STECyL-i denuncia que no se tome ninguna nueva medida en los centros escolares a pesar de la gravedad de la situación social.
Publicado el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS- CoV-2, sorprende que no se recoja ninguna mención al ámbito educativo, excepto que la “asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil” permite la movilidad entre comunidades autónomas. Esperaremos a los próximos días para ver si el Gobierno de Castilla y León define alguna medida nueva en nuestra autonomía, aunque somos escépticos.
Nuestra preocupación se basa en el informe de la situación de brotes de COVID19 del 23 de octubre de 2020 del Ministerio, que indica que “Los brotes en centros educativos suponen el 13,4% de los brotes y el 12,9% de los casos, observándose un aumento respecto a las semanas previas”. Era de prever, STECyL-i ya avisó que se tardaría tiempo en ver si las medidas aplicadas en el ámbito educativo funcionaban, y ya podemos concluir que si no se toman nuevas medidas iremos a peor en las próximas semanas aún con el estado de alarma declarado.
Nuestro escepticismo se debe a que en cada protocolo publicado se trata de buscar el mínimo impacto económico por encima de la máxima seguridad, que debería ser la principal meta. Que no queremos invertir en educación para no descuadrar las cuentas, pues pedimos a la comunidad educativa que se retracte en su propuesta inicial de no hacer grupos de más de 15 personas, y tirando de Lakoff inventamos algún término como “grupo estable de convivencia” o “grupo burbuja” y así transmitimos seguridad, y asunto tapado que no solucionado. Que el alumnado no cabe en las aulas, pues decimos a la comunidad científica que se retracte en su primera opinión de mantener la distancia interpersonal de 2 metros por 1,5 metros, ahora si entran todos los pupitres y no hay que buscar nuevos espacios. Que aparecen los primeros casos, pues redefinimos qué es contacto estrecho y hacemos menos PCR, menos aislamientos y menos cuarentenas. Que nos hablan de la transmisión por aerosoles, pues pedimos abrir ventanas en todas las aulas, a pesar del frío y que en algunos casos no mejore la ventilación, sino que llegue a perjudicar, como han dicho ya varios colegios de ingenieros. Que no damos abasto con los rastreos, pues que los hagan los propios centros, el responsable COVID o quien sea, pero por favor que haya el menor número de casos que seguir que no tenemos medios suficientes.
Por eso, STECyl-i exige que no se obvie los preocupantes datos al alza de contagios y brotes en los centros educativos y se revisen protocolos, dando más peso científico a la prevención y menos injerencia política en la ejecución.
Lo han vuelto a hacer. Tengo que confesar que es inasumible para un sindicato de clase que, una vez más, se haya dado el respaldo a la enseñanza concertada. Esto conlleva una segregación del alumnado por cuestiones ideológicas, además de las sociales.
Es, sobradamente conocida, la importancia que tiene la educación para la cohesión social, asegurando su acceso en términos de igualdad efectiva. Uno de los objetivos esenciales de la enseñanza pública es la apuesta por evitar la brecha educativa, garantizando una educación integral e inclusiva.
Sabemos hasta la fecha que estos objetivos, aparentemente evidentes, han quedado muy lejanos en sus logros. La pandemia puso en evidencia la brecha social y económica de muchas de las familias, a pesar de los intentos de nuestros profesionales para salvar escollos. Nunca podremos hablar de educación inclusiva cuando desde el Ministerio de educación se siguen aumentando los conciertos con la educación privada.
En el trasfondo queda ese Concordato que intenta aferrarse a la confesionalidad de nuestra sociedad. Para ellos cuenta con una red privada concertada que es mayoritariamente católica y con una asignatura como materia optativa dentro del horario lectivo que imparten los mal llamados profesores de religión ( delegados de la diócesis, designados por los obispos, cuya misión es llevar la palabra de Dios a los centros educativos, eso sí con el dinero que aporta el Estado y que pagamos todos los contribuyentes, restándolo a unos recursos ya menguados hace tiempo) Estos mal llamados profesores de religión han visto consolidada su relación laboral por encima del profesorado interino, considerándolos como un servicio público. ¿Dónde queda nuestra constitución y nuestros derechos?
La pandemia no ha venido sino a agudizar la cuestión, en los colegios públicos, los llamados grupos burbuja se han quedado sin profesores de educación física y música para evitar contactos externos pero el mal llamado profesor de religión se ha considerado indispensable, en una educación pública y laica.
Conocemos las carencias y dificultades de la enseñanza pública, en muchas zonas rurales de Castilla y León, donde se sufre la competencia directa de la privada concertada, con lo que se debilita aún más el mantenimiento de una educación pública (acoso a la enseñanza pública). Incluso se pretende que esos mal llamados profesores de religión impartan una asignatura que se denominaría VALORES, ¿De qué valores estamos hablando? Mientras quedan suprimidas y reducidas al mínimo las enseñanzas de ÉTICA Y FILOSOFÍA, que nos ayudan a pensar de forma independiente, dándonos unos criterios válidos a toda la ciudadanía.
Nuestros alumnos necesitan valores en igualdad, respeto, equidad, libertad, etc… pero ¿son necesarios esos valores vistos a través de un prisma religioso?
Todo ello nos conduce a una situación clara: LA RELIGIÓN NO SE TOCA, un nuevo fiasco para nuestra enseñanza pública que sigue sin ser laica e independiente. (Rosalina Miguel Sánchez).
El Congreso dió, con su aprobación en el Pleno, el primer paso para que la nueva ley orgánica de educación que ha de sustituir a la LOMCE sea una realidad en los próximos meses. Aún falta su paso por el Senado y, la eventual vuelta al Congreso para su aprobación definitiva, en caso de que la cámara alta introduzca alguna modificación en el texto que aprueba hoy el Congreso de los diputados. Desde STEs celebramos que se presentasen algunas de las enmiendas acordadas conjuntamente por los grupos parlamentarios que sustentan al gobierno.
Hay que dar pasos más firmes en la laicidad del sistema educativo, porque la Religión seguirá siendo materia de oferta obligatoria, a pesar de que ya no se evaluará. Se suele tachar de radicalidad por parte de por parte de los sectores reaccionarios y conservadores hacia quienes defendemos la laicidad de la educación pública en consonancia con los valores constitucionales. Sin embargo la radicalidad de mantener una enseñanza confesional en un sistema público a costa de currículo, horas docencia y organización de materias, es lo más parecido a un extremismo de muy corta racionalidad y que no ha asumido la normalidad democrática en cerrar una de las herencias del franquismo.
En España no peligra la libertad de creencia, ni la libertad para elegir centro educativo. Esa libertad ya existe. Lo que se cuestiona es el hecho de que esa opción tenga que ser financiada con dinero público. Sin embargo la enseñanza confesional se sitúa por encima de los valores constitucionales para seguir adoctrinando y excluyendo a quienes no piensan del mismo modo dentro del sistema público educativo. Sin embargo parece que la nueva Ley la nueva Ley no va a resolver viejos vestigios como la presencia de la Religión como asignatura de oferta obligada en el currículo.
Un currículum coherente para una buena formación del alumnado implica dar cumplimiento a los valores constitucionales. Si hay una asignatura necesaria, y en la base de todas las demás, es precisamente la Ética. Lo asombroso es que un gobierno humanista y laico como el se haya opuesto a una asignatura histórica y fundamental como es la Ética.
Debe haber un compromiso con la mejora de las condiciones laborales del profesorado, que en la ley no se menciona.
Falta un nuevo modelo de ingreso a la función pública docente, porque el actual está obsoleto y no garantiza la consolidación del profesorado interino.
La reducción de ratios es otro de los elementos fundamentales del sistema educativo que no se modifica en el texto que se va conociendo.
Debe asegurarse la financiación del sistema público educativo, con un aumento del presupuesto que, al menos, nos iguale con lo que destinan los países europeos a su educación pública.
La modificación de los currículos es también imprescindible para avanzar en un modelo de enseñanza no memorístico y que potencie las competencias del alumnado.
La ofensiva que están protagonizando las derechas y las patronales de la enseñanza privada concertada, con el apoyo de otras organizaciones representativas de esta enseñanza subvencionada con dinero público y en la que están utilizando a menores en sus protestas, es un tema político. No responde, pues, a planteamientos educativos ni pedagógicos. Responde a la defensa de unos privilegios que se han dado en España, que se han incrementado con la aprobación de la LOMCE en diciembre de 2013 y que no se dan en el resto de países europeos, salvo alguna rara excepción.
En la actualidad disponemos de suficiente información científica como para saber que las mujeres embarazadas son un grupo de riesgo ante la COVID-19, ya que de contraer la enfermedad tienen más probabilidades de entrar en cuidados intensivos, de requerir ventilación mecánica, de que sus bebés nazcan por cesárea o de sufrir un trombo en el parto y es por ello que en teoría son catalogadas como trabajadoras de especial sensibilidad según el protocolo COVID que se publicó en septiembre en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León; pues bien, sorprendentemente, dos meses después, mientras el embarazo de nuestras compañeras avanza, continúan esperando algún tipo de información útil a este respecto. Durante estos dos meses se han estado pasando la pelota las mutuas y las Direcciones provinciales de Educación emitiendo informaciones contradictorias y elaborando informes generales sin tener en cuenta la situación particular de cada mujer, atreviéndose a dictaminar que el riesgo al que están expuestas ellas y sus bebés era bajo por lo que no se hacía necesario tomar ningún tipo de medida específica al respecto.
Desde el STE hemos trasladado a los responsables de Educación que dada la situación pandémica actual se dé de baja de manera inmediata a estas mujeres embarazadas porque no sabemos las consecuencias que puede tener para sus criaturas: ¿riesgo de asma de por vida? ¿deficiencia pulmonar? Y no se puede esperar a tener estudios por el peligro que entraña.
STACYL quiere recordar que, mientras algunos claman contra una mínima subida salarial al personal empleado público del 0,9% e incluso piden una congelación de los salarios, este personal ha sido una pieza fundamental para garantizar la salud y cuidado de la ciudadanía durante esta época de pandemia.
Esta organización sindical también recuerda que el personal empleado público sólo ha recuperado 3,3 puntos de poder adquisitivo de los 14 que perdió durante la crisis de 2010 a 2016.
En 2010 se llegaron a recortar los salarios públicos un 5% y después las remuneraciones estuvieron congeladas hasta 2016.En definitiva, la pérdida de poder adquisitivo del personal empleado público durante la última década seguirá siendo muy superior a las ganancias de los últimos años.
Asimismo, STACYL insiste en que se está hablando de una posible subida salarial del 0,9%, que supondrá apenas unos euros más, mientras que quien pide nuestra congelación salarial gana alrededor de 186.000€ al año.
STACYL subraya que, durante todo este tiempo de pandemia, han sido y son los servicios públicos los que han garantizando, no sólo la salud, sino la supervivencia de las personas. Ha sido y es el personal empleado público, junto a otros sectores esenciales, quien está manteniendo que esta crisis no nos arrolle aún más.
STACYL declara que el personal que atiende los servicios públicos no se merece el desprecio de un gobierno regional que debería protegerlos, porque han sido y son la respuesta más segura y firme en esta crisis sanitaria, social y económica.
El último botón de muestra es el Decreto 2/2020 que supone un recorte a los derechos de las y los trabajadores de nuestra Sanidad. No solo no han contratado personal, ni sabemos en qué se han gastado los dineros que se han librado a la Junta desde el Gobierno, sino que la única solución que se les ocurre es machacar la moral de nuestros sanitarios. Luego se quejarán de que no encuentran personal.
Es evidente que el personal sanitario está siendo el más castigado con la pandemia, ya que tras los aplausos han venido los contratos precarios e indignos, y por si ello fuera poco, ahora este atropello en forma de Decreto, pero también son personal empleado público las personas que igualmente se juegan la vida en los centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales.
También es personal empleado público quienes han estado tramitando las ingentes demandas de ERTEs, de ayudas a autónomos, de desempleo o de ayudas a familias. En el ECYL, la Seguridad Social o en la Agencia Tributaria el personal no ha dado abasto.
Personal empleado público también son los docentes y no docentes de centros educativos que aún hoy no cuentan con mascarillas FPP2, ni distancias de seguridad en sus puestos de trabajo. Son también quienes trabajan en Agricultura, en Medio Ambiente, quienes lo hacen en Cultura, en Empleo o en Fomento, muchos de ellos poniendo sus medios para poder teletrabajar.
En definitiva, STACYL cree que el personal de los servicios públicos no se merece el desdén de quienes deberían protegerlos, porque han sido y son la respuesta más segura y firme en esta crisis sanitaria, social y económica.
Queremos que este artículo sirva para mostrar nuestro más sincero homenaje y agradecimiento al profesorado, que desde el primer momento supo plantarle cara al dichoso coronavirus y ponerse manos a la obra para que el alumnado estuviera lo mejor atendido posible y que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realizara en las mejores condiciones, dadas las circunstancias.
A la par tenemos que reafirmar nuestra crítica a la administración educativa, desde la punta de lanza que debería haber sido el Ministerio de Educación, hasta cada una de las Direcciones Provinciales y sin olvidarnos de la que más responsabilidad debería haber tenido y tiene en la gestión educativa de esta crisis sanitaria que es la Consejería de Educación de CyL, que en ningún momento ha estado a la altura. Lo que el profesorado fue capaz de solventar en un fin de semana, la administración educativa no ha sido capaz de gestionarlo eficientemente en más de ocho meses que ya han transcurrido desde que se declaró la pandemia.
Desde que nos confinaron el 15 de marzo del curso pasado, el profesorado, tras una primera dosis de vértigo, preocupación e incertidumbre, se puso manos a la obra y empezó a indagar sobre cómo atender a su alumnado y cómo salvar el proceso educativo en unas circunstancias sobrevenidas y tremendamente adversas, pero con un compromiso personal encomiable. Enseguida comenzó a investigar sobre cuál era el mejor camino para atender a sus alumnos y alumnas y a las familias (teléfono, whatsapp, email, plataformas varias…) y, donde no llegaba, empezó a hacer lo que siempre había hecho, trabajar en equipo y buscar la formación y asesoramiento de sus compañeros/as. Desde STELE participamos como espectadores privilegiados de esa red de colaboración y ayuda que se montó en pocos días entre profesorado, alumnado y familias, aun teniendo que hacer frente a los innumerables inconvenientes que se encontraron por el camino: falta de experiencia y formación en el manejo de herramientas informáticas para el teletrabajo, carencia de medios materiales, la brecha digital y social de muchas familias y, sobre todo, las numerosas instrucciones contradictorias que emanaban desde las instituciones educativas. A pesar de todo ello, los y las docentes comprendieron desde el primer momento que tenían que asumir su responsabilidad y ponerse al frente del proceso de aprendizaje para acompañar a su alumnado en un momento donde quizá lo de menos eran los contenidos curriculares, los estándares de aprendizaje o los criterios de evaluación y donde lo importante era mantener una normalidad, en una situación que era de todo menos normal, y lo hicieron sin escatimar esfuerzos, a costa de jornadas de trabajo interminables (muy por encima de su horario habitual) y usando, en la mayoría de los casos, sus propios medios materiales e incluso su propio dinero.
Atrás quedaron los días de pizarra y tiza, del café del recreo o del griterío de patios y pasillos. Todo quedó sustituido de un día para otro por interminables horas frente a las pantallas, clases online, envío de tareas, recepción de trabajos y ejercicios, atención de las familias y sus lógicas preocupaciones, reuniones de coordinación del centro, innumerables trámites burocráticos…, y todo esto impregnado de la normativa contradictoria que llegaba a diario desde la administración educativa. Aun con todas estas limitaciones, a nuestro entender, el curso se pudo sacar adelante con nota, gracias, como casi siempre, al gran esfuerzo realizado por profesorado, alumnado y familias.
Mientras que en ese tercer trimestre del curso pasado la docencia fluía con relativa normalidad, desde todas las organizaciones sindicales insistíamos ante los gestores educativos de CyL que era hora de ponerse manos a la obra para planificar con garantías sanitarias el presente curso escolar y está claro que no nos hicieron mucho caso. Medidas que ya por entonces todos teníamos muy claras (sobre todo las autoridades sanitarias): distancia social y el uso de mascarilla, pero, que para la administración educativa de nuestra comunidad no estaban tan claras, ya que todo lo miraban desde un punto de vista economicista y, una vez más, las veían como un gasto y no como una inversión. Esto unido al poco liderazgo mostrado por el Ministerio de Educación, que dejó en manos de las comunidades autónomas decisiones que le hubieran correspondido, hizo que quedase al arbitrio de la Junta de CyL la disyuntiva de elegir entre el uso de mascarillas o el distanciamiento social (distanciamiento que, por otro lado, pasó de un plumazo y por arte de magia de 2 m. a 1,5 m.), cuando cualquier experto tenía meridianamente claro (ya en junio) que era una suma de los dos. Por supuesto, nuestros dirigentes eligieron la medida más barata y conscientemente gestionaron un comienzo de curso que en nada se diferenciaba de el de cualquier otro año: ratios a tope, escasez de profesorado y ni un euro de inversión, más allá de lo gastado en hidrogeles, cartelitos y líneas pintadas en patios y pasillos. Esa aparente improvisación que todos percibimos en el comienzo de curso, desde STELE tenemos claro que ha sido una improvisación consciente, organizada desde la óptica neoliberal del gobierno que dirige esta comunidad, que tiene claro que lo que es de todos y todas no es lo prioritario.
En esta vorágine de gestiones administrativas dictadas desde los despachos de la Junta (de cara a la galería, la mayoría de ellas), los equipos directivos de los centros asumieron el protagonismo (sobre todo a partir de julio), con la clara intención de organizar un comienzo de curso lo más normalizado posible, a pesar de que un día les llegaban unas instrucciones y al día siguiente las contrarias y todo aderezado por una carga burocrática ingente que en muchos casos se demostró que no servía para nada. Los equipos directivos se convirtieron sin querer y, en muchos casos, sin saber en expertos en prevención de riesgos laborales, en arquitectos, diseñadores, pintores… Desarrollaron durante los dos meses de verano, a costa de sus vacaciones, cualquier trabajo que se le ocurría a la administración, y lo hicieron con el convencimiento claro de que lo prioritario era la salud de su comunidad educativa. Pero, tras tenerlo todo preparado la primera semana de septiembre, la lógica sanitaria de distanciamiento más mascarilla se impuso y tiró todo ese trabajo a la basura. Una vez más las direcciones de los centros (con el considerable cabreo y con algún conato de dimisión no aceptada) tuvieron que empezar de cero y diseñar un inicio de curso en pocos días, teniendo incluso que aguantar desplantes y broncas por parte de la administración, una administración que fue y es la verdadera causante de semejante caos y desorganización. A pesar de todo, el curso escolar 20/21 arrancó, de forma caótica, improvisada, sin profesorado en muchas aulas, sin tener claras las medidas sanitarias…, lo que no hubiera sido posible sin la dedicación abnegada de los equipos directivos y del profesorado que desde el 1 de septiembre se incorporó a su trabajo dejando atrás sus miedos, incertidumbres y preocupaciones.
Ahora, ya plenamente metidos de lleno en el presente curso, seguimos con las mismas incertidumbres y miedos que hace meses y sin tener ni idea de por dónde avanzará la dichosa pandemia, pero tenemos muy, muy claro que si el proceso de enseñanza-aprendizaje sigue su proceso de una forma más o menos normalizada, bien de forma presencial (que es lo deseable) o telemática, lo hará gracias a la labor de la comunidad educativa, profesorado, alumnado, familias, personal de administración y servicios y equipos directivos y a pesar de las y los políticos que gestionan las políticas educativas de CyL.
El Instituto de Educación Secundaria Alfonso IX de Zamora es un centro con más de 50 años de historia. Comenzó como Granja Escuela “La Aldehuela” dependiente de la Obra Sindical de Colonización en la que se impartieron durante más de 25 años las enseñanzas de Capacitación Agraria y Formación Profesional Acelerada.
Desde 1979 a 1983 pertenece al Ministerio de Trabajo y desde ese año pasa a depender definitivamente del Ministerio de Educación y Cultura. Después de haber transcurrido diferentes etapas, en el año 1991 se incorpora como centro pionero de la provincia a la Reforma de las Enseñanzas Medias (R.E.M.) y en el curso 1992/93 a la implantación de los estudios de la LOGSE. En el año 1994 el Centro pasa a ocupar sus nuevas y definitivas instalaciones, y en el año 1999 las competencias son definitivamente transferidas desde el Ministerio de Educación a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
En la actualidad se imparten en el Centro 3 Ciclos Formativos de la Familia Agraria: Título Profesional Básico en Aprovechamientos Forestales, Técnico en Producción Agroecológica y Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural en la que están matriculados durante el presente curso 135 alumnos. El Centro cuenta con un edificio específico de Ciclos, así como una finca de aproximadamente 10 hectáreas, nave de maquinaria y jardines donde se realizan las prácticas de estos Ciclos. Este año, debido al elevado número de matrícula y el protocolo COVID se utiliza también algún aula del Edificio de ESO y Bachillerato.
La excepcionalidad del Centro se debe a que es el único dentro de la Comunidad Autónoma en el que se imparte formación agraria y forestal dependiendo de la Consejería de Educación, junto con el IES Torres de Villarroel en Salamanca en el que se imparte desde hace dos cursos el título de Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal. El resto de Centros Públicos donde se imparte esta familia formativa en Castilla y León: CIFP de Ávila, CIFP Príncipe Felipe (Albillos – Burgos), CIFP de Almázcara (León), CIFP Viñalta (Palencia), CIFP de Segovia, CIFP de Coca (Segovia), CIFP de Almazán (Soria) y CIFP La Santa Espina (Castromonte – Valladolid) son en la actualidad Centros Integrados de Formación Profesional dependientes de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
Esta anomalía, que no se da en el resto de Comunidades Autónomas, implica que existen diferencias sustanciales en cuanto al acceso y gestión del profesorado, dotación de medios humanos y materiales, gestión de las prácticas de los alumnos, y un sinfín de cuestiones relativas al funcionamiento de los Centros. Sirva como ejemplo que si ya es alarmante un 33% de interinidad en nuestro Departamento de Actividades Agrarias (3 de 9) lo es aún más en los CIFP citados en la que la práctica totalidad del profesorado es interino o contratado. A esto añadir la deficiencia en muchas de las instalaciones y equipos para realizar prácticas de nuestro Centro. Esto supone un grave agravio comparativo con los Centros dependientes de Agricultura, con una dotación mucho mayor en medios y personal.
Estas diferencias en la gestión y dotación de los Centros inciden en detrimento de la formación técnica de los alumnos, al contar nuestro Centro con menos medios para realizar actividades prácticas, teniendo una finca muy poco extensa, en comparación con las otras Escuelas, y con escaso personal laboral, habiendo sido privado de parte de esa finca y del personal hace unos años. Además, la situación planteada afecta al personal que trabaja en los Centros, en el nuestro porque no tenemos opciones de movilidad dentro de la autonomía y en los Centros de la consejería de Agricultura por la situación de interinidad, falta de estabilidad en las plantillas y la minusvaloración de esos puestos que se tiene dentro de la propia Consejería de Agricultura, junto con una falta de formación, vocación y especialización en materia docente.
Estas deficiencias y diferencias entre Centros en la gestión de la formación agroforestal se han visto todavía más acentuadas en este año de pandemia de especial dificultad para todos en el que hemos tenido que adaptar aulas y espacios de trabajo a la excepcionalidad del momento.
Entendemos que, como ocurre en el resto del país, la formación reglada debería ir gestionada e impartida por la Consejería de Educación, aunque, en los CIFP, las instalaciones, explotación y ganadería sigan dependiendo de la Consejería de Agricultura y Ganadería y se debería dotar a todos los Centros de los medios suficientes para poder llevar a cabo en las mejores condiciones posibles una formación de calidad en un ámbito tan relevante en nuestra Comunidad como es el agroforestal. (Javier Viñuela Serrano).
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que la práctica de las Administraciones Públicas, de cubrir puestos de trabajo estructurales mediante personal interino o temporal, es contaria a derecho.
¿Cómo está la situación?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) constata que la práctica habitual de las Administraciones Públicas de cubrir puestos de trabajo de cariz estructural mediante personal interino/temporal , cuando se debe al incumplimiento del deber de convocar las correspondientes ofertas de empleo, es contraria a la Directiva 1999/70/CE sobre el Trabajo de Duración Determinada.
Así mismo, constata que en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) no se han previsto mecanismos de protección del personal interino/temporal con el establecimiento de procedimientos para prevenir o sancionar adecuadamente las conductas abusivas en la contratación temporal, constituyendo un claro supuesto de transposición indebida de la Directiva al ordenamiento interno.
Por último, aclara que no es su competencia determinar cuál es la solución para sancionar el abuso en la contratación temporal y que corresponde, por lo tanto, a los órganos jurisdiccionales estatales, concretar los mecanismos de sanción, de acuerdo con el ordenamiento interno.
Ante estos pronunciamientos se abren dos frentes:
Por un lado, el judicial, no exento de polémica y de largo recorrido hasta llegar al Tribunal Supremo.
Por otro lado, el legislativo, para adaptar la Directiva al EBEP y para resolver el problema de temporalidad actual de las Administraciones Públicas si no queremos afrontar un alud de sanciones. Esta última será, verdaderamente, la solución colectiva al problema.
Centrándonos en esta última opción, es importante señalar que el TJUE indica que las convocatorias actuales de estabilización no constituyen un mecanismo adecuado para sancionar el abuso; lo que lleva a STACYL a ratificarse en la posición que hemos mantenido desde siempre: el acceso diferenciado mediante la convocatoria de verdaderos procesos extraordinarios de consolidación.
Por eso pensamos que ahora es el momento de comenzar una campaña para forzar la negociación, dentro del marco legal del EBEP, de los cambios legislativos pertinentes para sancionar el abuso en la temporalidad y para solucionar la situación actual de precariedad del personal temporal e interino. Se trata de abrir el camino a la realización de pruebas selectivas de consolidación, mediante concurso de méritos (artes 61.6 y 61.7 EBEP) o, como segunda opción, la convocatoria de procesos extraordinarios y garantistas de consolidación (Disposición Transitoria 4ª EBEP).
Por ello, STACYL demanda al Gobierno de la Nación:
La elaboración de una ley, en aplicación del artículo 61.6 del EBEP, para dar cobertura legal a todas las Administraciones Públicas para que puedan convocar sus concursos de méritos, específicos, para la consolidación del personal interino/temporal.
Alternativamente, la modificación de la Disposición Transitoria 4ª del EBEP, suprimiendo las referencia en las plazas vacantes a fecha de 2005 y la referencia al artículo 61.3 del EBEP, para flexibilizar las bases de las convocatorias de forma que puedan garantizar el objetivo de consolidación.
Un compromiso real en la reducción de la temporalidad mediante:
1. Modificación del artículo 10.4 del EBEP delimitando la duración máxima de los contratos de interinidad, continuos o sucesivos, y la sanción por el incumplimiento.
2. Aplicación del artículo 61.7 del EBEP convocando concursos de méritos para la consolidación del personal laboral.
A la Junta de Castilla y León demandamos:
Un compromiso real con la reducción de la temporalidad en la Administración Autonómica que se tiene que hacer explícito en la Conferencia Sectorial de Administración Pública.
Despliegue de los cambios legislativos estatales para facilitar las convocatorias de consolidación del personal interino/temporal.
Separación de las plazas vacantes procedentes de la tasa de reposición anual, que se proveerán por un proceso ordinario, del resto de vacantes que se hará mediante procesos extraordinarios de consolidación.
Un compromiso para evitar en el futuro la alta temporalidad.
El abandono de las malas prácticas en la contratación de personal interino/temporal.
Negociación de la dimensión real de las plantillas estructurales.
Negociación de la concreción del colectivo de personal interino y temporal a consolidar.
Negociación de las bases de las convocatorias extraordinarias de acceso diferenciado y por concurso de méritos.
Aplicación inmediata de estas bases a las ofertas de estabilización previstas en el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público, firmado por el gobierno del Partido Popular y los sindicatos CCOO, CSIF y UGT en 2017.
STECyL-i analiza lo que supone el Real Decreto de medidas urgentes en Educación.
El anuncio de la entrada en vigor de un nuevo Real Decreto por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la Educación no Universitaria, vuelve a poner de manifiesto la desconsideración que ejerce, prácticamente de forma continua, el Ministerio de Educación hacia el profesorado y sus representantes. Habiendo tenido una Mesa de negociación el lunes, día 28 -el día previo al anuncio de este nuevo Real Decreto- es impresentable que no se dijese nada. La mínima cortesía exige que se nos hubiese, al menos, informado, cuando no negociado los aspectos incluidos en esta nueva ley. Con todo ello demuestran un desprecio hacia las organizaciones sindicales representativas del profesorado impropio de un Ministerio que forma parte de un gobierno teóricamente progresista y de izquierdas.
El contenido del Real Decreto tampoco mejora las cosas. Varias son las novedades que nos llenan de preocupación, ya que se exime al profesorado que ocupe plazas derivadas directamente de las medidas necesarias para hacer frente a la pandemia de la COVID 19, de la formación pedagógica necesaria para impartir docencia (Máster de Educación, antiguo CAP, y equivalentes). Desde STEs entendemos que esta postura que degrada el trabajo docente, en la medida que establece que para ejercer esta profesión basta con tener los contenidos teóricos de la asignatura o área en la que se imparte docencia, pero sin tener ningún tipo de formación pedagógica; este sinsentido lo puede entender perfectamente la opinión pública: se puede ejercer la docencia sin tener conocimientos de pedagogía, didáctica, psicología, legislación escolar, etc. Si este asunto hubiese sido negociado con las organizaciones sindicales se podían haber acordado medidas excepcionales, como por ejemplo: asegurar unos cursos de formación pedagógica obligatoria organizados por las administraciones educativas a lo largo del año para todo este personal docente; pero ni siquiera esto.
Por otra parte, se prorroga el actual sistema de acceso transitorio a la función pública docente mediante el cual se hicieron las ofertas de empleo público docente de 2017 y 2018 que se ejecutaron en las oposiciones convocadas en 2018 y 2019. Es evidente la falta de voluntad política del Ministerio de Educación a la hora de abordar un asunto como es el acceso a la función pública docente, las ofertas de empleo público y su directa relación con la consolidación del empleo interino. El sistema de acceso que está prorrogando es el que puso en su día el gobierno del Partido Popular en 2017. Queremos recordar que en aquel momento la Confederación de STEs-i criticó esta medida del Gobierno de Rajoy y que entonces el PSOE, en la oposición política, se posicionó también en contra de este sistema, comprometiéndose a cambiarlo en el momento en el que estuviesen gobernando, incluso llegó a proponer medidas como suprimir el carácter eliminatorio de las pruebas que conforman la oposición; presentó una PNL en el Congreso de los Diputados, etc. Ahora continúan con el mismo sistema que criticaba hace tres años y que la Confederación de STEs-i También criticamos (entonces y ahora) porque no arregla el problema de decenas de miles de interinos e interinas que ven peligrar sus puestos de trabajo y que corren el peligro de quedar fuera del sistema educativo por mucho tiempo cuando no de forma definitiva.
Asimismo, se establece en el Real Decreto según lo anunciado tras el Consejo de Ministros, que se deja en manos de las administraciones educativas, es decir, de las Consejerías de Educación de las CC.AA., la posibilidad de modificar los criterios de evaluación, promoción y titulación. Se trata de una medida, tal y como está redactada, enormemente polémica. Seguramente que puede haber un consenso general a la hora de admitir que con motivo de la pandemia se flexibilicen (“abrir la mano” en términos coloquiales) todos los criterios que tienen que ver con la evaluación, la promoción y la obtención de títulos académicos. El problema está en que el Ministerio, haciendo otra vez gala de su falta de liderazgo, traslada a las CC.AA. una competencia que, en lo que estrictamente tiene que ver con la promoción y la titulación, es suya.Dejarlo en manos de las CC.AA. lo único que genera es una gran confusión normativa y una inseguridad jurídica enorme en un terreno tan sensible como es éste. Pensemos por un momento que en una comunidad autónoma el criterio a la hora de obtener el título de graduado en ESO o en Bachillerato es uno, y en otro territorio es otro; o que la repetición de curso en unos territorios se hace con un número de asignaturas suspensas y en otros territorios con un número mayor o menor… Ya a lo largo del curso pasado el Ministerio dictó indicaciones en este mismo sentido (entonces eran sólo recomendaciones que no se sustanciaron en una norma de ningún rango legal). En realidad, lo único que generó con aquello fue un lío monumental sin ningún efecto práctico, excepto la confusión que provocó en la opinión pública a la que se hizo creer que iba a haber una mayor flexibilidad en todo lo relativo a evaluación, promoción, etc. que luego no se sustentó en ninguna norma legal autonómica sino en el voluntarismo del profesorado. Nos tememos que ahora vuelva a pasar lo mismo.
Por último, se suprimen las evaluaciones finales de Primaria y ESO; y se hace no transitoriamente mientras dure la pandemia, sino con carácter permanente. En el caso de la ESO, al derogar con carácter permanente el artículo 29 de la LOE implicaría, según nuestra interpretación, la vuelta a la evaluación continua y el fin de la prueba final tanto ordinaria como extraordinaria (la que en unos territorios se hacía en junio y en otros en septiembre). Es la única buena noticia que trae este Real Decreto-Ley. Se pone fin, y con carácter permanente, a las pruebas finales de Primaria y ESO que siempre valoramos muy negativamente desde el punto de vista pedagógico. En el caso de la ESO era doblemente polémica por el hecho de que tuviese dos convocatorias anuales (ordinaria y extraordinaria) con lo que esto implicaba de introducción de elementos de complejidad organizativa en la vida de los centros.
Debemos empezar nuestro análisis desde la incredulidad por los cambios sufridos, motivados por la pandemia de COVID-19, que ha cambiado nuestro mundo de manera inimaginable.
Este curso seguimos en una complicada situación política con continuos enfrentamientos entre gobierno y oposición. Una oposición que utiliza la pandemia y la crisis que está provocando con fines partidistas y muy alejados de las necesidades reales de la población más vulnerable.
La situación económica deja en nuestro país un panorama desolador. Desde que se declarase la pandemia de COVID 19 y durante el segundo trimestre de este año se produjo un desplome de la actividad siendo el mayor de toda la UE. El Fondo Monetario Internacional pronostica para este año una caída en la actividad del 12,8%, que nos sitúa como farolillo rojo a la cola de la recuperación entre los países europeos. Las previsiones publicadas el martes 13 de octubre dejan además a España fuera de la mejoría de más de dos puntos que el organismo prevé para los países más desarrollados respecto a su análisis de junio. Informes de distintos organismos explican que se debe a unas medidas de confinamiento más duras que en la mayoría de países y a una economía muy dependiente de los sectores más golpeados por la pandemia, como el turismo, la hostelería, el ocio, el transporte y las actividades que requieren la interacción social.
El Banco de España ha empeorado sus previsiones económicas para nuestro país y ya descarta un “escenario de recuperación temprana” en el tercer trimestre y el cuarto de este año y prevé que la economía española registre una caída de entre el 10,5% y hasta el 12,6%, en el conjunto del año, en caso de materializarse la situación epidemiológica más desfavorable, al tiempo que empeora su pronóstico sobre el crecimiento de 2021, augurando un repunte de entre el 4,1% y el 7,3%.
Por lo que respecta a las cuentas públicas, estima que el déficit público registrará un fuerte aumento en 2020, situándose en el 10,8% y el 12,1% del PIB en cada uno de los dos escenarios considerados.
Por su parte, la deuda pública experimentaría en 2020 un aumento de más de 20 puntos en el escenario 1 y de unos 25 en el escenario 2, hasta situarse en el 116,8% y el 120,6% del PIB, respectivamente. Esta ratio continuaría aumentando en los dos años siguientes: entre el 115,4% y el 125,6% en 2021 y entre el 118% y el 128,7% en 2022, en función de cada escenario.
En sentido contrario, los recursos que España podría recibir del fondo europeo de recuperación suponen una oportunidad para mejorar significativamente las perspectivas de nuestra economía. El fondo europeo tiene como objetivo paliar las divergencias entre los distintos países europeos en términos del impacto de la crisis. En este sentido, España sería uno de los Estados miembros más beneficiados, dadas la severidad comparativamente mayor del impacto del Covid-19 sobre nuestra economía hasta la fecha y la probabilidad elevada de que las secuelas tengan un carácter más persistente.
Los nuevos brotes del virus que se están produciendo obligan a cerrar una vez más la economía. Y las ayudas europeas están encontrando dificultades en Bruselas para salir adelante. La idea de que el fondo de recuperación no esté listo para ser desembolsado en 2021 supondría un nuevo jarro de agua fría al tan ansiado repunte de la actividad.
El mercado laboral tampoco ofrece una imagen favorecedora. La tasa de desempleo en España quedará este año y el próximo en el 16,8%, casi dos puntos por encima de los datos que arrojó la Encuesta de Población de Activa en el segundo trimestre. Según los datos del FMI, España no podría recuperar su tasa de paro previa a la pandemia al menos hasta 2026. Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han logrado el efecto de contener la sangría del desempleo. En octubre hay 728.000 personas afectadas por ERTE, unos mecanismos de protección del empleo que el pasado abril llegaron a sumar 3,4 millones de trabajadores. Pero esta cifra previsiblemente va a aumentar con las nuevas soluciones que ofrece el decreto pactado el pasado mes de septiembre por el Gobierno y los agentes sociales.
La Organización Internacional del Trabajo estima que la reducción en todo el mundo de horas trabajadas en el segundo trimestre de 2020 respecto al último de 2019 equivale a la pérdida de 400 millones de empleos a tiempo completo. Las mujeres, especialmente las que trabajan en la economía informal, son las que más afectadas se han visto por los confinamientos decretados por las autoridades para frenar al coronavirus.
La pandemia nos ha puesto ante la tesitura de impulsar un cambio que avance hacia un proyecto ecosocial, justo y democrático o bien seguir la senda que nos lleva hacia el agotamiento de los recursos, la exclusión social y la vulneración de los derechos humanos. Avanzar en el proceso de descarbonización de la economía tiene que ir acompañado de medidas de transición justa para la clase trabajadora, lo que significa empleo más sostenible, estable y de calidad. No queremos las viejas recetas neoliberales vestidas de verde.
El ciclo para fomentar las reivindicaciones ha entrado en una fase nueva caracterizada por las dificultades para la acción colectiva debido a las restricciones que impone la pandemia. Aun así, se están produciendo movilizaciones laborales pese a la imposición de servicios mínimos que asfixian el ejercicio del derecho de huelga.
En el plano de nuestra CCAA, estamos en el segundo año de legislatura del gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos. Se han producido algunas dimisiones, como la del Consejero de Empleo Germán Barrios o la Directora General de Recursos Humanos Araceli Valdés. Las políticas desarrolladas durante la pandemia no han sido de confrontación con el gobierno estatal en el ámbito sanitario, aunque sí se ha dado un cierto seguidismo de los planteamientos del PP estatal en otras cuestiones.
A STECyL-i como sindicato que se define como autónomo, profundamente independiente de partidos y de la administración, no nos corresponde entrar en la batalla de la confrontación política, pero sí que nos tocará de nuevo trasladar a los grupos políticos nuestras reivindicaciones, entre las que habremos de priorizar la defensa de los servicios públicos y del empleo público, las propuestas de mejora de las condiciones laborales de aquellos a quienes representamos, la defensa de los derechos sociales y la profundización en los valores democráticos.
Y tal y como venimos reclamando, nuestra acción sindical en los próximos meses estará encaminada a impulsar y reclamar un compromiso presupuestario para incrementar la inversión en educación, en especial y prioritariamente la destinada a los Centros Públicos de las enseñanzas escolares y universitarias, que propicie el aumento progresivo del gasto público educativo hasta alcanzar el porcentaje del PIB medio de la OCDE. Porque estamos convencidos de que la inversión en educación es el mejor motor de salida de esta nueva crisis, para avanzar en la igualdad y progreso de la sociedad de Castilla y León. Se precisa corregir las carencias y garantizar el aumento de la calidad y equidad del sistema educativo que durante el confinamiento hemos visto que ha quedado muy tocado. La brecha social y digital existente en nuestra comunidad debe reducirse con un compromiso en recursos y medios económicos y personales. A la vez reclamaremos la conveniencia de buscar un amplio consenso social y político en materia de políticas educativas y que las reformas den estabilidad y contribuyan a la mejora de nuestro sistema educativo público.
En relación con el Ministerio de Educación y Formación Profesional consideramos que ha sido incapaz de avanzar en la negociación sindical. Durante el confinamiento ha actuado de forma totalmente unilateral y apenas ha convocado a la Mesa Sectorial y ha publicado normativas que no han sido negociadas con las organizaciones sindicales y que han culminado con la aprobación de un Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, ratificado en el Congreso el 15 de octubre.
La denominada ‘ley Celaá’ retomó su andadura en el Congreso el 22 de septiembre. A la vista de las enmiendas planteadas tanto por el PSOE-Unidas Podemos como por el Partido Popular va a tener un desarrollo parlamentario muy bronco en los temas ya conocidos.
Llevamos tiempo repitiendo que nos enfrentamos a una realidad que nos recuerda que no hay derechos definitivamente conseguidos y que para mantener los que ya tenemos necesitamos no rendirnos. Para no perder de vista que no podemos aceptar el recorte de los servicios públicos porque supone la desprotección de la mayoría de la población, que nos seguiremos oponiendo a esta campaña de desprestigio de lo público y de sus empleados y empleadas. Es útil hacer memoria para recordarnos lo ingente y difícil que es la tarea que tenemos por delante. De resistencia y de lucha por la restitución de derechos: queremos, una sociedad más justa, igualitaria y sin discriminaciones de ningún tipo y la queremos para todas las mujeres y hombres de nuestra comunidad.
