Eonomía de plataforma sin derechos laborales

STACyL VALLADOLID

Prácticas antisindicales y evasión fiscal

Varios estudios muestran que los trabajadores colaborativos reciben escasa remuneración, al menos en comparación con los ingresos habituales en los países industrializados (Felstiner, 2011; Bergvall-Kåreborn y Howcroft, 2014).

Perspectiva general

Cabe decir también que el 75 por ciento de los trabajadores colaborativos de los Estados Unidos gana menos que el salario mínimo federal por hora. De hecho, el bajo nivel de ingresos puede atribuirse en parte a la considerable cantidad de tiempo que los trabajadores dedican a realizar trabajos no remunerados como buscar encargos, realizar pruebas para obtener certificaciones e investigar a los clientes para garantizar que pueden confiar en que les pagarán. En una semana típica, los trabajadores realizaban un promedio de 24,8 horas de trabajo, de las cuales 18,6 horas se dedicaban a trabajo remunerado y 6,2 horas a trabajo no remunerado. Esto significa que por cada hora de trabajo remunerado, los trabajadores dedicaban 20 minutos a trabajo no remunerado.

En consecuencia, y dado el bajo nivel de remuneración, no resulta sorprendente que solo una pequeña proporción de los trabajadores afirme que realiza contribuciones a la seguridad social o a un fondo de pensiones. De un total de 56 por ciento de los trabajadores que declara que el trabajo colaborativo es su empleo principal, solo el 55 por ciento afirma que tiene acceso a cobertura sanitaria, y solo el 24 por ciento realiza contribuciones a un seguro de salud.

Las proporciones son aún más bajas en relación con las pensiones: solo el 25 por ciento de los trabajadores tiene acceso a un plan de pensiones, y solo el 15 por ciento hace contribuciones a un fondo de pensión. Hay variaciones regionales. Los trabajadores de Europa Occidental, por ejemplo, tienen una mejor cobertura que los de Europa del Este, Asia, África y América Latina (Rani y Furrer, de próxima publicación).

Muchos de los trabajadores de las plataformas no están afiliados a la seguridad social y no disponen de condiciones sanitarias adecuadas y de seguridad en el trabajo, a pesar de que estos derechos se consideran, derechos fundamentales y están consagrados en las legislaciones nacionales, en los Tratados, en la legislación europea y en las normas internacionales de la OIT. La crisis pandémica actual pone de manifiesto la importancia de la seguridad social en las sociedades democráticas, ya que estos sistemas han soportado las rentas de una parte importante de la población y, al mismo tiempo, quienes no están incluidos en dichos sistemas han sufrido un aumento de su vulnerabilidad social y sanitaria.

La complejidad de las plataformas, la ausencia de una terminología normalizada y la falta de información estadística dificultan las estimaciones sobre sus dimensiones y su crecimiento. La OCDE afirma que, en todos los estudios, el peso del trabajo en las plataformas respecto de la mano de obra total se sitúa en un porcentaje que oscila entre el 0,5 % y el 3 %. En un conjunto de dieciséis países europeos, apenas el 1,4 % de la población adulta entre 16 y 74 años tiene como principal actividad el trabajo en plataformas (varía desde el 0,6 % en Finlandia hasta el 2,7 % en los Países Bajos). Aproximadamente un 11 % de la población adulta ya ha prestado algún servicio en plataformas, lo que da idea del extraordinario nivel de rotación de personal.

En el trabajo de las plataformas existe una dimensión de género y una dimensión de edad. En general, los hombres predominan en los servicios relacionados con el desarrollo de software y la prestación de servicios de transporte; las mujeres dominan en las tareas relacionadas con la traducción y los servicios prestados en el sitio; los jóvenes están relativamente más sobrerrepresentados en las plataformas, sobre todo aquellos de los que más del 50 % de sus ingresos procede de las plataformas o que trabajan en ellas más de veinte horas por semana.

Un estudio realizado por la EU-OSHA indica que el trabajo en plataformas presenta mayores riesgos tanto desde físicos como sociales, como la inseguridad laboral, la exposición a riesgos diversos (accidentes de tráfico, productos químicos, etc.), riesgos específicos de la actividad en línea («ciberacoso», trastornos posturales, fatiga ocular y estrés derivado de varios factores). En la dimensión «relaciones sociales»: La flexibilidad y la fragmentación hacen que resulte muy difícil identificar, organizar y representar a los trabajadores que trabajan de forma no convencional. A ello se añade que el trabajo en plataformas es, por naturaleza, solitario, geográficamente disperso, con un alto grado de anonimato y un alto nivel de rotación de trabajadores, quienes compiten entre sí y trabajan también en otras plataformas. En general, las plataformas no asumen la función de empleador y no están afiliadas a las asociaciones de empresarios, lo que deja a sus trabajadores, a los sindicatos y a los responsables políticos sin un interlocutor con el que negociar.

El caso Amazon

No para de crecer, ni de ampliar los sectores en los que interviene, desde la producción propia, tanto de productos básicos, como videojuegos y cine para su plataforma Prime Vídeo, servicios informáticos en la nube, alimentación, incluida la fresca, servicios sanitarios, etc., llegando hasta tener sus propias plantas de energías renovables. Su objetivo es simplemente abarcarlo todo: una terrorífica distopía. Se ha convertido así, y de momento, en la tercera empresa más valiosa del mundo por capitalización bursátil.

Durante la pandemia, la cifra de ventas de Amazon ha aumentado un 37%, hasta los 386.064 millones de euros. El año anterior a la pandemia, Amazon ganó 13.976 millones de dólares y solo pagó 881, un 6,3% del total. Pese a ser el nuevo líder del comercio online en el Estado español, la cantidad de impuestos que Amazon paga a la  Hacienda española es ridícula: Más concretamente: de cada cien euros que Amazon gana en España, paga 0,1 céntimos en impuestos. Para ello usan un sistema de filiales cuyo cliente principal es Amazon. Mediante un sistema de ingeniería fiscal,  el total de ventas y los márgenes de beneficios obtenidos por la multinacional en España se desvían completamente a la sede de Luxemburgo, ya que este país ofrece toda una serie de ventajas para las rentas por royalties u otros derechos de marca. Gracias a ello en 2020 solo pagó un 7,08 de sus beneficios  mediante impuesto de sociedades.

La firma suele vigilar con mucha atención las acciones de los trabajadores que quieren sindicarse. En los últimos meses y con el agravante de la crisis del coronavirus, la multinacional está interfiriendo cada vez con mayor intensidad en los movimientos de sus empleados. El ejemplo más destacado es Estados Unidos. Allí, la compañía ha conseguido acabar con los principales sindicatos. De hecho, en marzo y en abril, durante los peores meses de la pandemia, se convocaron manifestaciones contra la compañía por despedir a un gran número de trabajadores que habían denunciado públicamente las condiciones tanto de seguridad como de salud en las que se encontraban. Esto llevo a su vicepresidente del Servicio de Computación en Nube, Tim Bray, a abandonar su cargo, consternado por el hecho de que Amazon hubiera despedido a trabajadores que lo único que hacían era alzar la voz ante su preocupación por la covid-19.

Aunque la situación en Europa es algo más favorable, los recelos de la compañía a que sus asalariados se unan para pedir derechos laborales siguen estando presentes. Recientementese han filtrado una serie de informes confidenciales del gigante tecnológico que revelan el continuo seguimiento de los movimientos de los trabajadores destinados a crear o a unirse a sindicatos. Y no solo a sindicatos, también a movimientos sociales o medioambientales. Estos documentos fueron elaborados por expertos de Inteligencia de Amazon que trabajan para Global Security Operations Center. Estos profesionales se dedican a monitorizar la actividad sindical y laboral de los trabajadores de Amazon en toda Europa. Este seguimiento llega al nivel de recopilar la actividad de losempleados en redes sociales.  Sindicatos de toda Europa han emitido una carta a la Comisión Europea solicitando una investigación al gigante tecnológico por estos supuestos casos de vigilancia.

El caso más impactante es el de Reino Unido, donde la empresa directamente amenazó con llevar a los tribunales al sindicato británico GMB por intentar acceder a las instalaciones de Amazon para conseguir afiliados.

En Polonia, la situación es similar. Allí el sindicato Iniciativa de Trabajadores denunció que la firma había aplicado medidas disciplinarias contra sus miembros. Una mujer, por el hecho de reclutar a sindicalistas en horas de trabajo, fue amonestada. En ese país también se ha producido una vigilancia «obsesiva» por parte de la firma. La multinacional contrató a detectives de la agencia Pinkerton, cuya empresa matriz es Securitas.

En Francia, el sindicato Solidaires también denunció las prácticas de Amazon que vulneraban los derechos de los trabajadores y reducían su protección frente a la covid-19. Los tribunales franceses obligaron a la empresa a aumentar los protocolos de seguridad laboral y sanitaria. 

Los almacenes españoles son objeto de vigilancia, igual que los de Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Polonia, Austria, la República Checa y Eslovaquia. Ahora mismo, la empresa tiene abierto un proceso de selección para antiguos “líderes militares” españoles, a los que enseña a convertirse en directores de operaciones.

En España, los sindicatos del almacén de San Fernando de Henares (Madrid) llevan años batallando para que no se les imponga el convenio sectorial, peor que el convenio de empresa que tuvieron hasta 2018. La firma comercial decidió introducir varios cambios en las condiciones laborales de la plantilla y aplicar un convenio provincial que suponía menos aumentos salariales, menos coberturas por baja laboral y discriminación salarial entre trabajadores. Por ello se convocó una huelga de 48 horas.. Amazon respondió pretendiendo que la policía entrara en el centro para sabotear la huelga.

En el aspecto medioambiental la era de las entregas instantáneas es también la de la huella sobre el futuro del planeta. Una entrega a la primera tiene un coste aproximado de 277 gramos de CO2 equivalente. Si la entrega es a la tercera, se supera el kilo. Sólo en una ciudad como Coruña, la empresa realiza 4.000 entregas diarias. Por último, la economía de escala de la compañía supone que sea más barato destruir que gestionar devoluciones. El canal francés canal M6 reveló en una investigación que la multinacional incinera o arroja a vertederos tres millones de objetos devueltos cada año. Por todo esto podemos decir que el comercio online, de forma contraria a lo que muchos pueden pensar, contribuye de forma enorme a la crisis climática. La enorme huella de carbono que genera Amazon alcanzó en 2018 casi 45 millones de toneladas de dióxido de carbono, similar a las que emiten países como Suecia, Ecuador o Bulgaria.

Sin duda Amazon es consciente de que cada vez es objeto de mayores críticas, sin embargo, sería de ingenuos pensar que esto va a cambiar su forma de actuar. Asi pues recurre a campañas de greenwashing, como la puesta en marcha de un sistema de donaciones contra el cambio climático con lo que se viste de verde y desculpabiliza a la clientela o campañas de socialwashing, como la actual campaña de donaciones “Un clic para el cole”, con la que la compañía dona parte del beneficio que obtiene de la venta de libros escolares a centros educativos adscritos, a la vez que se hace con ese mercado frente a las pequeñas papelerías de barrio. Así, Amazon aprovecha la falta de financiación de la educación, entre otras cosas, consecuencia de la baja tributación de grandes empresas como la compañía de Jeff Bezos.

El caso Glovo

El problema con Glovo es el modelo que está tratando de normalizar en la sociedad y la economía, aunque Glovo no es la única compañía que está “revolucionando” una industria, son parte de una tendencia global encabezada por Uber, Airbnb, Amazon Flex, WeWork y docenas más como ellos. Estas empresas forman parte de una nueva tendencia, en la que los trabajadores son contratados como autónomos en lugar de empleados, y son administrados por una aplicación en lugar de un jefe. Son parte de una nueva evolución del capitalismo que se ha convertido en la tendencia de negocios de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Allí, este tipo de “plataformas” funcionan en casi todos los sectores imaginables. Camioneros, servicios de limpieza, taxi, compras de comestibles y casi cualquier cosa que pueda imaginar ahora se hace usando estos servicios.

Estas empresas han encontrado un vacío legal que crea una dinámica de poder totalmente unilateral entre ellos y sus trabajadores. En los trabajos tradicionales, la fuerza laboral disfrutaba de una cierta cantidad de poder de negociación, un poder que fluía naturalmente de las cualidades fundamentales de las empresas que generaban su propio valor. Las industrias mejor sindicadas han sido aquellas en las que los empleados se congregaron en lugares específicos, se beneficiaron del recurso legal de las leyes de negociación colectiva y, lo que es más importante, compartieron fuertes lazos sociales fuera del lugar de trabajo que incentivaron el comportamiento cooperativo.

Glovo,y compañías de este tipo, han creado una situación en la que ninguno de esos factores existe. Se incentiva a competir unos contra otros a través de puntuaciones que dictan cuándo se puede trabajar y cuánto trabajo se tiene durante los turnos. Para empeorar las cosas, no hay un lugar de reunión central. Los compañeros de trabajo solo se encuentran en las áreas de espera de los restaurantes que no pueden hacer una hamburguesa en menos de una hora.

En Glovo, la mayoría no tienen otro trabajo al que recurrir, y algunos trabajadores llevaban desempleados años antes de convertirse en mensajeros. A nivel estatal, uno de cada cinco empleados de la economía digital había sufrido un largo período de desempleo.

Para Glovo y todas las demás empresas basadas en aplicaciones, casi no hay costes reales. Después de realizar la aplicación, Glovo solo necesita unas pocas ubicaciones físicas dispersas. Ha externalizado su fuerza de trabajo para evitar el pago de seguridad social, no posee motocicletas, bicicletas o automóviles, ni un gran edificio de oficinas. Glovo, en cierto sentido, no existe en el mundo real. Todos los gastos que una vez fueron asumidos por una empresa de entrega con una ubicación física y empleados remunerados, ahora son asumidos por la fuerza laboral contratada o por la sociedad en su conjunto. Si la bicicleta se rompe, es el trabajador quien debe pagar por arreglarla. Si un automóvil atropella a un trabajador, sin un seguro real, es el sistema sanitario público quien paga su atención. Si enferma o tiene un hijo, Glovo no tiene la responsabilidad de conceder un permiso retribuido. Glovo ha externalizado todos los gastos asociados con el traslado de alimentos de un lugar a otro, solo paga por su aplicación, sus servidores de datos y los pedidos completados. Todos los demás gastos se cargan en su fuerza laboral y en la sociedad. Pero las ganancias son solo para Glovo. 

¿Y ahora,qué?

Se ha anunciado hace escasas fechas por parte del Ministerio de Trabajo, dentro de la conocida como “Ley Rider” que las empresas de plataforma tendrán que hacer pública y dar toda la información necesaria a sus empleados sobre sus algoritmos, de acuerdo a la modificación del artículo 64 del ET: “El comité de empresa tendrá derecho a ser informado y consultado por el empresario sobre aquellas cuestiones que puedan afectar a los trabajadores, así como sobre la situación de la empresa y la evolución del empleo en la misma, en los términos previstos en este artículo”. La “Ley Rider” no regulará las plataformas ,sólo la laboralización de una parte de las trabajadores, mediante fórmulas matemáticas. El alcance de esta norma será para todas las plataformas, que también utilicen algoritmos y otras tecnologías para organizar el trabajo ,más allá de las que se dedican al reparto de comida. Actualmente, son algoritmos los que deciden el reparto de pedidos entre los riders, sus bonificaciones, penalizaciones y otros aspectos fundamentales de su trabajo sin que el empleado tenga conocimiento de cuáles son los motivos o fórmulas para ello. Todo esto llega gracias a quienes se han dejado el pellejo en huelgas, manifestaciones y más de 44 victorias judiciales, como muy bien se indica desde Riders x Derechos.Sin embargo, la norma se queda corta puesto que no ataca frontalmente el fraude de los falsos autónomos, que en España son más de 500.000.Y es que si no le paramos los pies a este modelo los derechos laborales desaparecerán tal como los conocemos: ni salario mínimo, ni vacaciones, jornadas sin máximo de horas como ocurría hace más de un siglo o pensiones de miseria. (Javier Rodríguez).

Fuente: Comisión Mundial sobre el futuro del Trabajo. OIT. «Policy responses to new forms of work. International governance of digital labour platforms» [Medidas de política para responder a las nuevas formas de trabajo: gobernanza internacional de las plataformas de trabajo digitales], abril de 2019.

Fuente: CESE (Comité Económico y Social Europeo)

Fuente: Publico.es (El lado oscuro de los derechos laborales de Amazon que no se ve en el ‘Black Friday’)

Fuente: Amnistía Internacional: Informe “Amazon.Let Workers Unionize”

Fuente: elsaltodiario.com(Amazon paga menos de un 8% de impuesto de beneficios en todo el mundo)

Fuente: elsaltodiario.com(Amazon ha puesto en venta el planeta Tierra)

Fuente: elsaltodiario.com(Día sin compras para frenar al monstruo)

Fuente: elsaltodiario.com(Tres meses infiltrado en Glovo)

No es el cartel

STE SALAMANCA

El pasado 12 de febrero, con motivo de la inminente campaña de matriculación escolar, las AMPAs de los centros de educación públicos salmantinos, representadas por FEDAMPA, solicitaron permiso a la Dirección Provincial de Educación de Salamanca para instalar estos carteles en el exterior de sus centros, con el consentimiento del propio centro

Pancarta de la polémica

La respuesta llegó pronto vía telefónica el día 15: NO se pueden colocar estos carteles en el exterior de los centros. ¿La razón? Una clarísima normativa, que no debía ser tan clara cuando las autoridades competentes hubieron de elevar la solicitud a los Servicios Jurídicos de la Junta para obtener una respuesta por escrito, con una base jurídica de interpretación dudosa cuando menos, apoyada por tres sentencias del Tribunal Constitucional y otra del Tribunal Supremo, dos de ellas de casos de terrorismo, una de asesinato y una cuarta acerca del “Procés” catalán. Las comparaciones son odiosas, y algunas, incluso, deleznables. 

Hay más en esa respuesta escrita: acusa a las AMPAs de defender intereses “particulares”. Esto nos deja claro -por si todavía alguien tenía alguna duda- que para ellos, la educación pública es un interés “particular”, confundiendo el carácter jurídico de las AMPAs con la finalidad de las mismas. Somos entidades privadas, pero no por gusto, sino porque estamos en un limbo todavía no resuelto, y probablemente ese sea el gran problema que subyace.

Y es que la indignación de las familias no es por un cartel, ni tampoco es específicamente contra la Dirección Provincial de Salamanca ni contra su director provincial, al que consideramos una persona dialogante y trabajadora, que imaginamos tendrá que barajar presiones de arriba y también de abajo.  Pues no: no es porque no dejen a las familias poner un cartel que defiende lo que debieran defender ellos como Administración Pública y sentirse orgullosos. Ni porque les avisáramos en mayo de que en septiembre tendrían que tenerlo todo preparado y no lo tuvieron; ni porque no lo vayan a tener para el septiembre próximo -por si tienen dudas, la Consejería de Educación ya sabe que en septiembre no va a haber COVID, porque piensan iniciar el curso (contrataciones, matrículas) como uno más-; ni porque decidieran unilateralmente adelantar las fechas de matriculación para no aplicar la LOMLOE, perjudicando a los centros públicos; ni porque  este curso hayan adelantado  también las fechas para la elección de directores de centro con el mismo fin. Tampoco porque Castilla y León tenga una de las EBAU más complicadas de todo el territorio nacional, complicando el acceso a la universidad a nuestros hijos; ni porque tengan la intención de sustituir las cocinas in situ por “línea fría”; ni porque, por sistema, tarden diez o quince días en sustituir profesores; ni siquiera porque a los centros concertados les permitan casi todo lo que a la pública le está vetado,  y este es un caso más que evidente, aunque no el único ni el más grave.

Tampoco es porque, cuando llegó la pandemia, saltaran todas las costuras del sistema educativo y se vieran sus muchas deficiencias, desvelando, más claramente que nunca, que los padres y madres son también profesores, cuidadores, monitores de actividades, encargados de comedor, pedagogos terapéuticos, enfermeros y hasta personal de administración y servicios. Y decimos “desvelando”, porque LAS FAMILIAS llevan siendo todo esto y más desde el principio de la edad escolar de nuestros hijos e hijas.            

Por otro lado, si la escuela está derrotando a esta crisis es precisamente porque familias, equipos directivos, profesores, alumnos y personal de la Administración, han demostrado que están unidos más allá de las discrepancias y las dificultades, y desde luego hay que agradecer a todos su cooperación y mucho esfuerzo para que nuestros centros funcionen, y funcionen bien. Porque la escuela pública es patrimonio de todas las personas y familias, absolutamente de todas, incluidas de las que ahora están en la escuela concertada: es un bien común, no un interés privado ni particular, ni siquiera de un colectivo específico.

Las AMPAs no son unas entidades privadas cualesquiera; su existencia está íntima y exclusivamente ligada a los centros educativos a los que pertenecen y es la propia Ley Orgánica de Educación la que las incluye en el órgano superior de gobierno de estos centros, es decir, en el Consejo Escolar. Es más: es esa ley de educación la que insta a las administraciones educativas a fomentar “la participación de alumnado, profesorado, familias y personal de administración y servicios en los centros educativos” y también que “A fin  de  hacer  efectiva  la  corresponsabilidad entre  el profesorado  y  las  familias  en  la  educación  de  sus  hijos,  las Administraciones educativas  adoptarán  medidas  que promuevan e incentiven la colaboración efectiva entre la familia y la escuela” (LOMLOE, art. 18.3 y 4), idea presente tanto en la LOMLOE como en la LOMCE. Hasta en 35 ocasiones aparece la palabra “familia” en la Ley Orgánica Educativa. En el preámbulo de la LOE encontramos frases como esta: “Las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros docentes”; En el artículo 119.4, “Los  padres   y   los   alumnos  y   alumnas   podrán   participar  también   en   el   funcionamiento de los centros a través de sus asociaciones. Las Administraciones educativas favorecerán la información y la formación dirigida a ellos.”; el RD 1533/1986, la ORDEN de 20 de julio de 1995…  Y podríamos seguir hasta el infinito enumerando artículos y normativas completas que así lo señalan.

Entonces… ¿Cuál es el motivo?

El motivo de nuestra indignación es, prioritariamente, el incumplimiento de estas leyes y normas por parte de la administración de la Junta de Castilla y León. Aunque existen unos supuestos foros donde las familias podemos ser oídas, como el Consejo Escolar de Castilla y León, o las diferentes Comisiones provinciales de Escolarización, Transportes o Comedores, la realidad es que son meras formalidades para cubrir el expediente y “lavarse la cara” al respecto, pues las decisiones relevantes -y las no tan relevantes- ya las ha adoptado la Administración sin consultar más que a sí misma. Se trata de impedir a las familias que participen en la elección de los directores de los centros; pintan poco o nada en la elección del sistema pedagógico; no pueden participar ni en la elección del tipo de comedor que atenderá a sus hijos e hijas; no pueden decidir sobre cuáles son las prioridades en materiales, instalaciones o las obras que son más necesarias…  Nos tenemos que conformar con organizar actividades extraescolares o colaborar con los Planes Releo, e incluso ayudar económicamente en la adquisición de materiales o en reparaciones -para eso venimos muy bien- y dar las gracias si resuelven algún problema.

Lo que las familias quieren es que la participación y la corresponsabilidad a la que obliga la legislación educativa se haga realidad y, que no se queden en mera apariencia ¿Y cómo? Instrumentos ya existen, pero ¿cómo afirmar que la administración cumple con su obligación de fomentarlos y ponerlos a funcionar cuando NI SIQUIERA PERMITE A LAS FAMILIAS FORMENTAR LA ESCUELA PÚBLICA?

 Tenemos a nivel provincial, por ejemplo, una Comisión de Participación Educativa que es actualmente una mera formalidad para cubrir un expediente, en la que supuestamente nos encontramos administración, familias, profesorado y alumnos. Es fácil. Dótenla de contenido y pónganla en marcha con intención de sacar algo positivo de ella.

El otro motivo es el apoyo descarado y cada vez menos disimulado de la Administración de la Junta a la educación privada concertada frente a la pública. Y esto lo revelan los datos tanto de número de alumnos como de carácter económico. Cada vez hay más centros públicos vacíos o “centros guetto”, y la concertada cada vez más llena. Si los “gestores” de lo público aplicaran a sí mismos ese raciocinio economicista con el que tanto gustan argumentar, debieran ser despedidos de inmediato por los nefastos resultados de la “empresa” que manejan.

Y nos queda el por qué y es simple: porque no interesa. En vez de fomentar la escuela de cercanía y la inclusión, fomentan la segregación y la competencia, incluso entre los propios centros públicos. Nos venden que esta competencia exacerbada redunda en una mejor calidad, pero no es cierto. La colaboración, el trabajo en equipo, la solidaridad, la creación, en definitiva, de más SOCIEDAD es lo que nos hace mejores personas y más competentes, y no el ser más “competidores”. Pero una sociedad organizada, colaborativa, crítica y formada por ciudadanos conscientes es incómoda para cualquier gobernante mediocre, que confunde autoridad con autoritarismo.En definitiva, para estructurar la participación de las familias en la educación existen las AMPAs, sí, pero hay que otorgarles una consideración diferente, ponerlas en valor y conferirles las atribuciones para las que realmente se crearon, porque las familias forman parte de la Comunidad Educativa, y no por capricho de nadie, sino porque lo dice LA LEY, así que justo es que, como parte de del sistema educativo, participen de él y en él. Pónganse a la labor, señores políticos de la Junta de Castilla y León.

Editorial

Editorial

Un curso para llegar a un acuerdo que mejore las condiciones de trabajo del profesorado 

STECyL-i reivindica para este nuevo curso una verdadera voluntad negociadora a la Consejería de Educación. Este curso seguiremos insistiendo ante la Consejería pidiéndole voluntad y compromiso negociador para la recuperación de derechos.

Avanzar en la recuperación de derechos retributivos, reducir la carga lectiva del profesorado, mejorar y aumentar las plantillas, disminuir la precariedad y las elevadas tasas de interinidad, reducir las ratios, poner coto a la creciente burocratización de la tarea docente, dotar al profesorado de tiempo para su formación permanente y mejorar las sustituciones del profesorado y los permisos y licencias. Es tiempo ya de revertir los recortes.

Aspectos básicos del posible Acuerdo:

  • l Equiparación retributiva:

El acuerdo debe contemplar la equiparación de las retribuciones del profesorado de Castilla y León con la media del resto de las CCAA para salir de los puestos de cola. No sólo por justicia. La recuperación económica no se va a conseguir con salarios bajos ni con precariedad laboral.

Tal y como venimos denunciando, en 2010, se impuso un profundo recorte de salarios para el personal empleado público (-5,5% para Maestros y para PTFP, y algo más del 7% para Secundaria). Entre 2011-2015 nuestras retribuciones han permanecido congeladas. Y éstas aumentaron respectivamente un 1% en 2016 y 2017 y el 1,50/1,75 en 2018.

Desde diciembre de 2009 hasta diciembre de 2018 el IPC ha acumulado un 11,8% de incremento (2010, 3,0%; 2011, 2,4%; 2012, 2,9%; 2013, 0,3%; 2014, -1,0%, 2015, 0,0%, 2016, 1,6%, 2017, 1,1% y 2018 1,2%).

Es decir, que en términos de IPC entre 2010-2018 hemos perdido más del 15%. Todo ello fruto de la evolución salarial y de la subida acumulada del IPC en este periodo. Y además es significativo que todavía en diciembre del 2018 seguíamos con un sueldo más bajo que en 2009 en todos los Cuerpos.

A pesar de los recortes sufridos, del aumento de ratios, del incremento de nuestro horario, de la pérdida de poder adquisitivo acumulada, en fin, de trabajar en peores condiciones, las y los docentes hemos seguido desarrollando nuestro trabajo, con más implicación si cabe, con un salario muy inferior. Desde STECyL-i exigimos cobrar como la media de lo que cobran los docentes de toda España, entendemos que es una demanda razonable con la que la Consejera de Educación estará de acuerdo.

  • 2 Reducción del horario lectivo

La imposición en 2012 de las 25 horas lectivas en Primaria y 20 horas lectivas en secundaria y resto de cuerpos ha dificultado muy seriamente las condiciones laborales, porque con más horas lectivas, con más alumnos y alumnas por aula es muy difícil atender a la diversidad del alumnado y a la individualidad de cada uno de los alumnos que se necesita en el sistema educativo.

En Castilla y León los horarios de docencia directa, especialmente en los Centros de Secundaria, sufren nuevas vueltas de tuerca y muchos cierran a 20 y 21 periodos, sin la primera guardia contada como lectiva y en Formación Profesional superan estas cifras.

Exigimos de nuevo la aplicación de la reducción del horario lectivo a 23 horas en Primaria y 17 en secundaria. El profesorado de Castilla y León merece también la mejora de sus condiciones laborales, negociando una reducción del horario lectivo para todo el profesorado para mejorar la calidad educativa de nuestra comunidad.

Las plantillas de nuestra comunidad están muy envejecidas por lo que pedimos la reducción del horario lectivo para mayores de 55 años (sin reducción de retribuciones) que podrán dedicar ese tiempo a otras actividades muy necesarias en nuestros centros.

  • 3 Reducción de las ratios del alumnado

Una educación de calidad se consigue con profesorado motivado y que puede dedicar toda su atención a un número adecuado de alumnos y alumnas cada vez más diverso: 15 alumnos/as por aula en Infantil y Primaria y 20 alumnos/as por aula en EEMM.

Las ratios marcadas en la LOMCE pueden ser incrementadas hasta en un 10% por alumnado de incorporación tardía, lo que implica que se puede empezar el curso con estas ratios y continuar con 27, 33 y 38 respectivamente.

Especialmente complicado se hace trabajar con unas ratios tan elevadas en las materias comunes de los cursos de bachillerato, sobre todo cuando se trata del alumnado de 2º de bachillerato que acudirá a la EBAU.

Estas ratios son muy superiores a las adecuadas para garantizar la atención a la diversidad. Sobre el número de alumnos por grupo en secundaria, el artículo 4 de la Orden de implantación de la ESO (EDU/362/2015), habla sólo de reducir el número máximo de 30 alumnos a 28 cuando hay un ACNEE y a 25 cuando hay dos ACNEEs. Los ANCEs (alumnado con necesidades de compensación educativa) no los menciona para limitar el número máximo de alumnos por aula. Es decir, que desgraciamente no se cuentan.

En la Educación Infantil y Primaria no se contempla esta reducción de la ratio cuando hay alumnado ACNEE o ANCE por lo que las maestras y maestros mantienen grupos con ratios muy elevadas a pesar de tener una gran diversidad de alumnado.

Con el Plan de Atención a la diversidad se decía que esto se debería tener en cuenta, pero no se ha cambiado nada.

STECyL-i viene reclamando desde hace mucho que se necesitan medios suficientes si se quiere avanzar en la atención a la diversidad del alumnado desde planteamientos inclusivos. Considera STECyL que hay que rebajar las ratios generales en nuestras aulas, que se precisa reducir y limitar el número de alumnos/asen las aulas que atienden a alumnado ACNEE y ANCEE en el segundo ciclo de Infantil, en Primaria y en la ESO y el número máximo de este tipo de alumnado en cada grupo, que se necesitan medios humanos suficientes para una atención más personalizada: Profesorado de Apoyo – PT, AL, Compensatoria – , de Orientación Educativa y Servicios a la Comunidad, así como garantizar plantillas suficientes para desdobles, refuerzos, recuperaciones y profundizaciones. Además, se precisan más recursos y tiempos para la formación permanente del profesorado en atención a la diversidad.

Por todo ello la acción sindical STECyL-i durante este curso mirará de nuevo a Madrid y a nuestra Comunidad pidiendo cambios en la normativa estatal que permitan revertir los recortes y dejar atrás a la LOMCE.

En el plano estatal STECyL-i vuelve a reivindicar en este comienzo de curso al parlamento que se forme tras las elecciones del 10 de noviembre y al gobierno de la Junta de Castilla y León altura de miras ante el necesario consenso sobre las políticas educativas y la recuperación del presupuesto educativo. Seguiremos reclamando que se derogue la LOMCE y voluntad para plantear alternativas y construir un modelo educativo comprometido con la escuela pública, desde el máximo consenso social y político. Que se abra un marco de diálogo político y social plural para acordar las mejoras estratégicas y la estabilidad de nuestro sistema educativo, desde un modelo inclusivo, comprometido con la enseñanza pública, buscando la complicidad e ilusión de los profesionales, y contando con los demás sectores de la comunicad educativa. Además seguiremos insistiendo en que se precisan acuerdos para la recuperación del gasto público educativo, intensamente recortado entre 2009-2018 .

En nuestra comunidad autónoma STECyL-i en este curso reclama nuevamente a la Consejera de Educación y a la Junta voluntad negociadora y compromisos presupuestarios para alcanzar acuerdos que fijen políticas en un futuro cercano. Acuerdos que permitan recuperar derechos laborales y retributivos, reducir la carga lectiva del profesorado, aumentar las plantillas recortadas, disminuir la precariedad y las elevadas tasas de interinidad, fomentar el apoyo al trabajo docente en equipo, poner coto a la creciente burocratización de su tarea y dotar al profesorado de tiempo para su formación permanente. Además, queremos avanzar y comprometer medios suficientes para el plan de atención a la diversidad del alumnado y para poner fin a la guetización de centros; favorecer la dotación de recursos colectivos a los centros (libros, dispositivos de las nuevas tecnologías); contar con los centros y el profesorado para alumbrar medidas para reducir el fracaso y el abandono escolar en FP y Bachillerato, mantener y mejorar la actual oferta educativa pública de secundaria en el medio rural, así como seguir reclamando negociación y recursos para la mejora de las enseñanzas de los idiomas extranjeros, así como la negociación del modelo de Secciones Bilingües.

Ya no existe la excusa de la legislación estatal que impide y encorseta la negociación. Es necesario llegar a un acuerdo que permita la mejora de condiciones laborales y retributivas para poder en 2019/20 hacer efectivos estos avances.