Organización de Mujeres de STE – SALAMANCA
En estos días de confinamiento no podemos dejar de pensar en la situación que viven muchas mujeres, niñas y niños que están a merced de un hombre maltratador las 24 horas del día. Si en una situación de «vida normal» ya es una aberración tener que soportar estas condiciones, lo que ahora sufren es inhumano. Desde el gobierno se proponen salidas a esta situación, pero las mujeres maltratadas psicológica y físicamente tienen que ser conscientes de que esa salida es segura, que no tendrá repercusiones ni para ellas ni para sus hij@s. Tienen que ser conscientes de que la situación que viven no es justa y que merecen ese derecho a una vida digna. Y por eso creemos que es tan importante una educación pública, laica, coeducativa, inclusiva, feminista y gratuita que no tenga censuras. Es necesaria una educación sexoafectiva integral y obligatoria desde la infancia, para poder vivir una sexualidad libre, sin culpas y sin violencia, consentida y deseada. Y es que educar en derechos constitucionales no es adoctrinamiento. Educar en derechos es prevenir para que las mujeres en particular y la sociedad en general, no vuelvan a encontrarse tan indefensas.
Queremos salir de este confinamiento, de este «quédate en casa», con garantías de que los cuidados no han recaído, una vez más, sobre las mujeres. Queremos que la brecha de género no se agrande sobre la situación de empleos precarios que no se pueden mantener por esta pandemia, y porque las mujeres vuelven a encargarse principalmente de los cuidados. Y otra vez más volvemos a echar en falta una educación que sensibilice a alumnos y a alumnas sobre la igualdad, sobre el reparto equitativo de la «reproducción social», todo ese trabajo remunerado y no remunerado que tod@s deberíamos hacer para que las trabajadoras y los trabajadores puedan llegar a los trabajos y ganar un sueldo…
No hablaremos en esta ocasión, aunque sería imprescindible cuestionar, de todos los suelos pegajosos y los techos de cristal con los que nos encontramos las mujeres, y que podrían eliminarse si empezamos a plantearnos desde la educación la injusticia que representan, sin olvidarnos de un sistema social, político y legal que lo respalde.
Por eso, desde STECyL-i no podemos entender la pretensión de políticas como el «PIN parental» por lo que significan de involución para la situación de la educación en la actualidad. Consideramos que no podemos permitirnos, «con la que está cayendo», un veto educativo, una forma de violencia contra la tarea docente y contra el derecho de las niñas y niños a recibir una educación integral. Se trata de un boicot a la Escuela Pública que no podemos tolerar. Rechazamos las injerencias de determinados grupos de presión y partidos políticos que, con una deriva ideológica retrógrada, pretenden ejercer el poder de veto sobre las actividades complementarias que potencian la educación en valores de respeto, tolerancia, solidaridad y libertad, contribuyendo con ello a forjar una mejor ciudadanía y a evitar lacras tan lacerantes como el bullying, la homofobia, la violencia de género, la xenofobia o la aporofobia.
La educación pública no es la carta de un restaurante donde se escoge en función de los gustos, es un servicio público que contribuye, como ningún otro, a la equidad y al avance de la justicia social. Afortunadamente la inmensa mayoría de los padres y las madres son plenamente conscientes de ello y quieren una educación basada en los valores ciudadanos y en los derechos a la información, la libre expresión y la reflexión que el alumnado tiene, además de confiar en los profesionales educativos para fortalecer esos valores a través de materias, charlas o talleres que el centro haya tenido a bien hacer sobre feminismo, identidad de género, violencia machista o diversidad LGTBI.
Lo que pretenden llamar «pin parental» es la autorización expresa que harían los padres para que sus hijos recibieran o no información sobre determinados asuntos. Eso requiere una comunicación previa por parte de los centros del contenido de cualquier charla, taller o actividad. La exigencia de que se habilite ese veto parental no abarca todo los contenidos sino sólo los referidos a temas como identidad de género, sexualidad o feminismo, asuntos que suelen ser motivo de charlas o talleres contemplados en los planes educativos de los centros y, por tanto, que se hacen en horario escolar y es obligatorio asistir a ellas.
Cuando alguna de estas enseñanzas se incluyen en la programación de los centros es porque han sido aprobadas por el Consejo Escolar, un órgano de gobierno de los centros en los que están representados las madres y los padres, las profesoras y los profesores, el personal no docente del centro y, a partir de la ESO, el alumnado. Cuando nos dicen que «adoctrinamos» al alumnado nos están insultando y faltando al respeto a cada una de las personas que nos dedicamos a la educación.
Las presiones y las amenazas sobre equipos directivos y docentes, que ya hemos padecido en algunos centros de nuestra comunidad y de nuestra provincia, no harán que los profesionales de la educación acepten esta inadmisible injerencia, ni tampoco se aceptará desde aquellas organizaciones que hemos luchado históricamente por una Escuela inclusiva, libre de odios y de prejuicios. Desde el STECyL-i hemos elaborado una guía en la que informamos sobre la normativa que ampara todas las actividades encaminadas a la formación del alumnado en igualdad, educación sexual y diversidad. Y es que los centros, de conformidad con la normativa vigente, están obligados a desarrollar sus proyectos educativos y sus reglamentos de organización y funcionamiento desde el principio general de respeto a la libertad y a los derechos de identidad de situaciones proporcionando información y formación a la comunidad educativa y favoreciendo el aprendizaje y la práctica de valores basados en el respeto a las diferencias y en la tolerancia a la diversidad sexual.
Es ilegal que organizaciones machistas y xenófobas fomenten el discurso del odio rechazando el trabajo por la igualdad y el respeto a la diversidad. No pueden intimidarnos con la amenaza de procesos judiciales porque las que no cumplen con la legalidad son ellas, que atacan a la libertad de cátedra, la autonomía pedagógica y la formación integral amparada en las leyes y en la propia constitución.
Demandamos a la Junta de Castilla y León y a la consejería de educación el respaldo al profesorado, que trabaja por el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así como la valoración crítica de las desigualdades, que permita superar comportamientos sexistas. Pedimos que se reprueben las injerencias que responden a fines espurios e intereses inconfesables. Desde la Constitución hasta la Convención sobre los derechos de la infancia, el tejido legal protege el interés superior del menor y sus derechos y garantías.
A quienes están alimentando este falso debate sobre la censura educativa les pedimos que saquen las manos de la Escuela y respeten a sus propias hijas e hijos, y a los profesionales de la educación.
Con esto queremos contribuir, desde la educación, a que la interpretación de esta crisis sanitaria sin precedentes tenga un análisis en perspectiva de género y no nos haga perder derechos que ya estaban en camino de consolidarse. No queremos más que tener igualdad en una sociedad que hasta ahora ha sido desigual, sobre todo con las mujeres.