FEDERACIÓN STECyL-i
El Congreso dió, con su aprobación en el Pleno, el primer paso para que la nueva ley orgánica de educación que ha de sustituir a la LOMCE sea una realidad en los próximos meses. Aún falta su paso por el Senado y, la eventual vuelta al Congreso para su aprobación definitiva, en caso de que la cámara alta introduzca alguna modificación en el texto que aprueba hoy el Congreso de los diputados. Desde STEs celebramos que se presentasen algunas de las enmiendas acordadas conjuntamente por los grupos parlamentarios que sustentan al gobierno.
Hay que dar pasos más firmes en la laicidad del sistema educativo, porque la Religión seguirá siendo materia de oferta obligatoria, a pesar de que ya no se evaluará. Se suele tachar de radicalidad por parte de por parte de los sectores reaccionarios y conservadores hacia quienes defendemos la laicidad de la educación pública en consonancia con los valores constitucionales. Sin embargo la radicalidad de mantener una enseñanza confesional en un sistema público a costa de currículo, horas docencia y organización de materias, es lo más parecido a un extremismo de muy corta racionalidad y que no ha asumido la normalidad democrática en cerrar una de las herencias del franquismo.
En España no peligra la libertad de creencia, ni la libertad para elegir centro educativo. Esa libertad ya existe. Lo que se cuestiona es el hecho de que esa opción tenga que ser financiada con dinero público. Sin embargo la enseñanza confesional se sitúa por encima de los valores constitucionales para seguir adoctrinando y excluyendo a quienes no piensan del mismo modo dentro del sistema público educativo. Sin embargo parece que la nueva Ley la nueva Ley no va a resolver viejos vestigios como la presencia de la Religión como asignatura de oferta obligada en el currículo.
Un currículum coherente para una buena formación del alumnado implica dar cumplimiento a los valores constitucionales. Si hay una asignatura necesaria, y en la base de todas las demás, es precisamente la Ética. Lo asombroso es que un gobierno humanista y laico como el se haya opuesto a una asignatura histórica y fundamental como es la Ética.
Debe haber un compromiso con la mejora de las condiciones laborales del profesorado, que en la ley no se menciona.
Falta un nuevo modelo de ingreso a la función pública docente, porque el actual está obsoleto y no garantiza la consolidación del profesorado interino.
La reducción de ratios es otro de los elementos fundamentales del sistema educativo que no se modifica en el texto que se va conociendo.
Debe asegurarse la financiación del sistema público educativo, con un aumento del presupuesto que, al menos, nos iguale con lo que destinan los países europeos a su educación pública.
La modificación de los currículos es también imprescindible para avanzar en un modelo de enseñanza no memorístico y que potencie las competencias del alumnado.
La ofensiva que están protagonizando las derechas y las patronales de la enseñanza privada concertada, con el apoyo de otras organizaciones representativas de esta enseñanza subvencionada con dinero público y en la que están utilizando a menores en sus protestas, es un tema político. No responde, pues, a planteamientos educativos ni pedagógicos. Responde a la defensa de unos privilegios que se han dado en España, que se han incrementado con la aprobación de la LOMCE en diciembre de 2013 y que no se dan en el resto de países europeos, salvo alguna rara excepción.