Editorial

Vacunación del personal de los centros educativos, improvisación y descoordinación.

Una buena noticia, empañada por la inexistente coordinación entre las Consejerías de educación y sanidad.

Para STECyL-i la vacunación del personal de los centros educativos en el grupo 6 con los colectivos en activo con una función esencial para la sociedad ha sido una decisión muy bien acogida. Consideramos que va a permitir avanzar en la lucha contra el COVID-19 y reducir el volumen de contagios. Desde que se inició la vacunación por colectivos, definida en la estrategia de vacunación por la Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, hemos defendido que se vacunase  a todo el personal de los centros sin excepción, como se había realizado la vacunación en las residencias de personas mayores.

Como ya sabemos, esto no ha sido así. A las continuas demandas de información sobre esta cuestión solo hemos recibido silencios y mensajes confusos por parte de responsables de la Consejería de Educación  En la mayor parte de los casos han sido las propias compañeras de los centros quienes nos han trasmitido días, fechas y forma en la que se iba a vacunar en las diferentes provincias, cuando no nos hemos enterado a través de los medios de comunicación.

Los cinco sindicatos de la Mesa sectorial también solicitamos una reunión con la Directora General de Salud Pública con el fin de que nos explicase cómo se iba a realizar la vacunación en los centros educativos. No hemos recibido ninguna respuesta.

En cada provincia se ha actuado de forma diferente. Las Gerencias de atención primaria han ido estableciendo un calendario propio sin que educación fuese capaz de dar la más mínima información, ni siquiera a sus Directores provinciales, que se enteraban a posteriori o, en el mejor de los casos, el día anterior a comenzar la vacunación.

La Consejería de educación envió los listados a Salud pública en torno al 23 de febrero y, en teoría, es con esos listados con los que se ha procedido a vacunar. La realidad es que cada provincia ha actuado de forma diferente con sus profesionales. La falta de un criterio claro para establecer los grupos a los que se debía vacunar ha hecho que cada Dirección Provincial haya incorporado a unos profesionales u otros en estos listados.

Tenemos constancia de que se ha excluido a personal no docente en alguna provincia: el caso de Palencia es especialmente sangrante puesto que no se ha vacunado al personal laboral (ordenanzas, limpieza, etc) ni al personal funcionario de secretarías. En Valladolid también se ha asistido al agravio comparativo gratuito ya que dentro del mismo centro  o dentro de la misma competencia funcional  o Cuerpo hay personal vacunado o no. Incluso que se ha tenido diferente criterio con el profesorado en excedencia, profesorado colaborador, o incluso en comisión de servicios en los CFIEs. Unas provincias han incluido a monitoras de comedor y acompañantes del transporte escolar y otras no.

Este despropósito se debe claramente a la falta de liderazgo de la Consejería de educación que debería haber definido los grupos a los que se debía vacunar en este momento de acuerdo con la estrategia de vacunación, de forma amplia para poder garantizar la seguridad sanitaria en todos los Centros educativos, sin excepción.

La Consejería ha dejado sumidos en una total desinformación al personal de los centros educativos, no asumiendo su parte de responsabilidad en la coordinación necesaria.

A pesar de que la situación era complicada, por un lado, por las informaciones recibidas sobre la vacuna y por otro por las fechas elegidas, el personal de los centros educativos ha acudido cívicamente a los puntos de vacunación indicados para recibir su primera dosis de la vacuna de AstraZéneca. En un momento complejo la Sanidad Pública está garantizando el suministro de vacunas a toda la población. Es el momento de volver a felicitar a las y los profesionales de la Sanidad Pública que con su esfuerzo está logrando doblegar a este virus.

Un aspecto a tener muy en cuenta son los diversos efectos secundarios que se han producido tras la vacunación y que han durado entre 24 horas y 36 horas: fiebre alta, vómitos, fuertes dolores de cabeza, malestar general, etc. que han hecho permanecer en cama a muchas de las personas vacunadas. Por las fechas que se plantean para la segunda dosis, tanto quienes sean miembros de tribunales de oposición como muchos opositores, van a ser vacunados en la semana del 14 de junio en adelante si se cumplen las 10-12 semanas definidas para administrar la segunda dosis, en pleno proceso de oposición.

Solicitamos a la Consejería de educación que tenga previsto cómo se va a abordar esta situación ya que muchas compañeras y compañeros puede que sufran estos efectos secundarios, suponiendo un gran inconveniente para acudir en condiciones idóneas a un Tribunal o a un examen de oposición donde se juegan su futuro profesional.

Desde STECyL-i haremos todo lo posible para qué se arbitren las medidas oportunas para evitar perjudicar a opositoras, opositores y a las personas miembros de tribunales.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha recomendado en abril seguir administrando la segunda dosis de AstraZeneca después de un periodo de cuatro a 12 semanas tras haber recibido la primera. La agencia europea, que sigue investigando los casos muy raros de trombos que han recogido las autoridades nacionales, insiste en que los beneficios superan a los riesgos en todas las franjas de edad. La decisión llega después de que varios países de la UE, entre ellos España, haya restringido el uso de la vacuna. Dinamarca incluso dejó de administrarla a pesar de que la EMA había avalado su seguridad. La agencia sigue considerando que el fármaco de AstraZeneca, bautizado con el nombre comercial de Vaxzevria, es una buena arma para combatir la covid-19, que recordó que puede causar “enfermedades graves” e incluso la muerte en todas las eddades  e inlcuso estando sanas.

El gobierno se asesora por un estudio coordinado y financiado desde el ISCIII, gestionado por su Plataforma de Investigación Clínica y que ha tomado una decisión con una muestra muy pequeña. CombiVacs solo ha tomado muestra de 600 voluntarios. A 400 se les administró Pfizer y a 200 no se les administró ninguna segunda dosis. The Lancet ya publicó que no se deben mezclar vacunas por sus mayores efectos adversos y menores niveles de protección. Con esos resultados y ante la falta de consenso aquellas personas menores de 60 podrán elegir una segunda dosis con la misma vacuna de Vaxzevria, pero el Ministerio recomienda combinar segunda dosis con Pfizer.

Hemos visto que en  todo el mundo, en nuestros territorios, ciudades, barrios y pueblos han enfermado y muerto millones de seres humanos, gente cercana, amigos, familiares y sobre todo ancianos y personas vulnerables. La pandemia ha traído  restricciones de derechos y libertades  y un aumento de las desigualdades y especialmente las relacionadas con la salud. Esta pandemia que fue declarada hace un año ha causado ya 3 millones de muertes según la OMS. Después de una gesta científica sin precedentes y con una aportación ingente de fondos públicos se dispone de vacunas de alta eficacia que supone una esperanza de acabar con la catástrofe humanitaria provocada por el virus. Sin embargo la vacunación discurre ralentizada por un régimen de producción y llegada de vacunas que es insuficiente. Además la vacunación se altera por alarmas de efectos secundarios graves que solo suponen un 0,00009% frente al 16% del riesgo de tener consecuencias graves por no tener vacunas. La producción, distribución y administración de vacunas está atada a la competición entre laboratorios y países. Las patentes, el secretismo de los contratos y la falta de transparencia son sus causas. La inversión pública global en la vacuna de la Covid-19 supera los 25.000 millones de euros, incluyendo el desarrollo, la implantación y la distribución. Esta inversión pública contrasta con el hecho de que la gestión posterior de las patentes está suponiendo unos grandes beneficios para el sector privado. Los principales laboratorios han repartido entre sus socios capitalistas 21,610 millones con un valor para vacunar a 1300 millones de personas. Pfizer y Moderna se están alzando  como  las vencedoras de una guerra entre laboratorios con unos precios que rondan  entre los  11,22 y 61,50€ por la inmunización completa y quieren seguir aumentando dosis y precios. Todo ello frente a 2,5€  de Astrazeneca y 8,4€  de Janssen por sus inmunizaciones. La desigualdad mundial en el reparto con la consiguiente escandalosa pugna entre países ha hecho posible que de la desgracia salga una nueva ola de enriquecimientos millonarios de los gestores de los laboratorios: en los países ricos la  vacuna llega a 1 de cada 4 y en los pobres, en el mejor de los casos, a 1 cada 500 puesto que a  algunos no ha llegado la vacuna. Esto alimenta que el virus siga sin control infectando y provocando mutaciones que hacen  ineficaces las vacunas actuales y que los países dependan del ansia de laboratorios con patentes protegidas. Las principales farmacéuticas se oponen a compartir la tecnología y la suspensión de patentes.

Por ello exigimos:

A las autoridades estatales y europeas, que activen los mecanismos excepcionales que tiene la legislación internacional, por lo que las industrias farmacéuticas que disponen de vacunas de probada eficacia liberen las patentes, y permitan compartir conocimiento y producción para acelerar la inmunización de todas las personas, y para prevenir la aparición y extensión de nuevas variantes. Los criterios de salud pública y el derecho a la salud de las personas por encima del negocio.

Que las negociaciones estén sometidas a transparencia y que los acuerdos establecidos y sus condiciones se hagan públicos. 

Que se invierta en el sistema sanitario público ya que  cualquier causa que atrase la vacunación y la lucha por garantizar el derecho a la salud de toda la población, impide cualquier recuperación y enriquece a unos pocos millonarios.

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