El sistema de protección social en España

STECyL VALLADOLID

1. LOS SERVICIOS SOCIALES COMO DERECHO Y SU CONTEXTO INSTITUCIONAL 

La consideración de las prestaciones sociales como derecho ha sido tema de grandes debates a lo largo de las últimas décadas. A finales de la transición democrática de nuestro país, se rechazó la idea de las prestaciones como beneficencia y asistencialismo y las Comunidades Autónomas (CCAA), que estaban configurándose como instituciones de gestión, pusieron el acento en un modelo de derecho universalista y de servicios de prevención a la hora de desarrollar sus leyes.

Sin embargo, este modelo, más teórico que técnico, se quedó simplemente recogido en la retórica de los preámbulos de las leyes de servicios sociales, lo cual consolidó la práctica de la asistencia benéfica dejando a los servicios sociales fuera de los derechos universales de la ciudadanía. Y lo que fue peor, se fue volviendo al desarrollo inicial del modelo universalista, es decir, a un Sistema Público de Servicios Sociales que en la práctica se caracteriza por un “equilibrio inestable” entre el sistema proteccionista y las demandas de una sociedad en continua transformación.

En la actualidad, el sistema de protección social reconoce los derechos sociales de la ciudadanía como una de las garantías del Estado del Bienestar, al igual que la Educación y la Sanidad, pero le confiere diferente consideración y un carácter muy limitado a causa de varios factores, entre ellos y precisamente, el no tener un carácter universalista y por otro lado, porque las políticas de prestación se centran en la atención subsidiaria ante problemas que aparecen en determinados momentos, como, por ejemplo, en los momentos de crisis. 

En relación con el contexto institucional de los servicios sociales, podemos afirmar que se ha adoptado un modelo de gestión de “descentralizado” que ha desarrollado unas políticas llevadas a cabo en mayor medida por las CCAA y en menor medida por el Estado y los municipios, lo cual ha supuesto que no haya maniobra para legislar y lo que es peor, que, en el caso de los municipios, que no se han descentralizado del todo, no se dispongan de recursos suficientes para atender a las numerosas demandas que aparecen en su entorno 

En el plano estatal y para contrarrestar este pretendido modelo descentralizado, en 1988 surgió el “Plan Concertado” cuyo objetivo fue dar un impulso estatal a la gestión de las CCAA y de los municipios. En dicho Plan se establecieron una serie de medidas para su desarrollo en cuanto a la colaboración y financiación de cada una de las administraciones implicadas. Sin embargo, también, como en el caso de las Reformas Laborales, existieron problemas de base que impidieron que dicho “Plan Concertado” fuera una medida de regularización de las implicaciones de cada parte y acabaron mostrando la brecha de los servicios sociales entre CCAA ricas y pobres, consecuencia de las políticas de sus gobernantes. 

También se quiso dar un impulso a las instituciones implicadas a través de las medidas recogidas en la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (2006) introduciendo algunos cambios, en concreto:

          -se reconoce el carácter universal el derecho a la atención de la situación personal y a la promoción de la autonomía personal,

          -se reconoce un mínimo obligatorio de prestaciones en cualquier parte del Estado que se verá mejorado por la CCAA,

          -se crea dentro del Sistema Público de Servicios sociales la acción protectora del sistema,

          -se contempla una financiación equitativa para su implementación.

2. LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA ACTUALIDAD. RELACIÓN CON LA CRISIS ECONÓMICA

Haciendo un breve recorrido en cuanto a las líneas actuales de oferta púbica en España en relación a los servicios sociales, considero que éstos son muy limitados, desiguales y subsidiarios por los siguientes motivos:

          – Los servicios sociales actuales, lejos de cubrir funciones como la información y formación de sus demandantes, el fomento de la solidaridad y la integración social presenta unas líneas de actuación residuales de los recursos sujetos a la asignación presupuestaria de su marco institucional, con excesiva burocracia y comprobación de sus recursos para acceder a ellos. Además, se han convertido en el último escalón para aquellos que necesitan más protección social inmediata y de carácter material 

          – De nuevo algunas CCAA son las “protagonistas” habiendo apostado por la externalización de la gestión de los servicios públicos no sólo en el ámbito del sistema de protección social, sino también en la educación y la sanidad y, como consecuencia de sus políticas neoliberales, han aplicado sucesivos recortes y ajustes justificándolos para aumentar la productividad del conjunto de la economía haciendo tambalear el estado de bienestar. En el otro extremo, se sitúan aquellas CCAA que han hecho de su política autonómica una garantía de los servicios sociales públicos mediante el acceso gratuito y universal de las prestaciones. En definitiva, se ha creado una situación desigual entre las CCAA españolas y entre el bienestar de sus ciudadanos.

          – Aunque ha habido un aumento de entidades privadas de gestión de prestaciones sociales (como consecuencia de las maniobras de privatización), la coordinación de éstas con las instituciones públicas deja mucho que desear. 

 Como consecuencia de la crisis económica:

          – La población vulnerable, en riesgo de exclusión social ha aumentado, incorporándose la clase media, los pensionistas con pensiones no contributivas, los pensionistas con cargas familiares, las personas dependientes que vuelven a casa porque sus familias no pueden asumir el coste de residencias…El caso de los jóvenes, sus altas tasas de paro, la salida fuera de la cobertura sanitaria porque no han conseguido un primer empleo, el hecho de que no se pueden emancipar…constituye uno de los problemas más preocupantes.

          – La destrucción de empleo del sector servicios, donde las mujeres han ocupado la mayoría de sus empleos, ha hecho que éstas vuelvan a un trabajo no remunerado y a desempeñar un rol que les aleja aún más de la deseada igualdad.       

           – La población extranjera no comunitaria en España está siendo también excluida del mercado laboral, una población extranjera cada vez más afectada por sentimientos racistas que la crisis ha despertado y están relacionados con los individualistas.

Podría añadir más consecuencias que directa o indirectamente están relacionadas y son consecuencia de la crisis instalada en los últimos años en España, pero creo que no hay espacio suficiente. Solo una última reflexión: las consecuencias que la crisis han dejado en el sistema de protección social actual reflejan que las políticas llevadas a cabo han sido subsidiarias más que preventivas, no han desarrollado acciones de promoción que favorezcan que los trabajadores excluidos del mercado laboral puedan tener proyectos de vida a corto plazo y han primado las medidas materiales e individualistas, pero con mucha demora colapsando el propio sistema.

3. CONCLUSIONES

Los objetivos de las políticas económicas que se han plasmado en las reformas laborales han perseguido resultados cuantitativos en cuanto al incremento del empleo, menoscabando los derechos consolidados de los trabajadores. Las reformas laborales para hacer frente a la crisis económica han puesto el acento en medidas dependientes de políticas neoliberales ideológicas y de mercado, donde han primado la productividad, la flexibilización y la adecuación a las demandas económicas supranacionales en vez de perseguir un modelo de relaciones laborales cuyo pilar fundamental sea el empleo de calidad que pueda servir de motor para el desarrollo económico. La consecuencia de estas medidas son más que evidentes cuando se relacionan con el aumento de personas que han sido excluidas del mercado laboral teniendo que recurrir al sistema de protección social. Un sistema de protección social que, aun siendo la seña de identidad del estado del bienestar de los Estados europeos, está experimentando un claro retroceso. Estamos viendo como se ha instalado de nuevo un modelo de beneficencia propio de épocas anteriores, que no puede asumir al incremento de personas más vulnerables de exclusión social.  

Esperemos que vengan tiempos mejores y el tan deseado desarrollo económico se compagine con un modelo de protección también desarrollado.

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