administraciones educativas fue el uso obligatorio de mascarilla en las aulas, siempre que no se pudiese guardar la distancia de seguridad de 1,5 m.
En julio la Consejería planteó mínimas modificaciones en las ratios para no sobrepasar los 25 alumnos o alumnas en las aulas, aun estábamos contando con que el uso obligatorio de mascarillas permitiría tener ratios más numerosas.
Los equipos directivos empezaron el curso 2020/2021 con una total falta de información sobre lo que se nos venía encima. La elaboración de documentos y la organización de los centros se alargó hasta finales del mes de julio y en muchos casos siguió en agosto. Los cambios en la normativa estatal y de nuestra comunidad dieron al traste con muchas de las cuestiones planificadas que hubo que rehacer, volver a calcular distancias y diseñar espacios educativos. Mucho trabajo ya hecho tuvo que rehacerse y modificar documentos y espacios.
Como sabemos tanto el uso de mascarilla en todas las aulas como la distancia de seguridad de 1,5 m se hicieron obligatorias (excepto en los grupos estables de convivencia) lo que implicó, en la primera semana de septiembre, desdoblar más grupos en colegios e institutos y buscar espacios alternativos a los ya previstos. Desaparecen las bibliotecas, aulas de convivencia, aulas de desdoble de idiomas, laboratorios… la COVID 19 modifica todos los espacios.
Nuestra valoración del inicio de curso es que se han ido haciendo las cosas muy tarde. La Consejería de Educación ha ido por detrás de las necesidades de los centros y ha sido gracias al esfuerzo de las y los docentes y los equipos directivos, que han estado trabajando todo el verano, que se ha podido empezar el curso cumpliendo con todas las normas de seguridad.
El estrés acumulado durante el confinamiento y el generado en este inicio de curso a contrarreloj ha supuesto un gran desgaste emocional entre nuestras compañeras y compañeros que desde la administración no han sabido ni querido recompensar. Los riesgos derivados de esta situación deben valorarse para evitar problemas mayores entre las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza, tanto personal docente como no docente.
STECyL-i durante todo el verano ha mantenido reuniones y acciones conjuntas con los sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial de Educación. Entendíamos que ante una situación crítica la unidad sindical era necesaria. Ante la administración hemos hecho planteamientos conjuntos y exigido un compromiso escrito de que se atenderían todas las necesidades de los centros y su profesorado.
Tras nuestra presión se fraguó un documento de bases para un acuerdo con el que entendíamos que la administración se vería obligada a poner los recursos necesarios para que este curso pudiese salir adelante.
El 5 de septiembre después de mucho trabajo de negociación por parte de los cinco sindicatos de Mesa Sectorial se plasmaron por escrito nuestras exigencias. Ha sido complicado firmar este acuerdo, pero queríamos un inicio de curso seguro y nos parecía fundamental poner de nuestra parte, y resolver todas las incidencias para el que el curso dure hasta junio.
La incertidumbre que genera el desarrollo de la pandemia nos hacía temer que el inicio del curso se saldaría con un gran volumen de contagios entre alumnado, profesorado y personal no docente. Gracias al esfuerzo hecho en los centros esto no ha sido así, aunque el seguimiento de los protocolos sea complicado y no homogéneo.
La Consejería de Educación no ha estado a la altura de las expectativas que pusimos ante un nuevo curso complejo y que nunca habíamos vivido.
•Las dificultades en el inicio del curso para la contratación de profesorado, que siguen en algunos casos.
•Las sustituciones que se realizan tarde y que cada vez son más numerosas por las cuarentenas de docentes que tienen que permanecer en sus casas.
• La atención al alumnado que es positivo o “contacto estrecho” que se ausenta de las aulas durante un periodo indeterminado de tiempo y que hay que evitar que se descuelgue. Una atención que no ha llevado aparejada una dedicación específica en el horario lectivo del profesorado.
•La dotación insuficiente de EPIs a todo el profesorado, sobre todo a quienes trabajan con alumnado no obligado a utilizar mascarillas.
•La prevención de los riesgos del profesorado considerado “especialmente sensible” y al que únicamente se le ofrece la alternativa de permanecer en los centros con equipos de protección (mascarilla FFP2 y pantalla facial) o la baja laboral, no existiendo la opción de realizar teletrabajo.
Otra cuestión de especial importancia en la seguridad de las aulas es la ventilación. Evitar que los “aerosoles” que pueden emitir personas contagiadas por COVID 19 permanezcan en las aulas y espacios cerrados de nuestros obliga a una ventilación sistemática. En el mes de septiembre y octubre se ha podido hacer sin mayores inconvenientes por las buenas temperaturas, pero se acerca el invierno y mantener esta rutina implica una bajada de las temperaturas de las aulas. Que las calefacciones de los centros mantengan temperaturas adecuadas implicará un incremento del gasto en este servicio y en las emisiones de CO2 a la atmósfera. Hemos demandado un uso de medidores de CO2 para las aulas que ayudaría a saber cuándo deben ventilarse y de qué manera.
Desde el final del curso pasado hemos mantenido 10 reuniones de Mesa Sectorial (2 y el 5 de junio, 6, 30 y 31 de julio, 28 de agosto, 1 y 11 de septiembre, 28 de octubre y 9 de noviembre). Además, hemos mantenido 5 reuniones de Comisión de seguimiento (7, 22 y 28 de septiembre, el 2 de octubre y el 28 de octubre). En todas ellas hemos exigido mejorar las condiciones de seguridad en los centros educativos, la mejora de las condiciones laborales de todo el profesorado, anticiparse a las dificultades y situaciones que vayan surgiendo. Planteamos nuestra queja ante los llamamientos telefónicos que se han producido y que generan desigualdad de condiciones y perjuicios al profesorado interino que ha tenido que elegir en AISI e incluso en AIVI plazas peores, de menos jornada o más lejos. Se había conseguido dar mayor transparencia al proceso y evitar problemas que sucedían cuando los llamamientos eran únicamente telefónicos. Seguimos pidiendo que se publiquen todas las sustituciones para dar transparencia y que se active la consulta online.
Actualmente desde la Plataforma sindical conjunta hemos propuesto un calendario de negociación que recoge las demandas y reivindicaciones que no se han logrado y además las cuestiones que nos ha traído la pandemia.
Mejora de la financiación educativa
El progreso del sistema educativo requiere una mejora radical de su financiación y el Estado tiene que comprometerse decididamente en ello. El Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 recoge una inversión de 5.697 millones de euros para el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) que incrementan en más de 139% respecto a enero de 2020, lo que supone el mayor incremento de la historia en el presupuesto para educación .
El reparto es el siguiente: 2.407 millones de euros se destinarán a políticas que promuevan la equidad, con un incremento de las becas y ayudas al estudio, la ampliación de la educación de 0 a 3 años y la prevención del abandono escolar temprano. La Formación Profesional contará con una partida de 1.628 millones, destinada a mejorar la calidad de la formación de los jóvenes y los trabajadores y se prevé una inversión de 1.018 millones para acelerar la digitalización del sistema educativo.
Desde STECyL-i hemos planteado a los sindicatos de la Plataforma sindical conjunta la necesidad de conseguir que los grupos políticos de las Cortes de Castilla y León blinden en los presupuestos el porcentaje destinado a Educación.
Por ello desde STECyL-i volveremos a pedir a la Consejera de Educación altura de miras para lograr un acuerdo de cofinanciación con el Ministerio de Educación y FP para revertir los recortes en Educación, volviendo a los horarios y condiciones laborales del profesorado anteriores a 2012 como se hizo con la LOE con los programas de cooperación territorial.
STECyL-i vuelve a reivindicar al gobierno de la Junta de Castilla y León responsabilidad ante el necesario consenso sobre las políticas educativas y la recuperación del presupuesto educativo. Seguiremos trabajando para que la nueva ley de educación incorpore mejoras que hemos reclamado durante estos años para plantear alternativas y construir un modelo educativo comprometido con la escuela pública, desde el máximo consenso social y político desde un modelo inclusivo, buscando la complicidad e ilusión de los profesionales, y contando con los demás sectores de la comunidad educativa.
STECyL-i exige una verdadera apuesta por la transparencia. La opacidad con la que se está actuando con falta información sobre la implantación de las diferentes medidas, sobre la realidad de los contagios en los centros o sobre las sustituciones del profesorado. Sabemos que la situación es excepcional por la pandemia de COVID 19 que está afectando a muchos procesos, pero no por ello dejaremos de exigir a la administración educativa que se hagan las cosas bien. En estos últimos años gracias a la presión sindical se había conseguido dar mayor transparencia a los procesos y no vamos a permitir que con la excusa de la COVID 19 volvamos atrás.