FEDERACIÓN STECyL-i
Debemos empezar nuestro análisis desde la incredulidad por los cambios sufridos, motivados por la pandemia de COVID-19, que ha cambiado nuestro mundo de manera inimaginable.
Este curso seguimos en una complicada situación política con continuos enfrentamientos entre gobierno y oposición. Una oposición que utiliza la pandemia y la crisis que está provocando con fines partidistas y muy alejados de las necesidades reales de la población más vulnerable.
La situación económica deja en nuestro país un panorama desolador. Desde que se declarase la pandemia de COVID 19 y durante el segundo trimestre de este año se produjo un desplome de la actividad siendo el mayor de toda la UE. El Fondo Monetario Internacional pronostica para este año una caída en la actividad del 12,8%, que nos sitúa como farolillo rojo a la cola de la recuperación entre los países europeos. Las previsiones publicadas el martes 13 de octubre dejan además a España fuera de la mejoría de más de dos puntos que el organismo prevé para los países más desarrollados respecto a su análisis de junio. Informes de distintos organismos explican que se debe a unas medidas de confinamiento más duras que en la mayoría de países y a una economía muy dependiente de los sectores más golpeados por la pandemia, como el turismo, la hostelería, el ocio, el transporte y las actividades que requieren la interacción social.
El Banco de España ha empeorado sus previsiones económicas para nuestro país y ya descarta un “escenario de recuperación temprana” en el tercer trimestre y el cuarto de este año y prevé que la economía española registre una caída de entre el 10,5% y hasta el 12,6%, en el conjunto del año, en caso de materializarse la situación epidemiológica más desfavorable, al tiempo que empeora su pronóstico sobre el crecimiento de 2021, augurando un repunte de entre el 4,1% y el 7,3%.
Por lo que respecta a las cuentas públicas, estima que el déficit público registrará un fuerte aumento en 2020, situándose en el 10,8% y el 12,1% del PIB en cada uno de los dos escenarios considerados.
Por su parte, la deuda pública experimentaría en 2020 un aumento de más de 20 puntos en el escenario 1 y de unos 25 en el escenario 2, hasta situarse en el 116,8% y el 120,6% del PIB, respectivamente. Esta ratio continuaría aumentando en los dos años siguientes: entre el 115,4% y el 125,6% en 2021 y entre el 118% y el 128,7% en 2022, en función de cada escenario.
En sentido contrario, los recursos que España podría recibir del fondo europeo de recuperación suponen una oportunidad para mejorar significativamente las perspectivas de nuestra economía. El fondo europeo tiene como objetivo paliar las divergencias entre los distintos países europeos en términos del impacto de la crisis. En este sentido, España sería uno de los Estados miembros más beneficiados, dadas la severidad comparativamente mayor del impacto del Covid-19 sobre nuestra economía hasta la fecha y la probabilidad elevada de que las secuelas tengan un carácter más persistente.
Los nuevos brotes del virus que se están produciendo obligan a cerrar una vez más la economía. Y las ayudas europeas están encontrando dificultades en Bruselas para salir adelante. La idea de que el fondo de recuperación no esté listo para ser desembolsado en 2021 supondría un nuevo jarro de agua fría al tan ansiado repunte de la actividad.
El mercado laboral tampoco ofrece una imagen favorecedora. La tasa de desempleo en España quedará este año y el próximo en el 16,8%, casi dos puntos por encima de los datos que arrojó la Encuesta de Población de Activa en el segundo trimestre. Según los datos del FMI, España no podría recuperar su tasa de paro previa a la pandemia al menos hasta 2026. Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han logrado el efecto de contener la sangría del desempleo. En octubre hay 728.000 personas afectadas por ERTE, unos mecanismos de protección del empleo que el pasado abril llegaron a sumar 3,4 millones de trabajadores. Pero esta cifra previsiblemente va a aumentar con las nuevas soluciones que ofrece el decreto pactado el pasado mes de septiembre por el Gobierno y los agentes sociales.
La Organización Internacional del Trabajo estima que la reducción en todo el mundo de horas trabajadas en el segundo trimestre de 2020 respecto al último de 2019 equivale a la pérdida de 400 millones de empleos a tiempo completo. Las mujeres, especialmente las que trabajan en la economía informal, son las que más afectadas se han visto por los confinamientos decretados por las autoridades para frenar al coronavirus.
La pandemia nos ha puesto ante la tesitura de impulsar un cambio que avance hacia un proyecto ecosocial, justo y democrático o bien seguir la senda que nos lleva hacia el agotamiento de los recursos, la exclusión social y la vulneración de los derechos humanos. Avanzar en el proceso de descarbonización de la economía tiene que ir acompañado de medidas de transición justa para la clase trabajadora, lo que significa empleo más sostenible, estable y de calidad. No queremos las viejas recetas neoliberales vestidas de verde.
El ciclo para fomentar las reivindicaciones ha entrado en una fase nueva caracterizada por las dificultades para la acción colectiva debido a las restricciones que impone la pandemia. Aun así, se están produciendo movilizaciones laborales pese a la imposición de servicios mínimos que asfixian el ejercicio del derecho de huelga.
En el plano de nuestra CCAA, estamos en el segundo año de legislatura del gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos. Se han producido algunas dimisiones, como la del Consejero de Empleo Germán Barrios o la Directora General de Recursos Humanos Araceli Valdés. Las políticas desarrolladas durante la pandemia no han sido de confrontación con el gobierno estatal en el ámbito sanitario, aunque sí se ha dado un cierto seguidismo de los planteamientos del PP estatal en otras cuestiones.
A STECyL-i como sindicato que se define como autónomo, profundamente independiente de partidos y de la administración, no nos corresponde entrar en la batalla de la confrontación política, pero sí que nos tocará de nuevo trasladar a los grupos políticos nuestras reivindicaciones, entre las que habremos de priorizar la defensa de los servicios públicos y del empleo público, las propuestas de mejora de las condiciones laborales de aquellos a quienes representamos, la defensa de los derechos sociales y la profundización en los valores democráticos.
Y tal y como venimos reclamando, nuestra acción sindical en los próximos meses estará encaminada a impulsar y reclamar un compromiso presupuestario para incrementar la inversión en educación, en especial y prioritariamente la destinada a los Centros Públicos de las enseñanzas escolares y universitarias, que propicie el aumento progresivo del gasto público educativo hasta alcanzar el porcentaje del PIB medio de la OCDE. Porque estamos convencidos de que la inversión en educación es el mejor motor de salida de esta nueva crisis, para avanzar en la igualdad y progreso de la sociedad de Castilla y León. Se precisa corregir las carencias y garantizar el aumento de la calidad y equidad del sistema educativo que durante el confinamiento hemos visto que ha quedado muy tocado. La brecha social y digital existente en nuestra comunidad debe reducirse con un compromiso en recursos y medios económicos y personales. A la vez reclamaremos la conveniencia de buscar un amplio consenso social y político en materia de políticas educativas y que las reformas den estabilidad y contribuyan a la mejora de nuestro sistema educativo público.
En relación con el Ministerio de Educación y Formación Profesional consideramos que ha sido incapaz de avanzar en la negociación sindical. Durante el confinamiento ha actuado de forma totalmente unilateral y apenas ha convocado a la Mesa Sectorial y ha publicado normativas que no han sido negociadas con las organizaciones sindicales y que han culminado con la aprobación de un Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, ratificado en el Congreso el 15 de octubre.
La denominada ‘ley Celaá’ retomó su andadura en el Congreso el 22 de septiembre. A la vista de las enmiendas planteadas tanto por el PSOE-Unidas Podemos como por el Partido Popular va a tener un desarrollo parlamentario muy bronco en los temas ya conocidos.
Llevamos tiempo repitiendo que nos enfrentamos a una realidad que nos recuerda que no hay derechos definitivamente conseguidos y que para mantener los que ya tenemos necesitamos no rendirnos. Para no perder de vista que no podemos aceptar el recorte de los servicios públicos porque supone la desprotección de la mayoría de la población, que nos seguiremos oponiendo a esta campaña de desprestigio de lo público y de sus empleados y empleadas. Es útil hacer memoria para recordarnos lo ingente y difícil que es la tarea que tenemos por delante. De resistencia y de lucha por la restitución de derechos: queremos, una sociedad más justa, igualitaria y sin discriminaciones de ningún tipo y la queremos para todas las mujeres y hombres de nuestra comunidad.