STELE
Si a la señora Helen Mary Warnock, presidenta de la Comisión que elaboró en Inglaterra en la década de los 70 el informe sobre cómo normalizar a los alumnos/as con necesidades educativas especiales y que sentó las bases de la Integración Educativa, le dijeran que algún Colegio iba a acumular el 100% de alumnos/as con esas necesidades y que terminaría desapareciendo, pensaría que algo le faltó al informe.
Si tenemos en cuenta que las Comisiones de Escolarización al amparo de sus normativas, los servicios de Inspección y la Dirección Provincial debieron, a mi juicio, haber tomado y no lo hicieron decisiones drásticas y seguramente impopulares priorizando sin remilgos “laadecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares de los alumnos/as con necesidades de apoyo educativo”, podremos encontrar alguna explicación al hecho de que el Colegio “La Puebla” de Ponferrada terminara siendo un Centro educativo gueto y desapareciendo por no tener solicitudes de matrícula.
Según a qué sector implicado preguntes te darán razones aparentemente convincentes de que se actuó bien: la Constitución Española, la Libertad de elección de Centro, la dotación generosa de medios económicos y humanos, etc.
Una interpretación legítima pero poco valiente y torticera de la legislación para justificar el no agarrar el toro por los cuernos y cortar de raíz y a tiempo un problema que nadie deseaba y que solo un ciego no vería venir.
Hablamos de un centro Público en una zona de oferta educativa abundante (4 centros públicos o concertados a menos de 300m. entre sí) que comenzó a perder alumnado en la segunda mitad de los 80 cuando se implantó el necesario Programa de Integración pero que partía en situación de desigualdad al concentrar tanto a alumnado de la Escuela Hogar por provenir de un centro comarcal, niños y niñas procedentes de los pisos de acogida para familias desestructuradas, así como la inmensa mayoría del alumnado de etnia gitana de la zona.
Cuando se pudo tomar la decisión de distribuir adecuadamente a los alumnos/as no se hizo y se permitió que durante casi 30 años el centro se fuera desangrando (perdiendo alumnos) y terminara agonizando y feneciendo.
“Entre todos lo mataron y él solito…”
Lo mató la Administración por no tener lo que hay que tener para distribuir el alumnado racionalmente en una distancia perfectamente manejable para estudiantes y familias afectadas.
Lo mataron las familias y centros no afectados porque todos estaban contentos con su estatus. Los que no tenían tanto alumnado “necesitado” fenomenal, que no traigan más y vayan para La Puebla. En la Puebla el alumnado “necesitado” y de la misma etnia estaba junto y muy bien atendido. Ya me dirás por qué razón la Administración iba a menear la perdiz.
Los únicos perjudicados fueron los que menos culpa tenían: los profesionales del Centro afectado y sus alumnos/as no “necesitados/as” porque paradójicamente eran ellos y ellas los que tenían que integrarse. Que gran labor hicieron.
Para rematar la faena, después de esperar tres décadas de agonía y cuando todo era irreversible, viene la ocurrencia del político o técnico de turno (eso sí, con buena intención) de proponer que se convierta en un Centro Rural de Innovación Educativa.
Por último, un Centro que llevó su nombre con orgullo desde finales de los años 50 y que contó con excelentes profesionales y estudiantes, muere perdiendo hasta eso, el nombre.
Todavía no me lo puedo creer. Indigno e indignante.
Miguel E. Ovalle Franesqui
Estas reflexiones que hace nuestro compañero Miguel, que le tocó vivir la situación de “La Puebla” en primera persona, desgraciadamente no se circunscriben únicamente a este centro de Ponferrada. La normativa política que ha desencadenado esta clausura sigue totalmente vigente y es alentada conscientemente por la Administración Educativa de esta comunidad autónoma, lo que, lamentablemente nos lleva a pensar que es muy posible que esto que le ocurrió a este centro le esté pasando y les pasará a otros mientras estas políticas proclives a la segregación no desaparezcan.
El Procurador del Común de CyL ya le hacía unas claras recomendaciones a la Consejería de Educación por el 2016 en una clarificadora resolución (a las que nuestra Consejería ha hecho oídos sordos):
“…estableciendo la obligación de la misma Administración educativa de regular la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección, y atendiendo en todo caso a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo.”
“Pero es cierto que uno de los mayores retos del sistema educativo es poder conjugar el derecho a la educación de las minorías sociales con el derecho de todos los ciudadanos a la libre elección de centro docente, y hacerlo de tal forma que el resultado no sea la aparición de “guetos” educativos.”
“Con esta finalidad será precisa la imposición de limitaciones al derecho a la libre elección de centro educativo, debidamente proporcionadas, para evitar la concentración de alumnos perteneciente a minorías étnicas…”
“…revisen el método de admisión de los alumnos en centros públicos y privados concertados y tomen otras medidas que puedan ser necesarias para garantizar una distribución equitativa de los alumnos”
“…por parte de la Administración educativa, se desarrolle una estrategia específica para intensificar los esfuerzos en la lucha contra la segregación escolar, adoptando una política activa que prevea la adopción de las medidas propuestas en esta resolución (y cuantas otras sean necesarias y eficaces) para prevenir situaciones de agrupación o concentración de alumnado inmigrante o perteneciente a minorías étnicas con condiciones socioculturales desfavorecidas y evitar, así, un sistema educativo segregado que no asegure la igualdad de oportunidades del alumnado.”
Consolidar la doble red (pública/concertada) supondría consolidar uno de los principales mecanismos de segregación social. Esperemos que el nuevo proyecto de ley educativa apueste de forma decidida por políticas no segregadoras, al contrario de lo que hizo la LOMCE, y de una vez por todas se apueste por la educación pública de calidad para todas y todos. Debemos conseguir un modelo educativo que contribuya al éxito escolar del todo el alumnado en condiciones de igualdad independientemente de su procedencia y condición social.